El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, anunció la elaboración de una convocatoria pública destinada a incorporar abogados y profesionales de alta solvencia técnica e idoneidad a las fiscalías departamentales. La medida busca fortalecer la capacidad de investigación e impulsar una reestructuración interna del Ministerio Público tras la crisis institucional que culminó con la salida de Róger Mariaca.
Urioste subrayó que el perfil buscado se orienta a profesionales “probos” dispuestos a ejercer funciones con firmeza ante estructuras delictivas y presiones de grupos criminales. Aunque la iniciativa se encuentra en fase de diseño legal y técnico, se precisó que los detalles operativos, requisitos formales y número de plazas se darán a conocer una vez finalizado el reglamento de la convocatoria.
Aspiración a la titularidad y plazos del interinato
En el marco de su gestión transitoria, Urioste confirmó su intención de postularse al concurso de méritos para asumir la titularidad del Ministerio Público por un periodo constitucional de seis años. La normativa vigente fija que su mandato interino es de carácter excepcional y no podrá exceder los 90 días.
Paralelamente, la Asamblea Legislativa Plurinacional alista la activación de la comisión mixta encargada del proceso de selección de la autoridad titular. Las bancadas parlamentarias ratificaron un acuerdo político que establece que el plazo máximo de 90 días para elegir y posicionar al nuevo fiscal general de la nación será de carácter improrrogable.
Contexto institucional de la transición fiscal
La designación de Urioste se concretó tras su elección por la Asamblea Legislativa y posterior posesión efectuada el pasado 5 de octubre por el vicepresidente Edmand Lara. La transición marca una nueva etapa operativa en la fiscalía nacional, orientada a restituir la institucionalidad tras la suspensión definitiva de la anterior autoridad.
La gestión del fiscal interino enfrenta el reto de consolidar reformas administrativas inmediatas y la reestructuración de personal departamental en un margen de tres meses, a la par de competir en la selección legislativa del cargo definitivo.
