Testimonios de madres bolivianas denuncian el infierno que viven en la búsqueda de sus hijas víctimas de trata y tráfico, en medio de extorsión, malos tratos y revictimización de la Policía. La negligencia y abandono del Estado no logra hacer frente a este flagelo que cada día incrementa sus cifras.
Por Nathalie Iriarte V.
Juana camina a buscar a su hija de 12 años del colegio. Al llegar recibe la peor noticia: la niña no asistió a clases y nadie sabe de su paradero. Rebeca está desaparecida. La palabra cae pesada, como una sentencia de muerte.
Juana sienta denuncia ante la Policía en Trinidad, Beni. Aconsejada por otras madres, lleva una foto reciente de su hija, hace fotocopias y comienza a pegarlas por su barrio y en lugares estratégicos. Cuando se reporta una menor desaparecida, esto es lo que debería pasar según la ley: el oficial toma la denuncia, activa la “alerta Juliana”, comunica el caso a las Defensorías, a la división de trata y tráfico, y comienza protocolos de búsqueda en fronteras, terminales de buses y otros. Pero, en la mayoría de los casos, esa es la promesa incumplida del Estado boliviano.
A esta madre la mandaron a su casa a esperar que su hija vuelva, los policías que debían salir a buscarla le dijeron que “normalmente a esa edad se van con algún noviecito y vuelven solas” o “debe estar enojada por alguna pelea, ya se le pasará”. Juana no recibió ayuda. Se volvió víctima de una serie de negligencias, revictimización y extorsión policial.
En noviembre de 2024, el gobierno lanzó con bombos y platillos la “alerta Juliana”, una herramienta que permitiría que se cancelen las 72 horas para iniciar la búsqueda en el caso de menores de edad y que además cuenta con una app y un sistema que conecta instituciones con sociedad civil para dar celeridad para la búsqueda de menores desaparecidos y víctimas de trata y tráfico.
Este protocolo debe su nombre a Juliana Condori Hilario, una niña que desapareció en julio de 2016 en El Alto, a quien la Policía no salió a buscar de manera oportuna y de la que hasta ahora no se sabe nada.
Las madres de ambas niñas recibieron llamadas dando pistas, la mayoría eran mentiras y solo buscaban dinero aprovechándose de la desesperación familiar.
Juana no solo sufría por la pérdida sino por el amedrentamiento de la policía. Le dijeron que su hija se perdió por su culpa y la amenazaron con denunciarla por violencia hacia la menor. “Yo iba todos los días a la comisaría a preguntar, lloraba, gritaba, pedía ayuda. Me decían que me calme y me vaya a mi casa. Me dijeron que seguro iban a averiguar si yo le pegaba y por eso se escapó. Un policía me dijo yo tenía que llenar su camioneta de gasolina y darle viáticos. Sino nadie se mueve porque no hay presupuesto”, recuerda. Ella, en su desesperación, se prestaba dinero, pero no encontraba una pista que le devuelva a su hija.
Para este reportaje se entrevistaron a 15 madres en Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Todas eran Juana, o una versión en cualquier rincón del país. A todas les pidieron dinero para gasolina y más dinero para empezar la búsqueda. La mayoría relataban historias similares de malos tratos, revictimización y culpabilización por parte de la Policía.
Cansadas de la dejadez estatal, tomaron la búsqueda como causa de vida. Convertidas en detectives, andan con una foto en la mano deambulando para encontrar de lo que arrancaron de sus entrañas: no hay certeza de cuántas viven como ellas por falta de datos fidedignos y de transparencia institucional.
“La corrupción dentro de la Policía está a niveles tremendos, ellos esperan dinero para moverse. Es cierto lo que cuentas las compañeras. Y ahora con la escasez de gasolina y diésel, piden dinero diciendo que no tienen cómo moverse, incluso te dicen que no hay vehículos. A veces no tienen los recursos, es cierto, pero nunca cumplen los plazos ni respetan el protocolo. El Estado te vende que hay una prioridad para búsqueda de menores, pero no es cierto. Las unidades de trata y tráfico y todas las que investigan delitos de la Ley 348 (sobre violencia a la mujer) no tienen las condiciones ni los recursos. Eso es una negligencia Estatal de designación de fondos”, explica Letty Tordoya, abogada experta en género y miembro de Mujeres Creando.
Negligencia estatal
Solo en 2023 se denunció la desaparición de 3.409 personas. Según un informe de la embajada de EEUU “el Gobierno no cumplió las normas mínimas en áreas clave. Los funcionarios no informaron sobre la derivación de víctimas a centros de atención, y los servicios especializados continuaron siendo escasos. El gobierno no informó sobre cuántas personas procesó por delitos de trata”, señala parte del documento.
