La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz dio un paso para cambiar el mecanismo de designación de los fiscales departamentales en Bolivia. El jueves 8 de octubre, su Comisión de Constitución y Gobierno aprobó remitir al pleno una iniciativa que plantea dar a las asambleas legislativas departamentales participación directa en la selección de estas autoridades.
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La propuesta busca modificar el sistema actual, en el que el fiscal general del Estado designa a los fiscales departamentales. El tema volverá a la agenda política este viernes 9 de octubre, con una conferencia anunciada en la Asamblea cruceña.
El debate se reactivó en medio de la crisis institucional del Ministerio Público y de las investigaciones que involucran al exfiscal general Róger Mariaca y al exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Las acusaciones relacionadas con estos casos deben entenderse como parte de investigaciones en curso y no como hechos judicialmente probados.
¿Cómo cambiaría la elección de fiscales departamentales?
La iniciativa impulsada por la Asamblea cruceña plantea que las legislaturas departamentales tengan un papel directo en la elección de los fiscales de sus respectivas regiones, en lugar de dejar esa atribución exclusivamente en manos del fiscal general.
El debate también se relaciona con un proyecto elaborado por el abogado constitucionalista José Luis Santistevan, que propone modificar la Ley 260 del Ministerio Público para introducir cambios en el sistema de selección y en las condiciones de ejercicio de estos cargos.
Según los detalles difundidos sobre esa propuesta, los principales cambios serían:
- Elección: las asambleas departamentales participarían directamente en la designación.
- Selección por méritos: se mantendrían la convocatoria pública y la evaluación profesional.
- Experiencia: el requisito mínimo aumentaría de seis a diez años de ejercicio profesional.
- Duración del cargo: el periodo se ampliaría de cuatro a cinco años.
- Mayoría requerida: la elección necesitaría dos tercios de los asambleístas presentes.
- Evaluación: las autoridades serían evaluadas cada dos años.
La propuesta también plantea conservar la unidad y la jerarquía nacional del Ministerio Público, pero otorgar mayor autonomía administrativa a las fiscalías departamentales.
Es importante distinguir ambos planteamientos: el proyecto de Santistevan busca modificar la Ley 260, mientras que la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz impulsa su propia iniciativa normativa. No debe asumirse que ambos textos tienen exactamente el mismo contenido.
La crisis del Ministerio Público reabre el debate
La discusión sobre quién debe designar a los fiscales departamentales tomó fuerza en medio de los cuestionamientos a la conducción del Ministerio Público y de las investigaciones relacionadas con anteriores autoridades fiscales.
Los promotores del cambio plantean revisar el mecanismo de designación y ampliar la participación de las regiones. El debate gira en torno a cómo seleccionar a las autoridades departamentales, qué controles deben aplicarse y cómo garantizar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
Un cambio en el sistema también obligaría a definir con precisión la relación entre las asambleas departamentales y la estructura nacional de la Fiscalía. La autonomía administrativa propuesta no supone necesariamente que las fiscalías dejarían de formar parte de una institución con dirección y jerarquía nacionales.
Por eso, uno de los aspectos centrales del debate será determinar qué atribuciones tendrían las asambleas y cómo se evitaría que el proceso de selección quede expuesto a presiones políticas.
¿Qué falta para que la propuesta entre en vigencia?
La iniciativa aprobada por la Comisión de Constitución y Gobierno debe continuar su tratamiento en el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.
Además, cualquier modificación del sistema nacional de designación tendrá que avanzar por las instancias legislativas correspondientes y ser compatible con la Constitución y la normativa que regula al Ministerio Público.
La aprobación de la comisión no significa que el nuevo mecanismo ya esté vigente. Tampoco modifica automáticamente la situación de las autoridades que actualmente ejercen las fiscalías departamentales.
En Santa Cruz, Mabel Sandra Andrade Molina continúa al frente de la Fiscalía Departamental en suplencia legal, tras la salida de Alberto Zeballos, conforme a la reorganización dispuesta por el fiscal general interino José Armando Urioste.
La propuesta busca abrir una discusión institucional sobre la selección de los fiscales departamentales. Su alcance definitivo dependerá del contenido que avance en el proceso legislativo y de las normas que eventualmente se aprueben.
Por ahora, Santa Cruz impulsa un cambio que podría modificar la relación entre la Fiscalía General del Estado y las asambleas departamentales, pero el mecanismo vigente seguirá aplicándose mientras no exista una reforma aprobada y en vigor.
