Un informe del diario EL PAÍS de Madrid reveló hoy que el jesuita boliviano Osvaldo Chirveches, ex alto cargo de la orden en el país latinoamericano y encargado de la delegación contra los abusos eclesiales de la congregación, respondió tajante ante la pregunta de si la Compañía de Jesús supo que el cura español Alfonso Pedrajas, alias Pica, abusó de decenas de niños durante décadas en Bolivia: “No teníamos noticia”.
De esa frase hace algo más de un año y la pronunció unos días antes de que EL PAÍS publicase la terrorífica historia de Pedrajas. Este religioso, de origen valenciano y fallecido en 2009, dejó escrito un diario en el que admitió haber agredido sexualmente de al menos 85 niños durante décadas en varios colegios de la orden en América y describía cómo sus superiores le protegieron hasta su muerte. El reportaje causó un terremoto dentro de la orden, a la que pertenece el Papa Francisco, y por toda Bolivia. Desde entonces, la congregación ha mantenido el discurso de que tanto los crímenes de este jesuita como su ocultación ocurrieron hace más de 20 años y que los últimos provinciales —máximo cargo más alto de los jesuitas en Bolivia y que se desempeña normalmente durante un lustro— no tuvieron conocimiento del tema.
Chirveches mintió. Así lo demuestran documentos internos de la orden a los que este periódico ha tenido acceso y que señalan que desde los años ochenta hasta el 2019 la cúpula de poder de los jesuitas recibió denuncias contra Pedrajas y al menos otros dos religiosos por pederastia, Lucho Roma y el también catalán Luis Tó, fallecido en 2017. Esta información, en la que aparece como uno de los conocedores Chirveches, forman parte de Los manuscritos de Charagua, la investigación interna que la Compañía realizó contra el religioso Lucho Roma, otro sacerdote español abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió, las grabó en vídeo y también lo recogió todo por escrito en un diario. Las pesquisas de la orden confirmaron los crímenes de Roma y también el de otros jesuitas, como Pedrajas y Luis Tó. Y también se constataba cómo actuaban los responsables de la congregación tapando las denuncias y trasladando a los acusados de colegio o parroquia.
Pero tras la muerte de Roma en 2019, escondieron los hallazgos en un cajón y no lo denunciaron a la justicia hasta el año pasado, cuando el escándalo del caso Pedrajas sacudió el país. Pero los legajos siguieron inéditos hasta hace una semana, cuando EL PAÍS los publicó. El fiscal general de Bolivia ordenó la semana pasa reabrir el caso de Lucho Roma e investigar el encubrimiento de la Compañía de Jesús.
El sacerdote catalán Lucho Roma abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió, las grabó en vídeo y lo recogió todo por escrito, en el segundo diario de un cura pederasta al que ha tenido acceso EL PAÍS. En esta ocasión, la orden realizó una investigación interna que confirmó los crímenes y su encubrimiento. Los jesuitas, tras la muerte de Roma en 2019, guardaron los hallazgos en un cajón donde han permanecido inéditos, hasta hoy
Las referencias de que los provinciales conocieron el caso de Pedrajas aparecen en los interrogatorios que se realizaron durante la investigación contra Roma, pesquisas que supervisó Chirveches como alto cargo de la orden. Las declaraciones más contundentes son las de César Maldonado, jesuita que comunicó en 2016 el caso de Roma y que, a su vez, también afirma que denunció el caso de Pedrajas en 1982 ante el provincial de entonces, Jorge Trías, y que este lo apartó de su labor docente. “El siguiente en el cargo, Luis Palomera, lo nombró maestro de novicios [en 1987]. Ese es un capítulo que hay que investigar”, aparece en la transcripción original del interrogatorio.
Maldonado añade un caso más: el del jesuita Luis Tó, otro pederasta español al que la Audiencia Provincial de Barcelona condenó en 1992 a dos años de cárcel por abusar de una menor en el colegio San Ignacio de Barcelona. La orden lo trasladó a Bolivia y siguió en contacto con menores. La historia de este traslado fue destapada por este periódico en 2018.
