Moody’s, esa tía estricta de los mercados financieros, o esa vieja metiche, dirán algunos, una vez más nos baja la calificación a Ca, un grado que en el mundo de los negocios significa que vamos camino al default. O como quien dice, “a un pasito de la suspensión de pagos, pero con estilacho”: modo pechito de bronce, puño en alto, mirada de trovador de guitarreada de izquierda y pasito de llamerada rumbo al abismo económico.

Moody’s advierte, con la delicadeza de un elefante en una cristalería, que las reservas internacionales líquidas de Bolivia se han desplomado a unos modestos 50 millones de dólares. Sí, cincuenta. Apenas lo suficiente para pagar una semana de importación de combustibles. Además, el propio Gobierno ha informado que pondrán en empeño 18 toneladas de oro de las reservas internacionales. Es decir, las últimas joyas de la awicha irán a parar a alguna esquina del mercado financiero… pero, por supuesto, a un precio más bajo que su valor actual. Todo aquel que alguna vez, por necesidad, tuvo que empeñar su anillo de bodas, sabe que jamás te lo pagan al precio original.

Pero la mayoría de los bolivianos sabemos que esta situación de apuro no es de ahora; la venimos labrando desde hace mucho tiempo. Es el resultado predecible de una década persistentes, de déficits fiscales, más gastos que ingresos, del 7,3% del PIB, déficits de cuenta corriente, importaciones mayores a exportaciones, del 2,6% del PIB, y una política energética que consistió en vender gas… hasta que ya no hubo gas. Las ventas externas de este hidrocarburo bajaron de 6.500 millones de dólares en 2014 a 1.500 millones en la actualidad. Por casi una década no se invirtió en el sector.

Así mismo, con menos dólares en el bolsillo, seguimos importando el 50% de la gasolina que consumimos y más del 80% del diésel que usamos. Compramos un combustible caro y lo vendemos barato en el mercado local. Todo esto gestionado con la rigurosidad de un adolescente que, con sus primeros sueldos, gasta sin mirar ingresos y niega que el dinero se haya acabado. En realidad, ¿dinero? ¿Qué es eso? Los revolucionarios de alta alcurnia no hablamos de plata.

Pero lo más notable de este sainete económico no es la magnitud de la crisis, sino el esfuerzo casi poético y patético del oficialismo por negar que exista. Como si la inflación del 14,6%, de marzo 2024 a marzo 2025, fuera un fenómeno climático. Como si el incremento de precios de los alimentos, del 25% anual, fuera una conspiración de los astros. Como si el tipo de cambio paralelo no fuera más que un chisme de peluquería. Dicen las malas lenguas que el dólar ya cuesta más de 13 Bs en la Camacho Street. Como si las filas para conseguir diésel y gasolina fueran el nuevo pasatiempo de los bolivianos que no tienen nada que hacer. Como si las cifras, pobres criaturas, mintieran.

Por eso no sería extraño que el próximo paso gubernamental sea más audaz: meter presos a los datos. Porque claro, si los números no cooperan con el relato oficial, entonces hay que enjuiciarlos por sedición estadística.

En una jornada histórica para la jurisprudencia macroeconómica, el país entero amaneció con una serie de órdenes de aprehensión emitidas por el Tribunal Supremo de la Desaceleración. Las autoridades, cansadas de la impunidad de ciertos indicadores, decidieron actuar con mano dura y poner en cintura a los verdaderos culpables del desastre económico nacional.

El primero en caer fue el PIB, acusado de desacato reiterado. “Se le ordenó crecer y no lo hizo”, declaró la fiscalía. El Producto Interno Bruto fue capturado en una conferencia de prensa intentando aparentar optimismo, pero las cifras lo delataron. Será procesado por estancamiento con agravantes.

Horas más tarde, la balanza de pagos fue detenida en el aeropuerto, en posesión de un pasaje solo de ida y varias maletas llenas de déficit. Se la acusa de tentativa de fuga y conspiración contra la estabilidad. Su abogado, un tipo de cambio nervioso, también fue aprehendido en calidad de testigo, aunque luego fue imputado por doble cotización y relaciones peligrosas con el mercado negro.

El déficit fiscal, por su parte, fue arrestado en plena protesta. Se lo halló incitando al gasto público desmedido y generando disturbios contables.

La inflación, vestida de gala como para una fiesta, fue capturada en un supermercado tras atacar con violencia el bolsillo de una madre de familia. Será procesada por asalto armado, lesiones al salario mínimo y daño psicológico al consumidor.

La deuda externa, con antecedentes por intereses usurarios y asociación delictuosa con acreedores multilaterales, fue encontrada en una suite de hotel, con pasaporte sellado y contratos firmados en letra pequeña.

Mientras tanto, la inversión privada nacional, que había sido declarada en paradero desconocido desde hace años, fue localizada en el aeropuerto, lista para abordar un vuelo a Paraguay. Se la acusa de abandono del territorio y fraude a las expectativas.

Finalmente, el salario real fue encontrado deambulando por las calles, visiblemente disminuido y sin poder adquisitivo. Será sometido a peritaje psicológico, ya que no recuerda su última alza y parece sufrir de estrés inflacionario crónico.

Y sin embargo, nada debería sorprendernos. En este país, donde los análisis económicos se confunden con los guiones de una telenovela judicial y los analistas son tratados como sospechosos por atreverse a describir lo que ven y evaluar lo que ocurre, la lógica ha sido desterrada, el respeto por la dignidad de las personas pisoteado, y el derecho a pensar diferente convertido en delito no tipificado. En ese contexto, el pensamiento crítico no solo incomoda: se convierte en prueba de cargo. Y la verdad, esa obstinada costumbre de los que aún creen en la razón, camina sola y sin escolta, pero no se rinde.

Ya no vivimos en un Estado de derecho, sino en un estado de relato. Uno donde la narrativa oficial no se ajusta a los hechos… sino que los hechos deben ajustarse a la narrativa. Porque claro, cuando la realidad no coopera, lo más lógico es meterla presa.

Y así, en el país de las maravillas, donde los conejos tienen uniforme, el espejo retrovisor está prohibido y los economistas somos tratados como herejes, ya nada es improbable. Menos aún después de la infamia del Gabinete Civil del Golpe Fallido, presentado con solemnidad en el último documental del Ministerio de la Inquisición. Todo es posible. Hasta que las cifras económicas terminen en Chonchocoro.