Un tribunal de Bolivia dispuso este miércoles quitar una segunda medida de prisión preventiva al gobernador opositor Luis Fernando Camacho, encarcelado por haber impulsado un paro de 36 días en Santa Cruz, la región más poblada del país, en rechazo al aplazamiento del censo de población y vivienda, en 2022.
“Con el objetivo de preservar las garantías (…) este juez concluye que Camacho asuma su defensa en detención domiciliaria”, afirmó el juez 13 de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la mujer, Franz Zabaleta en la resolución de la audiencia que se llevó a cabo de manera virtual.
El juez determinó además un arraigo para Camacho, lo que supone que no puede salir de su región, deberá pagar una fianza de 50.000 bolivianos (unos 7.100 dólares) y presentarse cada mes ante la Fiscalía.
Zabaleta también sostuvo que el proceso aún está en la etapa final de la etapa preparatoria, por lo que sí se puede decidir levantar la prisión preventiva.
Martín Camacho, el abogado del también gobernador que esta suspendido de sus funciones debido a sus procesos penales, aplaudió la decisión judicial y manifestó que el juez “consideró el vencimiento del plazo de la detención preventiva”, debido a que su defendido se encuentra encarcelado desde octubre de 2022 por este caso.
En la plaza principal de Santa Cruz, decenas de ciudadanos se reunieron para celebrar la resolución judicial y anunciaron que esperarán al gobernador suspendido el viernes.
En 2022 el Gobierno de Luis Arce decidió postergar el censo de población y vivienda para 2024, decisión que fue rechazada por Santa Cruz, el motor económico de Bolivia, por lo que el gobernador Camacho lideró protestas en las calles y un paro que duró 36 días para exigir que el proceso se realizara en 2023 con el fin de que haya una redistribución de recursos económicos y escaños de las regiones antes de las elecciones generales de 2025.
La Fiscalía abrió el proceso por los delitos de terrorismo y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, los que la defensa del acusado desvirtuó en esta audiencia.
Es la segunda medida cautelar que la Justicia retira a Camacho, en la víspera un tribunal también le otorgó prisión domiciliaria con salidas laborales, después de más de dos años de estar encarcelado por su rol en la crisis política de 2019 en el país que derivó con la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia, tras unas elecciones generales que luego fueron anuladas.
El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un “golpe de Estado”, mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en la dimisión de Morales fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor.
Al margen de estos dos casos ya resueltos, el político tiene al menos otros tres procesos por los que está detenido preventivamente que deben revisarse en los próximos días antes de su liberación.
El abogado del gobernador anunció que este jueves se llevará a cabo una audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso llamado “Decretazo”, sobre un decreto aprobado por el que Camacho delegó temporalmente sus funciones a una persona que no correspondía.
La revisión de medidas cautelares de todos los procesos en curso contra Camacho, la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) y el exlíder cívico de Potosí Marco Pumari, surge después de una disposición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dio a los tribunales a cargo un plazo de 24 horas para revisar y fijar audiencias.
El Supremo de Justicia también instruyó organizar jornadas de trabajo para verificar la detención preventiva de todos los procesos abiertos en todos los juzgados y tribunales del país, después de que varios presos exigieran un “trato igual” al de los tres políticos acusados por la crisis de 2019.
