Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia a través de una ley aprobada en el Parlamento. La norma, titulada “Muerte Digna”, fue sancionada por el Senado con 20 votos a favor de los 31 legisladores presentes, tras un debate que se extendió por más de diez horas.
La nueva legislación establece que podrán acceder al procedimiento personas mayores de edad, ciudadanas o residentes, que se encuentren en etapa terminal de una enfermedad incurable, sufran dolor físico o psíquico intolerable y conserven plena capacidad de decisión. El proceso incluye múltiples garantías médicas, como evaluaciones de al menos dos profesionales independientes y la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento.
La aprobación parlamentaria marca un hito regional, diferenciando a Uruguay de países como Colombia y Ecuador, donde la eutanasia ha sido despenalizada por vía judicial, pero aún no regulada legislativamente.
El trámite se enmarca en una tradición legislativa uruguaya que, en las últimas décadas, ha promovido normas de avanzada en temas sensibles como el aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis. Ahora, con la eutanasia, el país vuelve a posicionarse como referente en la agenda de derechos individuales.
El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de seis meses para reglamentar la ley, que también prevé la creación de una comisión nacional de seguimiento para supervisar los casos y garantizar su aplicación bajo estrictas condiciones éticas y médicas.
