La líder opositora de Venezuela María Corina Machado agradeció este martes al G7 por su “firme posición en defensa de la verdad” al exigir al “régimen”, en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro, que “rinda cuentas por la violación de los derechos humanos” tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
“Es muy significativo que el G7, a través de los Gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, haya incluido la situación de Venezuela en su comunicado conjunto”, expresó Machado a través de X, luego de que el grupo pidiera ante la Asamblea General de la ONU, “poner fin las violaciones de los derechos humanos”, declaraciones que recogieron en un documento.
Asimismo, el G7 expresó su indignación por la orden de detención y las “amenazas” contra el abanderado de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España tras denunciar “persecución política”.
Según Machado, la comunidad internacional entiende que “la transición” pasa por “la validación” del resultado de las presidenciales, en las que el mayor bloque antichavista, agrupado en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), asegura que ganó González Urrutia.
La PUD justifica esta victoria con el “83,5 % de las actas electorales” que afirma haber reunido a través de testigos y miembros de mesa, y que, posteriormente, fueron divulgadas en una página web, documentos que el Gobierno tacha de “falsos”.
Para el G7, el resultado oficial de las presidenciales, que dio la reelección a Maduro, “carece de credibilidad y legitimidad democrática, como lo indican los informes del panel de expertos de la ONU y observadores internacionales independientes, así como los datos publicados por la oposición”.
Tras la proclamación de Maduro como ganador, la PUD denunció “fraude” electoral, lo que desencadenó protestas masivas contra el resultado oficial, que dejaron 25 muertos y más de 2.400 detenidos, según las autoridades.
El G7 instó “a los representantes venezolanos a poner fin a todas las violaciones y abusos de los derechos humanos, las detenciones arbitrarias y las restricciones generalizadas a las libertades fundamentales, que afectan particularmente a la oposición política, los defensores de los derechos humanos y los representantes de los medios independientes y la sociedad civil”.
