La conflictividad social en Bolivia, que ahora tiene como trasfondo la disputa interna en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), puso a varios periodistas en medio de un fuego cruzado, y algunos denunciaron agresiones, retenciones e incluso torturas.
La polarización centrada hasta hace poco entre el oficialismo y la oposición dio un giro por la pugna entre ‘arcistas’ o seguidores del presidente Luis Arce y ‘evistas’, los afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), quienes están distanciados desde finales de 2021 por el control del MAS y la administración del Estado.
La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes, explicó a EFE que los ataques hacia los periodistas son “prácticas de larga data” puesto que “se han aplicado durante el Gobierno de Evo Morales y que se han repetido en el de Arce”.
En lo que va de este año, se reportaron 803 vulneraciones de derechos, 113 de ellas corresponden a violaciones a la libertad de prensa, según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de la entidad privada Unitas.
Varias agresiones a periodistas locales se registraron durante las 24 jornadas de bloqueo de caminos por seguidores de Evo Morales, que lo defendían ante una posible captura por una investigación por estupro y trata de personas que lo involucra.
Morales y sus seguidores acusan a la prensa local de no darles cobertura y estar “vendida” al Gobierno que, por su parte, pasó de tener una posición crítica con los medios independientes a patrocinar procesos penales contra los agresores de periodistas identificados como leales al exmandatario.
Wilfredo Chávez, uno de los abogados de Morales, señaló a EFE que los sectores movilizados mostraron “una reacción por indignación” ante “patrones preestablecidos” de la prensa boliviana que afectaban la imagen de exmandatario.
“Tenemos un periodismo que hace lo que dice el Gobierno y que dice lo que quiere el Gobierno” mediante la asignación de publicidad, consideró Chávez.
Al respecto, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó a EFE que en el último tiempo “la intolerancia y la falta de respeto” contra los periodistas “viene de parte del evismo”.
Alcón dijo que “no ha habido ningún motivo” para que el Gobierno tenga “comprados o controlados a los medios de comunicación” y que el trato con la prensa es “con mucho respeto hacia el ejercicio periodístico”.
Periodistas agredidos
Dos casos retratan las agresiones sufridas por los periodistas en los últimos años.
En octubre de 2021 una veintena de periodistas, policías y trabajadores de la propiedad ‘Las Londras’, en el departamento oriental de Santa Cruz fueron retenidos, golpeados y amenazados de muerte durante más de 7 horas por un grupo armado de supuestos invasores de tierras afines al Gobierno.
Percy Suárez, el único periodista que se mantiene como denunciante por este caso, dijo a EFE que lo ocurrido fue un “secuestro”, algo que el Gobierno minimizó hasta que se difundieron las imágenes del suceso rescatadas de una videocámara que recibió impactos de bala.
“No me he cansado de pedir justicia”, mencionó Suárez, pese a que vio que sus agresores recuperaron su libertad y que el proceso no avanza por el constante cambio de investigadores y fiscales.
El pasado 29 de octubre, durante un operativo contra los bloqueos de carreteras realizados por ‘evistas’, seguidores de Morales retuvieron a varios periodistas y policías, los golpearon, les rociaron gasolina y los amenazaron con quemarlos en la localidad de Mairana, también en Santa Cruz.
Uno de los afectados, Josué Chuvé, dijo a EFE que tras lo sucedido “por seguridad” tuvo que mudarse a la capital regional.
Chuvé inició un proceso judicial contra sus agresores junto a los policías afectados, con apoyo del Gobierno, aunque admitió que “no hay la certeza real de que se va a obtener justicia”.
Una encuesta elaborada este año por la Defensoría del Pueblo de Bolivia estableció que casi el 64,8 % de los periodistas consultados declaró haber sufrido algún tipo de vulneración durante el ejercicio de su labor.
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas evaluará a Bolivia en enero de 2025 como parte del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para establecer los avances y desafíos en la protección de derechos y libertades fundamentales como la de prensa.
Gabriel Romano Burgoa
