Apocalipsis, debacle, Armagedón. Los grandes periódicos del mundo han agotado ya su diccionario de calamidades para describir un escenario que, hasta hace poco, parecía reservado para novelistas distópicos: el petróleo que podría llegar a los 200 dólares por barril como resultado del conflicto bélico en Medio Oriente, que amenazaba a durar algunas semanas y que ahora se ha convertido en un conflicto difícil de prever cuándo y cómo terminará.
Actualmente el precio del petróleo se cotiza entre 90 y 110 dólares el barril. El WTI algo más bajo y el Brent más elevado. Ya estos valores han prendido todas las alarmas económicas y políticas en el mundo.
Para Bolivia, este escenario no es solo incómodo: es existencial, es de vida o muerte. El país importa más del 50% de su gasolina y cerca del 90% de su diésel. Somos, con orgullo involuntario, uno de los campeones mundiales de la vulnerabilidad hidrocarburífera. Y lo peor es que, por talento propio, pasamos de ser una potencia gasífera, a un país completamente dependiente de energía externa.
Este mérito se lo debemos, en buena parte, a dos décadas de una política energética cuya obra cumbre fue matar la inversión, espantar el capital y perder mercados para el gas natural con una eficiencia que habría sido admirable aplicada a cualquier otra cosa.
Pero los adjetivos ya no alcanzan, y aunque la tentación de repartir culpas con vocación carcelaria pueda resultar catártica e incluso electoralmente rentable, no resuelve el problema.
La economía no se estabiliza con indignación, sino con decisiones. Por eso, más que insistir en la cacería de responsables, toca asumir una tarea menos épica pero infinitamente más útil: prepararse.
Desafortunadamente, el gobierno nacional está en la etapa de negación del problema y de denunciar que las alertas que realizan los especialistas tienen más de imprudencia y exageración que de realidad.
A la tormenta política y social que ha desatado la venta de la gasolina basura se ha unido un escenario internacional sumamente delicado y adverso que no se puede ignorar.
Cabe recordar que los recientes ajustes en los precios del diésel y la gasolina fueron diseñados bajo una premisa que hoy suena casi entrañable: un petróleo rondando los 65 dólares por barril. En ese contexto, la gasolina pasó de 3,74 Bs. a 6,96 Bs., mientras que el diésel, siempre más temperamental, saltó de 3,72 Bs. a 9,80 Bs., protagonizando un overshooting digno de manual, aunque no necesariamente de política pública óptima. Sin embargo, la realidad, siempre poco respetuosa de los supuestos, ha decidido moverse hacia precios internacionales cercanos a los 100 dólares, lo que implica que ya estamos comprando combustibles a un costo muy superior al que justificó el ajuste inicial. Traducido al lenguaje menos diplomático de las finanzas públicas: la subvención, que se había intentado jubilar, ha decidido regresar con entusiasmo.
Por lo tanto, hay que encarar este escenario con una mezcla de prudencia y realismo. Haber esperado cinco meses para reformar la Ley de Hidrocarburos en este contexto no es solo tardanza burocrática; es el tipo de error de cálculo que los historiadores futuros citarán con una mezcla de incredulidad y ternura.
Dicho esto, y sin ánimo de provocar pánico, solo de promoverlo productivamente, conviene pensar en medidas concretas.
La receta general: hacer la reforma parcial de la Constitución, una nueva Ley hidrocarburos y una reestructuración y privatización parcial de YPFB. Pero esto es urgente, urgentísimo, requeté desesperante, ya nomás, prioridad máxima. ¡Joder! ¡Pónganse las pilas! ¡Atrasados estamos hace 4 años!
Por el lado de la demanda: crear una banda de precios, un valor superior y uno inferior para la gasolina y el diésel y conformar, un fondo de estabilización macroeconómica con recursos del exterior, (el subsidio ilimitado, con petróleo a a 100 dólares, es sencillamente una fantasía fiscal); restricciones vehiculares, teletrabajo y eficiencia obligatoria en transporte de carga; e incentivos reales para migrar a la movilidad eléctrica.
Por el lado de la oferta: acelerar la mezcla de biocombustibles, etanol, biodiesel, para sustituir importaciones con producción nacional; atraer inversión exploratoria con urgencia, porque a 100 dólares el barril hasta los proyectos antes inviables se vuelve tentadores; mejorar oleoductos y capacidad de almacenamiento; y desplazar el diésel de la generación eléctrica con energía solar y eólica.
En el muy corto plazo desafío central consiste en restituir la confianza en la calidad de la gasolina y el diésel comercializados en el país. Este objetivo exige introducir mecanismos de verificación directa, visibles y comprensibles para el consumidor. Una medida concreta sería la instalación, en cada estación de servicio, de dispositivos estandarizados de medición de calidad del combustible que permitan verificar parámetros básicos en tiempo real. Este tipo de señalización no solo cumple una función técnica, sino también reputacional: convierte la calidad en un atributo observable, reduciendo la asimetría de información entre proveedor y consumidor. Naturalmente, la implementación de este esquema requiere una condición previa nada menor: transparentar integralmente la cadena de importación, almacenamiento y distribución de combustibles, así como avanzar hacia una participación, al menos parcial, del sector privado que introduzca incentivos de eficiencia, control cruzado y disciplina operativa.
Ahora bien, si el objetivo es pasar de una economía de la sospecha a una economía de la confianza (que en Bolivia no es un salto trivial, sino casi una hazaña épica), se pueden complementar estas medidas con un conjunto de instrumentos adicionales: Certificación independiente y auditorías aleatorias. Establecer un sistema de certificación de calidad realizado por laboratorios independientes, con auditorías aleatorias en estaciones de servicio. Trazabilidad digital del combustible. Implementar un sistema de trazabilidad desde la importación hasta el surtidor, utilizando tecnologías como blockchain o registros digitales auditables. Cada litro debería tener una “historia clínica”: origen, lote, fecha, composición.
Publicación abierta de datos de calidad. Crear una plataforma pública donde se reporten, en tiempo casi real, los resultados de pruebas de calidad por estación de servicio y región.