De acuerdo a datos publicados por la Fiscalía General del Estado, en 2024 hubo 197 personas encarceladas por delitos de trata de personas y tráfico de migrantes y entre enero y noviembre de 2023 se abrió 1.169 posibles casos de trata. Sin embargo la información de esta instancia estatal no precisó cuántas personas fueron enjuiciadas, solo se conoce que se sentenció a siete personas, pero no hay más detalles de los casos.
Jessica Echevarría, fiscal de Materia de Delitos en razón de género en Santa Cruz dice que los fiscales están accediendo a cursos para capacitarse, pero “siempre hace falta más esfuerzo”, especialmente para entender el calvario que viven estas madres.
“Yo creo en una justicia que debe ir acompañada de la empatía. Nosotros no podemos seguir manejando los casos como si solamente fueran cifras. Detrás de cada historia, de cada denuncia, existe una mamá, existe un sufrimiento y pienso que muchas veces lo que falta es empatía. Todos los funcionarios deben recordar que estás hablando con una mamá que vive la peor pesadilla. Como funcionarios nos falta ponernos en el lugar del otro y brindar esa calidez”, explica.
Paola Tapia, vocera de la Defensoría del Pueblo, reconoce que hay falencias en el cumplimiento de los protocolos y que no se activa la “alerta Juliana” en muchos casos. “La Policía Boliviana debe registrar la desaparición de la o el menor de forma inmediata y comenzar el proceso de búsqueda pues las primeras horas son críticas para encontrarlos”.
Sin embargo, son más frecuentes las denuncias de que los policías piden dinero a las madres para iniciar la búsqueda y en su persistencia son maltratadas por los oficiales.
“Estas falencias muchas veces ocurren porque las Divisiones de Trata de Personas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) no cuenta con recursos suficientes para desplazarse. Hay poco personal y también existe mucho rote de parte de los servidores policiales”, explica la vocera defensorial.
Una sargento, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató cómo fue la experiencia en esta área. “Yo trabajé ahí más de 15 meses y pedí mi traslado. Es la peor unidad, la que más te deprime porque de verdad no podemos hacer nada, no tenemos cómo activar búsqueda en fronteras, para acceder a las cámaras de cualquier terminal se tardan semanas y hasta eso la víctima ya está en otro lugar. No hay presupuesto, los superiores abusan de la desesperación de los familiares y se hacen pagar. La corrupción no es nueva, está en todas las áreas, pero jugar con estas familias es otro nivel de maldad”, dice.
Sin recursos, ¿cómo combatir el delito?
Juana, escuchó historias de jovencitas raptadas y llevadas a Chile o a Paraguay por redes de trata que las obligan a hacer trabajo sexual. En un intento desesperado por evitar que eso le pase a su hija se prestó plata y pagó a un policía 3500 bolivianos (entonces equivalente a unos 500 dólares) para la búsqueda. El oficial tenía información de que la niña fue vista en la terminal de buses con un hombre mayor que la llevó a Cochabamba. Pero las cámaras se habían roto hace un tiempo y no consiguieron los videos de seguridad.
Otra mamá que lleva tres años de búsqueda es Daniela. Ella perdió a su hija de 16 años que fue raptada por una red de trata. En su caso, la Policía identificó que dos personas la llevaron al exterior del país. Los videos fueron encontrados en la terminal de Santa Cruz de la Sierra, pero eran de tan mala calidad que no se pudo identificar a la mujer que, por la fuerza, la hizo subir a un bus con destino desconocido.
“Una de las cosas que más pedimos es que se mejoren los controles y las cámaras en las terminales de buses. Las cámaras son un desastre, y eso obstaculiza la investigación, son áreas transitadas por las redes de trata y no se da prioridad a esto”, explica Daniela.
En la terminal de Santa Cruz, cualquier adulto puede comprar hasta cinco boletos a nombres de otros y no hay control de que esos pasajes estén a nombre de las personas que suben a un bus. No se controla a quienes viajan con menores. Con la reportería para este reportaje se pudo constatar cómo dos mamás compraron tickets y viajaron con sus hijos y sobrinos sin que se les pidan los permisos de viaje. Este hecho se repite con frecuencia en diferentes zonas del país.
“Las terminales deberían tener control policial a diario. Hemos denunciado casos donde los choferes del bus llevan a jóvenes dentro de los maleteros sin que haya un pasaje a su nombre. Eso se logra fácilmente con pagar a los choferes y nadie hace nada. El tema de las bimodales a nivel nacional está muy descuidado y no hay el interés del gobierno para hacer un control real”, cuenta Rocío, otra mamá que lleva dos años buscando a su hija y que es parte de la Asociación de Madres y Familiares de Beni.
La rutina de Rocío se enfoca entre Beni y Santa Cruz. Un día va a la reunión de madres en una iglesia para tomar fuerzas. Otros acude a la terminal de buses de Santa Cruz para pedir a distintas empresas de buses las listas de pasajeros y ver si encuentra algún registro de su hija en el último año. Ella reconoce que incluso tuvo que sobornar a un par de empleados para conseguir este documento. “Esto es algo que la policía debería exigir por ley, pero aquí las mamás nos volvemos detectives por desesperación”.
