La operación policial lanzada el martes en Río de Janeiro, la más letal de la historia de la ciudad brasileña, dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro agentes, informó este miércoles la Defensoría Pública regional.
La Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro confirmó este miércoles que al menos 132 personas murieron, entre ellas cuatro agentes policiales, durante la megaoperación desarrollada el martes en los complejos de favelas de Penha y Alemão, al norte de la ciudad. Se trata del operativo más letal en la historia de Río, según los registros oficiales.
La acción, denominada “Operación Contención”, fue ejecutada por más de 2.500 agentes de distintas fuerzas de seguridad, con apoyo de helicópteros, vehículos blindados y drones con explosivos. El objetivo, según el gobierno estadual, era desarticular una red delictiva vinculada al Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
Durante más de quince horas, las favelas se convirtieron en un campo de batalla. Los tiroteos se extendieron por varias comunidades y paralizaron por completo la vida cotidiana de miles de habitantes, que denunciaron haber quedado atrapados en medio del fuego cruzado.
Inicialmente, las autoridades informaron de 64 fallecidos, pero tras el hallazgo de decenas de cuerpos en zonas boscosas y callejones, la cifra ascendió a 132, según reportó la Defensoría Pública. Vecinos de Penha relataron que cadáveres fueron apilados en una plaza para su identificación, en escenas que generaron conmoción dentro y fuera de Brasil.
Organizaciones de derechos humanos denunciaron ejecuciones extrajudiciales y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. Algunos cuerpos presentaban disparos en la nuca o por la espalda, de acuerdo con testimonios recogidos por medios locales e internacionales.
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, calificó los hechos de “alarmantes” y advirtió que el gobierno federal podría intervenir si el Estado de Río “no puede controlar la situación”. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch exigieron una investigación independiente y la rendición de cuentas de los responsables.
La ONU también expresó “profunda preocupación” por la masacre y recordó al Estado brasileño su obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos en todas las operaciones de seguridad pública.
La violencia de este operativo superó ampliamente la registrada en Jacarezinho en 2021, cuando murieron 28 personas, hasta ahora considerada la operación más sangrienta en la historia de la ciudad.
