Un caso sin precedentes en el sistema judicial boliviano cuando un mecánico fue condenado a cinco años de prisión, la pena máxima contemplada por la legislación vigente, luego de golpear a un perrito con un tubo de hierro hasta causarle la muerte. El hecho fue juzgado como delito de biocidio, tipificado por la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato, la cual establece penas de dos a cinco años de cárcel para quien mate a un animal con ensañamiento o por motivos fútiles.
Según información del abogado defensor, Diego Espinoza, esta sentencia es considerada un hecho histórico al haberse logrado una pena máxima, un resultado poco frecuente en casos similares.
La Ley 700, vigente desde 2015, representa un avance en la protección de los animales frente a actos de crueldad. Desde su promulgación, se han registrado múltiples casos emblemáticos en los que los agresores recibieron condenas dentro del rango penal establecido.
En 2023, Ronny Mendoza fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por apedrear hasta la muerte a un perro llamado Toffy en Santa Cruz, marcando la primera sentencia ejecutoriada por biocidio en el país.
En Cochabamba, el hombre que mató al perrito Joky con machetazos recibió una condena de cuatro años de prisión, correspondiente a la máxima pena impuesta hasta entonces en un caso de biocidio en abril de 2023.
Otro caso en Cochabamba involucró a un hombre que asesinó a golpes a su propio perro, un “ch’api” blanco, tras argumentar que el animal habría matado a sus conejos. La sentencia dictada en agosto de 2024 fue de tres años de prisión, aunque el condenado no ingresó a prisión por acogerse a un proceso abreviado y cumplir medidas sustitutivas.
En comparación, la reciente sentencia contra el mecánico representa un hito al gravitar en el extremo superior del marco sancionador. La defensa subraya que fue posible alcanzar una pena máxima gracias a la presentación exhaustiva de pruebas, lo que marca un precedente significativo en la búsqueda de justicia para animales víctimas de violencia.
Este fallo no solo refleja el marco legal vigente en Bolivia contra el maltrato animal, sino que también envía un mensaje claro sobre la aplicación rigurosa de la Ley 700. Alcanzar la máxima sanción prevista puede cambiar la percepción pública y judicial sobre estos delitos, contribuyendo a la protección efectiva de los animales.
