Argentina y Bolivia se miran hoy en un espejo incómodo. Tras trayectorias distintas, ambos países han terminado convergiendo en una misma respuesta ante la crisis económica: ajuste drástico por decreto e ideología liberal como nueva ortodoxia. Javier Milei y Rodrigo Paz encarnan, con estilos propios, pero lógica similar, el cierre de los ciclos progresistas y la apertura de una etapa de reformas de shock, concentración del poder y tensión constante entre promesas electorales y práctica gubernamental.
Ambos llegaron al poder en contextos de agotamiento económico. Inflación elevada, déficits fiscales persistentes, escasez de divisas y una profunda desconfianza social hacia el Estado definían el escenario. La respuesta fue inmediata y similar: recortar el gasto público, reducir subsidios, desregular mercados y redefinir el rol estatal. Milei eliminó ministerios, ajustó transferencias a las provincias y liberalizó precios estratégicos; Paz recortó programas sociales, frenó proyectos de inversión pública y avanzó en la reducción de subsidios energéticos. En ambos casos, la consigna fue “responsabilidad fiscal” y el mercado como regulador principal de la economía.
El método también revela un patrón común: el decreto ejecutivo fue el instrumento central. Las reformas estructurales no se construyeron mediante consensos parlamentarios, sino a través de decisiones concentradas en el Ejecutivo, justificadas por la urgencia de la crisis. El Congreso quedó relegado a un rol secundario, más reactivo que deliberativo. Este hiperpresidencialismo debilitó los contrapesos institucionales y convirtió el ajuste en una decisión técnica antes que política.
A este esquema se suma otro rasgo revelador: los conflictos con sus vicepresidentes. Milei marginó rápidamente a Victoria Villarruel; Paz hizo lo propio con Edman Lara. No son simples tensiones personales, sino un patrón de liderazgo personalista con escasa tolerancia a los contrapesos internos. La coalición se vuelve decorativa y el gobierno adquiere carácter casi unipersonal.
Sin embargo, el elemento más significativo no está tanto en lo que hicieron, sino en lo que dijeron antes de hacerlo. Las contradicciones entre discurso y práctica son el núcleo político de esta nueva derecha sudamericana. Milei prometió dolarizar, cerrar el Banco Central y terminar con el endeudamiento externo. No cumplió ninguna de esas promesas. No solo no dolarizó, sino que mantuvo el peso como ancla del ajuste, conservó el Banco Central y volvió a recurrir al crédito internacional para sostener la transición fiscal. El “antiestatismo” retórico terminó administrando un Estado más fuerte en sus funciones recaudatorias.
Rodrigo Paz recorrió un camino similar. Prometió no endeudarse más, aplicar ajustes graduales y priorizar medidas de alivio popular, como la regularización de los autos “chutos”. En la práctica, optó por políticas de shock: recortes abruptos, congelamiento de proyectos públicos, búsqueda de financiamiento externo y postergación de promesas sociales. El discurso era de prudencia; la política real fue de terapia intensiva. La estabilización macroeconómica se impuso sobre cualquier gradualismo, incluso a costa de su propio capital político.
Ambos representan, además, un giro ideológico profundo. Son el cierre simbólico de dos largos ciclos: el kirchnerismo en Argentina y el MAS en Bolivia. En su lugar emerge un relato pro-mercado, anti-Estado, que redefine al sector público como problema estructural y al capital privado como solución casi moral. El lenguaje de derechos, inclusión y redistribución es reemplazado por el de eficiencia, competencia y equilibrio fiscal. No es solo un cambio de políticas, sino de sentido común: el Estado deja de ser garante y pasa a ser sospechoso.
La afinidad entre Milei y Paz no es casual. Comparten una sintonía ideológica expresada en gestos diplomáticos y narrativa común: ambos se presentan como parte de un nuevo eje liberal sudamericano, enfrentado al populismo y la herencia de la izquierda. No buscan integrarse a bloques regionales tradicionales, sino construir una identidad política basada en austeridad, mercado y ruptura con el pasado. El liberalismo se ha convertido en bandera identitaria, no en mera opción de política económica.
Sin embargo, la pregunta central no es ideológica sino prospectiva: ¿qué espera a Bolivia si sigue el camino argentino? El gobierno de Milei funciona como laboratorio regional. En Argentina, el ajuste redujo inflación, pero al costo de recesión, caída del consumo, desempleo y deterioro social. El equilibrio fiscal se alcanzó, pero con sacrificio económico y político considerable que erosiona la legitimidad del proyecto día a día.
Si Bolivia replica ese modelo, entre 2026 y 2027 es probable una recesión con conflictos sociales, protestas sectoriales y desgaste acelerado del gobierno. La reducción del gasto estabilizará precios, pero también contraerá la demanda interna y frenará la inversión pública, motor central de la economía boliviana. La inflación podría bajar, pero el costo social será alto y políticamente explosivo.
A partir de 2028 podría haber recuperación si las reformas atraen inversión privada y restablecen confianza macroeconómica. Pero Bolivia enfrenta un problema estructural que Argentina no tiene: la ausencia de un nuevo boom de recursos naturales. El gas, que financió el modelo estatal durante dos décadas, ya no cumple ese rol. Sin reservas suficientes y con un aparato productivo frágil y dependiente, el margen de maniobra es mínimo.
En ese sentido, el ajuste boliviano es más riesgoso. Sin gas, sin ahorros fiscales previos y sin base industrial sólida, el shock puede estabilizar, pero también agotar rápidamente el capital político sin generar un nuevo modelo de desarrollo. La paradoja es reveladora: Milei y Paz llegaron prometiendo romper con la vieja política, pero reproducen una fórmula clásica latinoamericana: crisis, ajuste, concentración de poder y fe en el mercado como solución mágica.
El verdadero desafío no es aplicar el shock, sino sobrevivir políticamente a sus consecuencias. Como suele ocurrir en la región, el costo real no se mide en cifras fiscales sino en paciencia social. Bolivia está a punto de descubrirlo.
