Tras más de seis horas de audiencia celebrada el lunes 8 de septiembre, el Tribunal Agroambiental de Bolivia dispuso nuevas y estrictas medidas cautelares relacionadas con la emergencia de incendios forestales que azota al país. Instó a las autoridades del nivel central y a las entidades territoriales autónomas a remitir informes complementarios sobre sus acciones de prevención y protección, dentro de un plazo improrrogable de 48 horas. De no hacerlo, advirtió que remitirá los antecedentes al Ministerio Público para el inicio de procesos penales.
La primera admisión y suspensión de medidas se dio en julio de este año cuando La Sala Plena del Tribunal admitió por primera vez una demanda colectiva de medidas cautelares preventivas contra los incendios forestales. Sin embargo, días más tarde revocó estas medidas ante la falta de informes iniciales.
Luego se dio una reactivación como respuesta a la emergencia cuando el 29 de agosto, el Tribunal reactivó las medidas cautelares, argumentando que la extensión del daño ya alcanza aproximadamente 4,4 millones de hectáreas afectadas por incendios forestales y determinó que las disposiciones debían aplicarse inmediatamente, pese a la existencia de recursos e incidentes legales presentados por distintos sectores estatales y productivos.
Medidas principales adoptadas
- Plazo de 48 horas para informes: Se exige que las autoridades del Ejecutivo y gobiernos subnacionales presenten informes detallados sobre las acciones emprendidas para cumplir con la Resolución SP-TAA 002/2025-AA. De no hacerlo, se remitirán los obrados al Ministerio Público para iniciar acciones penales por incumplimiento judicial.
- Supervisión activa de jueces agroambientales: Los jueces del Estado Plurinacional —especialmente en la Chiquitanía, Amazonía y Chaco— deberán activar de oficio su competencia ambiental para exigir informes sobre planes de mitigación y sofocación de incendios y supervisar su ejecución. Podrán programar inspecciones con el apoyo del departamento técnico especializado del tribunal, conforme a su Guía de Peritaje Ambiental.
- Rol protagónico de sociedad civil y bomberos: La resolución alienta a los defensores ambientales, sociedad civil y bomberos voluntarios (reconocidos como defensores bajo el Acuerdo de Escazú) a asumir un rol activo en acciones de protección, conservación y mitigación. Asimismo, exhorta al Estado central a proveer los recursos necesarios para el bienestar y seguridad de los bomberos voluntarios.
- Revisión e armonización legislativa: Se exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional a revisar y armonizar leyes observadas por la sociedad civil (como las Leyes N° 741 y 1 171) con estándares internacionales y los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra. Asimismo, recuerda la obligación de legislar una Ley Especial de Jurisdicción Agroambiental, conforme a la Sentencia Constitucional 17/2019 y la Ley N° 025.
- Designación urgente de jueces y personal técnico: Se instruyó al Consejo de la Magistratura a cubrir las vacancias en la judicatura agroambiental y designar el personal técnico necesario para garantizar el óptimo funcionamiento de los juzgados.
- Posibilidad de ajuste o levantamiento: El Tribunal aclaró que estas medidas cautelares podrán ser modificadas, ampliadas o levantadas conforme se cumpla su propósito, según lo determine la Sala Plena.
En conferencia de prensa desde Sucre, el Presidente del Tribunal Agroambiental, Richard Cristhian Méndez Rosales, junto Lionel Víctor Hugo Claure, Roxana Chávez y Rocío Vásquez Noza (magistrados), enfatizaron la adhesión al principio de prevención ante el alto riesgo ecológico que enfrenta el país.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, respaldó la resolución, anunciando que recientemente se identificaron predios afectados, que ya fueron remitidos a instancias judiciales, y que se ha reforzado la capacidad operativa mediante financiamiento estatal y la llegada de un helicóptero gestionado con la Embajada de Francia.
El incumplimiento de estas medidas ahora puede acarrear consecuencias penales, lo que eleva la presión sobre el Ejecutivo y gobiernos subnacionales. La resolución abre espacio para un nuevo marco institucional y normativo, con la revisión de leyes nacionales y la consolidación de la jurisdicción agroambiental.
