UIF denuncia presunta red de extorsión a empresarios y apunta a posibles nexos con la Fiscalía

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) denunció presuntas irregularidades en anteriores gestiones y afirmó que existen indicios de que la institución habría sido utilizada para ejercer presión y extorsionar a empresarios, emprendedores y comerciantes.

El director de la entidad, Diego Barboza, sostuvo que algunos informes financieros habrían sido empleados para cuestionar el origen de recursos económicos, incluso en casos en los que las personas investigadas contaban con documentación para respaldar la procedencia legal de su dinero.

¿Qué es la UIF y cuál es su función?

La Unidad de Investigaciones Financieras es una entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Su trabajo consiste en analizar información financiera y patrimonial para identificar posibles operaciones sospechosas y elaborar informes que puedan ser utilizados por las autoridades competentes.

En ese marco, la UIF cumple una función técnica dentro de los mecanismos de prevención e investigación de posibles delitos financieros. Sin embargo, según las declaraciones de Barboza, la institución habría sido utilizada en anteriores gestiones con fines distintos a los de su labor.

El director afirmó que se detectaron indicios de que informes financieros habrían servido para presionar a personas que podían justificar legalmente el origen de sus recursos. Según su versión, esas actuaciones podían afectar no solo el patrimonio de los investigados, sino también su reputación y la continuidad de sus actividades económicas.

Barboza denuncia presuntas extorsiones durante anteriores gestiones

En declaraciones difundidas por EL DEBER y Unitel, Barboza sostuvo que la UIF habría funcionado como una plataforma de presión política y económica durante administraciones anteriores del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El director señaló que se habrían iniciado actuaciones contra personas que contaban con documentación para respaldar sus recursos, mientras algunos informes indicaban que esos fondos no tenían justificación suficiente.

Barboza también describió a la institución como una herramienta de persecución política durante el proceso electoral de 2019. En ese contexto, afirmó que se habría amenazado con investigar a un candidato opositor, aunque no identificó públicamente a la persona a la que se refería.

Estas declaraciones corresponden a la versión del actual director de la UIF. Las presuntas irregularidades y las responsabilidades de posibles involucrados deberán ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes.

Posibles vínculos con funcionarios de la Fiscalía

La denuncia también apunta a posibles nexos entre funcionarios de la UIF y servidores del Ministerio Público. De acuerdo con información publicada por EL DEBER, se habrían identificado indicios de una posible actuación coordinada en determinados casos.

Las publicaciones señalan que las sospechas incluyen actuaciones relacionadas con la gestión de Róger Mariaca como fiscal general del Estado. No obstante, la información difundida no permite establecer responsabilidades individuales ni confirmar judicialmente la existencia de una red de extorsión.

Barboza indicó que no podía proporcionar detalles sobre determinados casos, entre ellos el denominado caso Mariaca, debido a las restricciones de confidencialidad. Señaló que la institución responderá a los requerimientos formulados por las autoridades competentes.

La eventual participación de funcionarios de la Fiscalía, así como el alcance de las presuntas irregularidades, deberá ser esclarecida por las instancias responsables de la investigación.

Anuncian acciones legales contra posibles responsables

El director de la UIF anunció que se preparan acciones legales contra personas que pudieran estar involucradas en los hechos denunciados.

Barboza explicó que la institución continúa revisando información y documentación para determinar el alcance de las presuntas irregularidades. Según sus estimaciones, el análisis podría requerir aproximadamente un mes adicional debido al volumen de datos que deben ser examinados.

También señaló que se implementaron medidas de seguridad para proteger la información y evitar filtraciones durante el proceso de revisión.

La presentación de acciones legales permitirá que las autoridades competentes evalúen los antecedentes y determinen si existen elementos suficientes para iniciar o ampliar investigaciones.

La UIF también enfrenta observaciones internacionales

En sus declaraciones, Barboza se refirió a la situación de Bolivia frente al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo regional que evalúa las medidas de los países para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El director afirmó que el nivel de cumplimiento del país se encontraba alrededor del 90% y expresó su expectativa de avanzar en las observaciones pendientes durante la próxima gestión. También mencionó el trabajo relacionado con instrucciones institucionales y cooperación internacional con organismos de Brasil y Argentina.

Este aspecto forma parte de los desafíos institucionales de la UIF, cuya labor requiere procedimientos técnicos, coordinación entre entidades y resguardo de la información financiera.

Las denuncias deben ser investigadas

Las declaraciones de Barboza abren interrogantes sobre el uso de información financiera en anteriores gestiones y sobre la posible coordinación entre funcionarios de distintas instituciones estatales.

Sin embargo, las afirmaciones sobre extorsión, persecución política o participación de servidores públicos deben ser contrastadas mediante investigaciones independientes y con la versión de las personas o instituciones aludidas.

Para establecer responsabilidades será necesario conocer los antecedentes documentales, las acciones legales que se presenten y los resultados de las investigaciones. Hasta entonces, los hechos denunciados deben ser tratados como presuntos y no como responsabilidades judicialmente comprobadas.