La salud boliviana tiene dueños que nadie eligió

Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales

Bolivia tiene una enfermedad: la captura de instituciones por grupos que aprendieron a convertir las debilidades del Estado en espacios de poder. En salud, el problema resulta grave porque el fracaso no se mide solamente en balances. Se mide en pacientes que esperan, diagnósticos que se retrasan, equipos que no funcionan y familias que descubren demasiado tarde que el hospital público no estaba preparado.

El argumento de que a la salud boliviana le falta dinero ya no alcanza para explicar todo. Sin embargo, miles de ciudadanos siguen encontrando servicios saturados y una burocracia con más respuestas para justificar problemas que para resolverlos. La pregunta es incómoda: ¿quién controla realmente las decisiones dentro del sistema sanitario?

No hace falta imaginar una conspiración para encontrar el problema. Basta observar cómo funcionan algunas instituciones cuando el poder se concentra, los controles se debilitan y las responsabilidades se reparten entre demasiados actores. Ministerio de Salud, SEDES, municipios, cajas, hospitales, sindicatos y organizaciones profesionales tienen competencias distintas. En ese laberinto aparecen espacios donde las decisiones dejan de responder a normas y dependen de contactos, favores, presiones o acuerdos.

La Caja Nacional de Salud ofrece episodios que deberían haber provocado una discusión mucho mayor. En 2023, el Ministerio de Salud denunció una presunta red en la regional Cochabamba que habría ofrecido ítems y contratos, con cobros de hasta 3.000 dólares por cargos de enfermería. Una denuncia no es una sentencia. Si un puesto público puede convertirse en mercancía, el problema ya no es solamente moral: es institucional.

En 2025 apareció otro dato difícil de ignorar. La Procuraduría informó una sentencia contra dos funcionarios de la CNS por una compra irregular de equipamiento para un hospital de El Alto, con un daño económico reportado de 54,37 millones de bolivianos. Cuando las denuncias se repiten en contratación, compras y administración, la pregunta cambia. Ya no se trata de saber quién cometió una irregularidad, sino por qué los controles permitieron que ocurriera. Una institución que no controla termina pagando dos veces: con dinero y con credibilidad.

Algo parecido sucede con la formación de especialistas. Cada plaza implica años de estudio y debería resolverse con conocimiento y méritos. Sin embargo, las dudas sobre los procesos de admisión fueron suficientes para introducir controles adicionales. En 2025 se acordó una auditoría externa en La Paz y para 2026 el Ministerio optó por recurrir a una evaluación externa. Cuando el mérito necesita vigilancia extraordinaria, la confianza ya sufrió un golpe. y recuperarla resulta más difícil.

El problema surge cuando la movilización condiciona designaciones, permanencias o decisiones administrativas. Un sindicato puede negociar salarios y condiciones laborales, pero no convertirse en una oficina paralela de recursos humanos. Cuando una institución necesita su visto bueno para funcionar, la autoridad formal pierde relevancia. Y cuando la autoridad se vuelve decorativa, alguien más está tomando las decisiones.

Las organizaciones profesionales tampoco están fuera de esta discusión. Lo que no puede aceptarse es que la pertenencia a una red, una amistad o un padrinazgo pese más que la preparación. Un especialista debería competir por una plaza con sus credenciales, no con su agenda telefónica. Si los jóvenes concluyen que estudiar importa menos que tener contactos, el daño afecta la cultura profesional. Y una cultura basada en favores termina deteriorando también la calidad de la atención.

La infraestructura cuenta otra historia. Inaugurar un hospital produce fotografías, discursos y placas. Hacerlo funcionar es mucho menos vistoso. La Contraloría reportó en 2026 que el Hospital Gíneco-Obstétrico y Neonatal de Sucre utilizaba apenas 37,16% de su capacidad instalada en ginecología, 14,11% en neonatología y 38,53% en genética. ¿Cómo se explica esa diferencia entre lo construido y lo utilizado? Porque un hospital vacío o subutilizado también representa dinero público que no está produciendo el servicio esperado.

También existe un conflicto que exige reglas claras: el vínculo entre empleo público y actividad privada. El problema surge cuando un cargo financiado por contribuyentes se utiliza para captar pacientes, favorecer negocios o derivar demanda hacia servicios particulares. El hospital público no puede convertirse en antesala del negocio privado. Cuando desaparece esa frontera, el interés particular sustituye al servicio público y el costo termina recayendo sobre el ciudadano.

Por eso el problema no son los médicos, las enfermeras, los funcionarios, los sindicatos ni los proveedores como categorías. El problema aparece cuando cualquiera de esos grupos logra comportarse como propietario de una institución que pertenece a todos. Ahí nace la camarilla: cuando las reglas dejan de ordenar y las redes deciden quién entra, quién permanece, quién compra, quién contrata y quién obtiene ventajas. La institución conserva un organigrama, pero el poder real circula por otro lado.

Bolivia debería evaluar su política sanitaria por sus resultados, no por hospitales inaugurados ni presupuesto ejecutado. Importa cuánto espera un paciente, qué equipos funcionan, cuántas plazas se asignan por mérito y qué resultados obtiene cada hospital. Cambiar autoridades tras cada escándalo sirve poco si las reglas permanecen intactas. Las personas pasan, pero las redes permanecen. Y esas redes entienden algo que muchas autoridades aún ignoran: el poder puede sobrevivir a quienes ocupan los cargos.

La verdadera tragedia es normalizar el fracaso sanitario. Mientras las redes conserven poder, los escándalos serán pasajeros y cambiar autoridades resultará insuficiente. El paciente seguirá esperando, los recursos continuarán perdiéndose y las instituciones responderán más a intereses internos que a las necesidades ciudadanas. Cuando las redes sustituyen las reglas, el sistema deja de servir al ciudadano y termina protegiéndose a sí mismo.