Piratería del carbón devasta el bosque chiquitano: construyen más de 500 hornos ilegales en asentamientos campesinos

Piratería del carbón devasta el bosque chiquitano: construyen más de 500 hornos ilegales en asentamientos campesinos

Una extensa red de taladores clandestinos ha instalado más de 500 hornos en el bosque seco chiquitano, donde se tala y quema madera preciosa y semipreciosa para producir carbón ilegalmente. Según la Alcaldía de San Rafael de Velasco y líderes indígenas de la región, la actividad clandestina, conocida como “piratería del carbón”, ha devastado gran parte de la flora en los últimos años, afectando seriamente el equilibrio ecológico de la zona.

En una investigación realizada por el periodista Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado, del portal Visión 360, se detalla cómo estas maderas —incluyendo especies valiosas como el morado, el cedro, el roble y el curupaú— son taladas, reducidas a troncos y luego quemadas en hornos clandestinos. Estas estructuras, construidas por comunidades asentadas en áreas de San Rafael de Velasco, operan sin autorización y en la mayoría de los casos de forma oculta en el espesor del bosque.

Una industria clandestina sin beneficios para la región

El alcalde de San Rafael de Velasco, Humberto Jorge Vargas, denuncia que estos hornos no solo destruyen la biodiversidad, sino que además no generan ingresos para la región, ya que se trata de un comercio ilegal en el que las ganancias van exclusivamente a manos privadas.

“Están quemando nuestros bosques para hacer churrasco y exportan carbón hecho de nuestras maderas preciosas. La ganancia de esta actividad ilícita no aporta al municipio y, en cambio, daña nuestro medioambiente”, lamentó la autoridad municipal.

Vargas estima que esta industria clandestina consume aproximadamente una hectárea de árboles por cada horno construido, afectando severamente a especies como el morado, el roble y el cedro, que tienen un valor superior si se utilizan en la producción artesanal o de muebles de construcción. Además, denuncia que la falta de control y una normativa laxa han permitido que esta actividad crezca sin restricciones.

Impacto en las comunidades indígenas y la biodiversidad

Líderes indígenas de comunidades como Santa Teresita del Surutú y Pradera del Surutú señalan que el bosque, antaño abundante, está desapareciendo. Alejandro Vaca Díez, cacique de Santa Teresita, recuerda que hace solo diez años el bosque se mantenía íntegro. “Hoy, prácticamente toda la madera que se extrae va destinada a la producción de carbón”, comenta con tristeza. Explica que este comercio ilegal ha afectado incluso a especies en peligro de extinción como el morado, que podría significar un recurso económico si se utilizara en artesanías en lugar de carbón.

El gran cacique Julio Egüez Aguilera de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, resalta la urgente necesidad de sensibilizar a las comunidades asentadas recientemente en la zona para que preserven el bosque seco chiquitano. “Estos árboles existen desde hace más de tres siglos, antes de la República de Bolivia, y deben ser protegidos y utilizados de forma sostenible”, afirmó.

Una normativa frágil y denuncias de favoritismo

El alcalde Vargas y los líderes indígenas coinciden en que la normativa actual es insuficiente. Julio Egüez y Vaca Díez acusan a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) de hacer “la vista gorda” con las comunidades afines al Gobierno, mientras que a los pueblos indígenas se les exigen requisitos adicionales para realizar cualquier actividad económica en el bosque.

“La ley es débil y no hay autoridades que la hagan cumplir. El Estado y la ABT son responsables de la explotación ilegal; el carbón que sale de aquí, en parte es legal y en parte ilegal. Es el mismo Estado el que permite que esto continúe”, denuncia Egüez.

San Rafael de Velasco: un municipio que busca recuperarse tras el fuego

El daño provocado por los incendios forestales y la explotación de carbón han alcanzado niveles críticos en San Rafael de Velasco. Recientemente, el municipio logró, tras casi cuatro meses de trabajo, controlar todos los incendios en la región con el apoyo de bomberos españoles y voluntarios locales. Sin embargo, el impacto ha sido devastador: se estima que 600 mil hectáreas, un 60% del territorio, fueron afectadas solo en esta temporada de incendios, dejando a su paso un paisaje de cenizas y erosión en el suelo chiquitano.

El alcalde Vargas aseguró que el trabajo conjunto con la cooperación internacional y el esfuerzo de las autoridades locales permitieron apagar todos los focos de calor y avanzar en la restauración del área afectada. No obstante, la tala clandestina y el comercio ilegal de carbón persisten como desafíos para las comunidades y autoridades de la región.

Información publicada en VISIÓN 360

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