Bolivia está entrando silenciosamente en una de las transiciones económicas más importantes de las próximas décadas. Durante años construimos nuestro sistema eléctrico bajo una premisa que parecía incuestionable: teníamos abundante gas natural y resultaba lógico utilizarlo para generar electricidad. Esa realidad cambió. Hoy la producción gasífera cae aceleradamente mientras casi dos tercios de nuestra electricidad todavía dependen de centrales termoeléctricas. Si no actuamos a tiempo, la escasez de gas podría convertirse también en una crisis eléctrica.
Las cifras son preocupantes. En 2025 el Sistema Interconectado Nacional produjo unos 11.796 GWh, de los cuales cerca del 63% provino de generación termoeléctrica, predominantemente a gas. La hidroelectricidad aportó alrededor del 28%, mientras solar, eólica y biomasa siguen siendo marginales. De los 3.531 MW de capacidad efectiva, unos 2.374 MW corresponden a centrales térmicas. Nuestra seguridad eléctrica depende, por tanto, de un recurso cuya producción disminuye.
Bolivia llegó a producir 59,3 millones de metros cúbicos diarios (MMm³/d) de gas en 2014; en 2025 produjo apenas 27,3 MMm³/d, una caída cercana al 54% en once años. Según las proyecciones de reservas probadas de YPFB, sin nuevos descubrimientos la producción podría bajar a 18 MMm³/d en 2029 y a 12,4 MMm³/d en 2032. El peligro no está en consumir el último metro cúbico: la crisis llegará antes, cuando la producción resulte insuficiente para atender simultáneamente electricidad, industrias, hogares y GNV. En pocas palabras tenemos gas para 6 años más, ósea hasta 2032.
¿Qué ocurriría si seguimos dependiendo de las termoeléctricas? Con una demanda creciente de 3% anual, hacia 2032 se necesitarían unos 14.500 GWh; manteniendo la participación térmica actual, habría que generar 9.100 GWh con gas, es decir, entre 5 y 6 MMm³/d, cuando toda la producción nacional podría reducirse a 12–13 MMm³/d. Las alternativas serían muy costosas: quitar gas a la industria, importarlo, importar electricidad o racionar. Importar entre 4 y 6 MMm³/d, a un precio equivalente a US$10/MMBtu, costaría entre US$500 y US$800 millones anuales, e incluso más de US$1.000 millones con precios mayores. Para una economía con serias restricciones fiscales y de divisas, tal dependencia sería extremadamente peligrosa.
Existe una alternativa más racional: anticiparse. Bolivia dispone de extraordinarios recursos solares, eólicos e hidroeléctricos y ya cuenta con termoeléctricas suficientes para respaldar una matriz con elevada participación renovable. No se trata de desmantelar las turbinas de gas, sino de cambiar su función: dejar de usarlas como generación de base y reservarlas para horas punta, períodos sin sol o viento, sequías y emergencias.
Un escenario razonable hacia 2032 incorporaría unos 1.200 MW de energía solar, 700 MW eólicos, 500 MW hidroeléctricos de proyectos en desarrollo y entre 600 y 800 MW de baterías, junto con nuevas líneas de transmisión, subestaciones y sistemas de control. Así, el 75–80% de la electricidad sería renovable y la generación térmica bajaría al 20–25%. Reducir el consumo eléctrico de gas de 5–6 a unos 2 MMm³/d liberaría 3–4 MMm³ diarios para otros usos: prácticamente una nueva reserva energética sin perforar un solo pozo.
La inversión necesaria rondaría entre US$4.000 y US$5.000 millones en seis años. Parece mucho, pero debe compararse con el costo de no hacerlo: importar US$500–800 millones anuales durante una década significaría desembolsar entre US$5.000 y US$8.000 millones sin construir activos equivalentes. El combustible importado desaparece al quemarse; una planta solar o eólica produce durante 25 o 30 años, y una hidroeléctrica durante décadas.
Tampoco hace falta financiar todo con recursos públicos, lo cual sería poco razonable dadas las restricciones fiscales. El Estado debería concentrarse en la transmisión troncal, la estabilidad del sistema, la electrificación rural, las hidroeléctricas estratégicas y la seguridad energética, mientras la nueva generación solar, eólica y de almacenamiento se financia con inversión privada nacional y extranjera, complementada por el BID, el Banco Mundial, la CAF y fondos climáticos. Un programa de US$4.500 millones podría movilizar, por ejemplo, US$2.000–2.500 millones privados, US$1.000–1.500 millones multilaterales y US$500–1.000 millones de inversión pública estratégica. Son estimaciones ilustrativas, pero muestran que la transformación no obliga a endeudar al Tesoro por esa suma.
Para atraer esos capitales Bolivia necesita seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, contratos de compra de energía de largo plazo, acceso transparente a la red, regulación técnica independiente y mecanismos confiables de solución de controversias. Las subastas competitivas serían una herramienta fundamental: el Estado define cuántos MW necesita y empresas nacionales y extranjeras compiten por ofrecer electricidad al menor precio mediante contratos de 20 o 25 años, financiando, construyendo y operando las centrales. El nuevo proyecto de Ley de Electricidad enviado al Legislativo puede ser una oportunidad decisiva si establece reglas suficientemente confiables.
La transición tampoco implica abandonar la exploración de hidrocarburos. Bolivia debe seguir buscando gas, pero su seguridad energética no puede depender de la esperanza de hallar otro megacampo: la planificación responsable debe funcionar aunque ese descubrimiento no ocurra. Si aparece nuevo gas, será una gran ventaja y podrá destinarse a la industria, la petroquímica, el respaldo eléctrico o la exportación, en lugar de quemarse rutinariamente para generar electricidad. El propio Plan Eléctrico Referencial 2035 proyecta superar el 75% de generación renovable desde 2033; el desafío no es decidir si transformar la matriz, sino hacerlo con suficiente rapidez y financiarla.
Bolivia todavía tiene una ventana para hacerlo ordenadamente, pero se cierra rápido. Que la producción pueda caer de 27,3 MMm³/d en 2025 a apenas 12,4 MMm³/d en 2032 debería ser una advertencia nacional. Prepararse significa acelerar las inversiones en solar, eólica, hidroeléctrica, baterías y transmisión; atraer inversión privada y financiamiento multilateral; seguir explorando; conservar las termoeléctricas como respaldo y fortalecer las interconexiones internacionales. Actuar costaría US$4.000–5.000 millones; no hacerlo podría costar más y de forma permanente: cientos de millones de dólares anuales en importaciones, pérdida de divisas, dependencia energética y, en el peor escenario, racionamientos.
El recurso que Bolivia está perdiendo no es solamente el gas: es el tiempo para sustituirlo ordenadamente.
