Un tribunal boliviano anuló este sábado otro proceso ordinario contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en la localidad de Sacaba, en el centro del país, y ordenó que el caso se procese en un juicio de responsabilidades.
En una audiencia virtual que inició el viernes y se prolongó por 16 horas, el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción número 1 de Sacaba, en la región central de Cochabamba, se declaró “incompetente” para llevar el caso ‘Sacaba’ y dispuso “la nulidad de obrados”, según un video difundido en las redes sociales de Áñez.
El tribunal resolvió remitir los antecedentes del caso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Fiscalía General del Estado “en cumplimiento de lo establecido por la ley 044 para juzgamiento bajo el fuero de privilegio” para Áñez y otros 17 acusados, lo que supone que ahora se deberá tramitar un juicio de responsabilidades.
También dispuso que se emitan “mandamientos de libertad” para quienes están encarcelados preventivamente por este caso, incluida la exmandataria transitoria.
“La Justicia ha obrado, finalmente, en Derecho”, escribió Áñez, quien, no obstante, debe permanecer aún en prisión porque tiene una sentencia de 10 años de cárcel dictada en 2022 por otro proceso, el llamado caso ‘golpe de Estado II’, por el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La hija de Áñez, Carolina Ribera, explicó a algunos medios que se presentó un recurso de “revisión extraordinaria de sentencia” y aguardan una respuesta del TSJ al respecto que, de ser favorable, permitirá que la política, que está en prisión desde marzo de 2021, pueda defenderse en libertad en todos los procesos en su contra.
El lunes, otro tribunal anuló también un proceso ordinario contra Áñez y pidió que en su lugar se inicie un juicio de responsabilidades contra la expresidenta en el llamado caso ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019 en esa zona de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
Esa corte dispuso también un “mandamiento de libertad” para Áñez, pidiendo que espere el juicio fuera de prisión, aunque para esto hay una serie de trámites y pasos legales que se deben cumplir previamente.
El TSJ ordenó la semana pasada revisar el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos contra Áñez y los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los principales investigados por la crisis de 2019.
Los procesos por los sucesos de 2019 se realizan a instancias del Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que aseguran que hubo un “golpe de Estado” contra Evo Morales (2006-2019), lo que niegan sus detractores que afirman que las protestas fueron por un fraude a favor del entonces presidente en las fallidas elecciones de ese año.
El viernes, Luis Fernando Camacho, el gobernador de la región oriental de Santa Cruz, y Pumari fueron excarcelados después de que en los últimos días la Justicia les retiró la medida de prisión preventiva en cuatro procesos al primero y en dos al segundo, incluido el llamado caso ‘golpe de Estado I’, por sus roles en la crisis de 2019.
Áñez fue apartada de ese proceso porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’.
La política siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.
La legislación boliviana reserva el juicio de responsabilidades a altos ejecutivos del Estado como presidentes, vicepresidentes, magistrados de los altos tribunales, entre otros, pero el Gobierno de Arce y el MAS han negado siempre la condición de expresidenta de Áñez.
