La tragedia del COVID-19 vuelve a abrir heridas en La Paz. En el Cementerio General, la administración tuvo que abrir 80 sepulturas en un intento por dar con los cuerpos de dos personas fallecidas en 2020 que, inexplicablemente, no se encuentran en los nichos que llevan sus nombres.
“Ya se han abierto 80 sepulturas y hoy se abrirán siete más. Ya no habría razón de abrir otras sepulturas porque la funeraria debe aclarar si, efectivamente, trasladaba los cajones ese día”, explicó Patricia Endara, directora de la Entidad Descentralizada de Cementerios de la Alcaldía paceña, al señalar que las irregularidades apuntan a las funerarias que tenían la responsabilidad de custodiar los féretros en los momentos más críticos de la pandemia.
La indignación y el dolor se apoderaron de las familias que, cinco años después, todavía no han podido llorar sobre la tumba correcta de sus seres queridos. Ellos recuerdan que, en 2020, en pleno pico de contagios, no pudieron acompañar a sus difuntos, ni despedirse: los protocolos sanitarios entregaban los cuerpos a las funerarias, que se hacían cargo de todo el proceso de entierro. Hoy, esas mismas funerarias no cuentan con registros claros de dónde fueron sepultados.
Los familiares han anunciado que presentarán un requerimiento fiscal para continuar con la búsqueda hasta dar con los restos de sus parientes. “No pedimos nada extraordinario, solo queremos encontrar a nuestros muertos y tener un lugar donde rezarles”, expresó entre lágrimas una de las dolientes.
Este episodio revive el caos y la deshumanización que marcó los entierros durante la pandemia, cuando la urgencia, el miedo y la falta de control hicieron que la despedida más básica, el derecho a un adiós, se negara a cientos de familias.