Unión de las madres ante el abandono estatal
Cada 23 de abril, María Rita Hurtado compra una torta, prende una velita y publica un video en redes pidiendo ayuda para encontrar a Dayana Algarañaz Hurtado. Es su hija mayor y lleva 10 años buscándola. Ella desapareció del parqueo de la Universidad Udabol, donde estudiaba. Dayana tenía 20 años cuando desapareció.
Desde entonces, Rita se convirtió en detective y fundó un movimiento de madres y familiares de desaparecidos que es un referente como organización civil. La Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos (Asafavittp) nació como una necesidad, pues no había nada similar en la ciudad. Actualmente brindan apoyo legal y emocional a las familias que son víctimas de este flagelo.
En los videos y entrevistas Rita repite siempre: “A mi hija Dayana quiero decirle: te pido perdón por no darme cuenta que estas redes estaban cerca tuyo, te seguiré buscando hasta el último aliento de vida que tenga, y a las personas que la tienen por favor se apiaden y podamos encontrarla”.
Según Naciones Unidas, la trata de personas tiene repercusiones psicológicas muy fuertes porque muchas veces las víctimas no se identifican como tales y sienten culpa por haber aceptado las ofertas engañosas. Lo mismo pasa con sus familiares que se sienten responsables por la desaparición de sus hijas e hijos.
La vida de Rita nunca volvió a ser la misma. Recuerdo cómo la gente le decía que no se obsesione con eso, pero ella no podía dejar de pensar en su hija día y noche. Por eso, comenzó a organizar su propia investigación y organizaba búsquedas semanales junto con otras madres. Pasó años así. Vivir en ese limbo de mostrar una foto en todas partes se convirtió en su rutina. Perdió su matrimonio y su trabajo.
“Muchas veces me han dicho que ya me calle, que canso con estas noticias pasadas, pero son seres humanos que están detrás de estos afiches, son nuestras hijas que estuvieron en nuestro vientre y fueron parte de nuestras vidas. Me cansé de ser amenazada y no soy la única mamá que ha recibido llamadas así. Creo que hay gente en altos cargos que están metidas en estas redes de trata porque parece que el gobierno y la misma Policía quisiera tapar los casos y minimizar este problema con cifras irreales. Los casos que registra la fiscalía son mínimos ante lo que vemos en la realidad, hay números maquillados y nadie sabe la cantidad real de familias que sufren buscando a sus hijas”, dice Rita en una reunión con al menos una quincena de madres y padres que vienen por casos de hace una semana, un mes, un año o mucho más.
Rita se convirtió en activista y vocera. No se cansa de denunciar lo que sucede con las redes de trata y la corrupción alrededor de estos casos. Además, se dedica a enseñar a otras madres cómo buscar por sus propios medios y qué pasos seguir. Su asociación tiene personería jurídica y cuenta con un abogado que apoya a las familias. “Hemos iniciado esta iniciativa por la necesidad de encontrar a nuestros hijos pensando que al llevar la batuta y presionar a las autoridades, ellos iban a perfeccionar su sistema de búsqueda, iban a mejorar nuestro poder judicial, nuestra Policía. Pero voy 10 años en esto y vemos que nada ha cambiado”, dice Rita.
Las lágrimas de una madre que busca a su hija por más de una década jamás se secan. Junto a ella otras madres lloran y cuentan sus historias:
Nelly Flores llegó a este encuentro desde Cochabamba. Ella busca a su hija María Fernanda de 15 años. “Me dijeron que acá traen a las niñas para explotación sexual y mi niña es de cuerpo bonito, creo que por eso se la llevaron, porque ella tiene retraso mental, casi no habla, tiene edad mental de cinco años. Vine a los medios, me hacían esperar en la lluvia, estoy enferma, ya no tengo fuerza para seguir”.
Otra mamá habla entre sollozos: “Mi hija se llama Jessica Arauz, desapareció el 4 de agosto del 2024. No sé si está viva, si está muerta. Para mí lo más difícil es la espera, esa incertidumbre. Cada día uno siente morirse en vida. La verdad, muchas veces quise suicidarme. Uno quiere llorar, gritar, morirse, y encima no puedo porque mis hijitas me están mirando”.
Todas las otras madres asienten. Bajan la cabeza. Luego cada una cuenta que también pensaron en quitarse la vida o lo intentaron alguna vez. El peso, la culpa, la incertidumbre, el dolor de una hija desaparecida es lo que une a estas mujeres.
Quizá compartir estos momentos entre ellas es lo único que las sostiene en la lucha y en la vida.
Esta investigación fue realizada con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo (FPP).
