La crisis que vive Bolivia puede y debe convertirse en una gran oportunidad de transformar a fondo las estructuras del estado, de la economía y de la sociedad para encaminar el país hacía una democracia institucionalizada, una sociedad de ciudadanos que ejercen efectivamente sus libertades y derechos ciudadanos sin temor al gobierno, y una economía abierta en la cual los emprendedores tengan sus derechos de propiedad plenamente garantizados para generar prosperidad para todos quienes quieran invertir y trabajar.
Nada será fácil ni se avanzará con piloto automático. Requerirá reformas profundas y una gran voluntad política del presidente y de los principales líderes políticos. Se debe tener cuidado en que el actual proceso político sea una restauración de la democracia y no un restablecimiento de los vicios del sistema de partidos que se corrompió y provocó las condiciones para su caída y la llegada de Evo Morales y el MAS con discurso antisistema que logró gobernar por veinte años.
Esto no quiere decir que los pactos sean malos, sino que el objeto de estos acuerdos debe ser las políticas de estado y las reformas en beneficio del interés general y no la búsqueda de beneficios particulares orientados al enriquecimiento ilícito de los administradores del estado. La lucha contra la corrupción debe ser genuina y partir de una conducta ejemplar de las nuevas autoridades.
Al mismo tiempo se deben realizar las reformas necesarias para disminuir la injerencia del estado en la vida y en la economía de la gente. Mientras menos empresas estatales, menos compras públicas y menos trámites innecesarios ante la burocracia publica, menos corrupción habrá. Para lo que tenga que quedar, descentralización, institucionalización, servicio público profesional y digitalización, en lo que más se pueda, para brindar transparencia y evitar el contacto directo entre el ciudadano y el funcionario, que es donde surgen los cobros indebidos.
Por ello, se debe emprender un profundo proceso de desregulación de la economía, quizás uno de los mejores aportes en el largo plazo que está realizando la gestión del presidente Milei en la Argentina, puesto que está recortando el sometimiento del ciudadano a la burocracia publica, que es uno de los grandes males que sufren los pueblos latinoamericanos.
Todas estas políticas y reformas también deben llegar a los gobiernos municipales y departamentales. Obviamente, debemos avanzar hacía unas autonomías efectivas y de ahí será mucho más fácil hacía el federalismo que permitiría consolidar la unidad de la nación boliviana en la diversidad de sus pueblos. Sin embargo, se debe trabajar para que las autonomías no repliquen en su gestión las mañas y vicios del centralismo.
Liberar la economía es parte de la ruta crítica para la profunda transformación nacional que requiere Bolivia. En la medida que la gran mayoría de la población sea auténticamente propietaria, de sus viviendas, negocios, tierras y distintos medios de producción, el progreso se abrirá como oportunidad para el conjunto de las familias bolivianas y las mismas defenderán, como sucede en el Perú, un modelo de desarrollo basado en la iniciativa privada.
Este es quizás uno de los cambios más profundos que el país requiere, liberar las energías e iniciativas de la gente del autentico yugo que le impone la gran maraña burocrática y sus cobros arbitrarios. Si más del 80% de los bolivianos se gana el sustento diario desde la informalidad, no es solo por no pagar impuestos sino por huir del estado para poder sobrevivir.
Como quizás nunca más habrá, hoy el 100% del Senado y mas del 90% de la Cámara de Diputados está en manos de alianzas políticas que representan a los sectores democráticos y que en la campaña prometieron estos cambios. No hay pretexto ni excusa para no realizarlos. Es una oportunidad histórica para modernizar Bolivia y establecer las bases de un desarrollo integral, duradero y de largo plazo.
La campaña ya terminó, es hora de pasar de los discursos a los hechos.
