Según Aguilera, los enfrentamientos ocurrieron cerca de las 11 de la mañana cuando pobladores de Llayllagua, cansados de los bloqueos prolongados, se dirigieron al punto de conflicto con el objetivo de buscar diálogo. Sin embargo, en lugar de conversación, fueron recibidos con explosivos caseros, disparos de arma de fuego y ataques con piedras. Dos personas resultaron heridas y hay versiones aún no confirmadas sobre un posible fallecido. Los heridos fueron trasladados al hospital Manresa Obregón.
“La turba bajó la cabeza de quienes pretendían entablar diálogo. Se trató de una agresión incesante. No solo estamos ante delitos comunes, sino ante actos de sabotaje que buscan paralizar el envío de alimentos, restringir el acceso a combustibles y aumentar la incertidumbre social”, afirmó el viceministro.
Aguilera acusó a los líderes de estas protestas de tener antecedentes judiciales y de encabezar una estructura que promueve bloqueos y toma de instituciones en diversas zonas del país, especialmente en el Chapare. “Estas personas no defienden causas sociales legítimas. Siguen consignas de violencia, incluso con llamados como ‘quíemenlos vivos’ y buscan victimizarse para culpar al Estado”, denunció.
El viceministro aseguró que los bloqueos, además de impedir el libre tránsito, afectan gravemente a la población al restringir el acceso a alimentos, combustible y servicios básicos. “Son medidas arbitrarias, antidemocráticas e ilegítimas. No nos cansaremos de denunciar esto dentro y fuera del país”, remarcó.
Frente a la violencia, el gobierno ha habilitado rutas alternas, como la diagonal Jaime Mendoza, para garantizar el tránsito entre departamentos. Gracias al trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo y autoridades locales, se ha logrado movilizar al menos 25 cisternas desde Oruro. La Policía, con apoyo de las Fuerzas Armadas, mantiene el control de varias rutas estratégicas, evitando confrontaciones mediante operativos tácticos y el uso de inteligencia predictiva.
Aguilera también señaló que el verdadero trasfondo de estas movilizaciones es político, con el objetivo de forzar la habilitación del expresidente Evo Morales como candidato, pese a la decisión del Tribunal Constitucional que lo inhabilita. “Dicen que sin él no habrá elecciones, pero el país necesita una transición democrática y pacífica. No se puede permitir que la ambición personal incendie Bolivia”, sentenció.
Finalmente, el viceministro informó que ya se han iniciado acciones legales contra los responsables de las agresiones y saqueos en Llallagua y otros puntos de conflicto. Aseguró que el Gobierno seguirá garantizando el orden, la institucionalidad y el proceso electoral previsto para el 17 de agosto.