En ese momento, tanto la orden en Bolivia como en Cataluña afirmaron que este jesuita no había estado en contacto con menores. Pero, también mintieron. Unas cartas internas señalan que Tó siguió dando clases en La Paz y ejerciendo como párroco donde trató con niños. De hecho, en esa documentación interna de la orden hay constancia que tanto los superiores en España, Roma y América eran conscientes de sus antecedentes y del riesgo de que reincidiera. Sobre estos riesgos, también habla Maldonado: “Eso es lo que se hacía antes, trasladar de un lugar a otro el problema, y no impedían que esté en contacto con la población vulnerable (...) lo admitieron aquí, en vez de rechazar su venida, para que el tema se resuelva donde se originó”. El número de víctimas contabilizadas de este jesuita ya ascienden a ocho.
Al menos otros tres jesuitas declararon durante esta investigación que el caso de Tó era un caso muy conocido en la orden desde hacía años. Incluso citan que conocieron su condena gracias al libro La vida sexual del clero, un ensayo periodístico donde aparecían varios casos de abusos clericales en España. “Es un encubrimiento institucionalizado”, dice uno de estos interrogados que, además, revela que en 2008 firmó una carta interna junto a otros 13 jesuitas para enviar a los superiores y donde denunciaban, entre otras cuestiones, el escándalo de los abusos. “Existen casos aislados de alcoholismo, pedofilia e independencia económica que preferimos encubrir o ignorar con tal de ahorrarnos el problema, en lugar de intentar ser parte de la solución”, aparece en la copia de la misiva adjunta al interrogatorio. “Nadie nos requirió, esta carta llegó a toda la provincia. Consignadas las cosas, nadie preguntó qué sabemos, sobre quiénes o algo”, dice el declarante.
“Me puede acusar de haber encubierto”
Otro de los interrogados fue Francisco Pifarré, jesuita español que hoy está acusado de abusar de menores en los años noventa en Cochabamba. Fue compañero de Lucho Roma y también de Pedrajas. En sus declaraciones afirma que la pederastia era una cuestión habitual en los 80. “Si había una denuncia contra un sacerdote, se actuaba separándolo de los niños. Se hablaba con el superior y se procuraba que no tengan más relación con niños, pero que fuera un delito que pudiera ir al ámbito judicial, no se consideraba así. (...) Antes era una cosa natural. El suceso era más una falta a los votos religiosos que daba una inconsistencia profunda a la persona, más que un delito que mereciera cárcel”, declaró el jesuita.
Pifarré también se inculpa de encubrir estos delitos. “A mí se me puede acusar de haber ocultado. Si se me aprieta un poco, caemos muchos, porque te soy muy claro: yo he tenido conocimiento del caso de un jesuita que comuniqué al provincial, que actuó de inmediato sacando a la persona del contacto con niños. Eso fue el año 82″. Pifarré habla de que al menos conoce dos casos concretos de jesuitas fallecidos que abusaron de menores en Bolivia, pero no dice su identidad. Argumenta que la pederastia eclesial es una cuestión que debe gestionarse internamente y evitar que salga en la prensa. El notario que firmó su interrogatorio fue Ignacio Suñol, religioso que a finales de 2019 sería nombrado provincial como sucesor de Chirveches.
Pese a esta confesión la orden no abrió una investigación contra Pifarré por encubrimiento. Pero tampoco lo hizo para abordar los casos de abusos que habían aflorado gracias a la investigación contra Lucho Roma. Es más, desoyó los consejos de los inspectores eclesiásticos que dirigían la investigación contra Roma. En abril de 2019, teniendo conocimiento de estos nuevos casos, enviaron un correo electrónico a Osvaldo Chirveches, al que ha tenido acceso este periódico, en el que le subrayaban que la Compañía no estaba abordando varias cuestiones “pendientes”. Entre ellas, destacaban que existían “un elenco de casos probables” y que era “necesario conocer los casos de abusos del pasado y del presente para saber la magnitud del fenómeno”. Chirveches y sus sucesores, como prueban estos documentos, supieron de estos delitos desde 2019, no hicieron nada y no admitieron que sabían de sus existencia cuando se les preguntó hace un año.
