¿450.000 dólares para auditar un audio? Yo lo haría por menos de la mitad y quizá gratis

¡Parece que necesitan comprar toda una empresa!

He trabajado durante años con tecnología, informática, comunicación digital, análisis de datos y de redes sociales. Por eso, cuando escucho que la Fiscalía necesita 450.000 dólares para verificar unos audios atribuidos a Fernando Cerimedo, inevitablemente me surgen muchas preguntas técnicas.

Para empezar, una auditoría forense de audio no consiste simplemente en reproducir una grabación y preguntarle a un software si fue hecha con inteligencia artificial.

Existen herramientas especializadas que permiten realizar este trabajo sin necesidad de hipotecar el presupuesto de una institución.

Por ejemplo:

• Audacity: análisis de ondas, silencios, cortes y discontinuidades.
• Sonic Visualiser: análisis espectral y visualización de frecuencias.
• Praat: análisis fonético, formantes y características de la voz.
• FFmpeg y MediaInfo: inspección técnica de archivos, códecs y parámetros de grabación.
• ExifTool: revisión de metadatos.
• AASIST: modelo de investigación para detectar posibles voces sintéticas.
• Resemble AI y Hive: soluciones especializadas en detección de contenidos generados mediante inteligencia artificial.

Por supuesto, ninguna herramienta por sí sola puede certificar que una grabación es auténtica o falsa. Se necesita metodología forense, comparación de evidencias, preservación del archivo original y especialistas que interpreten los resultados.

Y aquí viene algo que quiero decir públicamente, yo podría realizar esta auditoría por mucho menos de la mitad de ese presupuesto y en tiempo récord, siempre que se facilite el acceso a los archivos originales, las evidencias necesarias y las condiciones técnicas para desarrollar un trabajo serio, documentado y reproducible.

No estoy hablando de escuchar un audio y emitir una opinión. Estoy hablando de analizar integridad digital, huellas SHA-256, metadatos, espectrogramas, posibles ediciones, clonación de voz mediante IA y comparación de resultados con diferentes herramientas.

Ahora bien, mi preocupación va mucho más allá de los 450.000 dólares.

Quiero dejar algo claro, no estoy defendiendo a Bibi Urquidi, tampoco a Catalina Paz, ni a ningún integrante del entorno presidencial.

Lo que estoy cuestionando es la actitud del Gobierno y de las instituciones del Estado frente a una controversia que involucra a personas cercanas al poder.

Primero aparecieron los audios atribuidos a Bibi Urquidi y Fernando Cerimedo. Después surgieron otras grabaciones, entre ellas una atribuida a Catalina Paz, hija del presidente, en la que se habla presuntamente de la conformación del equipo de comunicación gubernamental, designación de funcionarios y movimientos en Entel, una empresa estratégica del Estado.

¿Desde cuándo una persona que no ocupa formalmente un cargo público tendría capacidad para intervenir en la conformación de equipos de comunicación gubernamental y en movimientos de una empresa estatal? Es una pregunta que merece una explicación, no un silencio.

Y mientras todo esto ocurre, ¿qué vemos?

Al presidente Rodrigo Paz pidiendo investigar quién filtra los audios, a la Fiscalía anunciando equipos especiales y hablando de 450.000 dólares, y a distintas voces del entorno gubernamental concentrando sus explicaciones en la defensa de Bibi Urquidi.

¿Y quién está defendiendo el interés de los bolivianos?

Hay otro episodio que tampoco debería pasar inadvertido.

Coincidiendo con esta controversia, Bibi Urquidi apareció en la comunidad indígena Esse Ejja de Eyiyoquibo, en San Buenaventura, entregando equipamiento tecnológico, alimentos e insumos a las familias.

La solidaridad con una comunidad que enfrenta necesidades reales y problemas de contaminación vinculados a la actividad minera merece todo el respeto. Pero también es legítimo cuestionar la oportunidad, la exposición mediática y la utilización política de estos actos.

Los pueblos indígenas no pueden convertirse en escenarios para mejorar la imagen de las autoridades cada vez que estalla una controversia en el poder. Acaso no están viendo los comentarios y burlas en las redes sociales por esa acción. No necesitan visita, necesitan políticas públicas permanentes, no solamente fotografías, entregas de donaciones y discursos.

Y aquí viene la parte que más me llama la atención. Mientras los bolivianos esperan explicaciones sobre lo que se escucha en las grabaciones, parece que el Gobierno está más preocupado por quién difundió los audios que por responder qué significan las conversaciones.

Señores del Gobierno, no confundan la auditoría de un audio con la auditoría de la gestión pública. Son dos cosas diferentes y ambas son necesarias.

Si los audios son auténticos, que se demuestre. Si fueron manipulados, que se identifique cómo. Si fueron generados mediante inteligencia artificial, que se establezca técnicamente. Y si hay indicios de irregularidades en decisiones, nombramientos o negociaciones relacionadas con recursos públicos, que se investiguen.

Una sugerencia.

Antes de gastar 450.000 dólares, expliquen qué tecnología necesitan, qué metodología utilizarán, qué especialistas contratarán y por qué no recurren a capacidades técnicas y cooperación especializada que ya existen.

Porque, a este paso, no sabemos si quieren auditar unos audios o inaugurar un centro espacial de inteligencia artificial.

Yo puedo ofrecer una auditoría técnica por una fracción de ese presupuesto. Lo que no puedo ofrecerles es una herramienta informática que les resuelva el problema de las explicaciones políticas.

La tecnología puede analizar una grabación, identificar anomalías y aportar evidencias. Pero no puede responder por las decisiones de quienes gobiernan.

Bolivia no necesita que defiendan a los integrantes del entorno presidencial. Necesita que defiendan los intereses del Estado y de los ciudadanos.

La verdad no se determina por decreto, por conferencia de prensa ni por cantidad de dólares. Se demuestra con evidencia.