En las últimas semanas, Bolivia ha enfrentado una crisis de combustibles que ha afectado gravemente al sector del transporte y a la economía nacional. Las largas filas en las estaciones de servicio, el aumento en los precios de bienes y servicios, y las protestas de los transportistas pesados han puesto en evidencia la fragilidad del sistema de suministro de hidrocarburos del país. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación?
Para entender la crisis actual, es esencial remontarse a los años de hiperinflación de 1982 a 1985, un periodo que erosionó el patrimonio de las familias de ingresos medios y bajos, sumiendo a muchas en la pobreza. En respuesta, se implementó el Decreto Supremo 21060 como una medida de estabilización económica, marcando un punto de inflexión crucial para la economía boliviana. Entre 1986 y 1999, la fijación de los precios de los hidrocarburos, bajo las directrices de este decreto, se basó en precios de referencia internacionales, así como en los márgenes de transporte, refinación, comercialización e impuestos.
Entre 2000 y 2003, durante el periodo de privatización de refinerías, transporte y almacenamiento, las políticas de estabilización de precios de combustibles cobraron mayor relevancia dentro del marco regulatorio, permitiendo mantener casi inalterados los precios finales de la gasolina y el diésel. Durante este periodo, los precios en Bolivia eran mayores que los internacionales. Sin embargo, en 2004, se firmó un convenio para congelar los precios de los hidrocarburos, manteniendo esta política hasta finales de 2010.
Es fundamental destacar la disminución en la producción de gas y petróleo como consecuencia de la insuficiente inversión en exploración y mantenimiento de los yacimientos, que fue resultado de la eliminación de incentivos a las petroleras y el clima de inseguridad jurídica por las “nacionalizaciones” en el primer gobierno de Evo Morales. La falta de atención durante los años de bonanza ha llevado a una producción considerablemente menor en la actualidad, siendo una causa directa de la crisis de suministro.
Cuando el MAS advirtió que los precios internos estaban desfasados respecto a los internacionales y que la subvención generaba un déficit considerable, intentaron un ajuste drástico de precios en diciembre de 2010, casi duplicándolos. Sin embargo, este intento fracasó debido a la reacción negativa de la población, que vio cómo los precios de la canasta familiar también se duplicaron, lo que obligó al gobierno a revertir la medida en cuestión de días.
En agosto de 2004, con la promulgación del Decreto Supremo 27691, se congeló el precio del barril de petróleo en Bolivia, estableciéndolo en 27,11 dólares por barril en la refinería. Desde entonces, hasta 2024, el precio de los hidrocarburos no cambió significativamente, salvo el fallido intento de ajuste en diciembre de 2010. Este congelamiento, motivado por intereses políticos para mitigar el gran malestar social y asegurar la reelección del MAS, tuvo varias consecuencias. La subvención incentivó a las familias a adquirir vehículos, quintuplicando el parque automotor de 493.893 en 2004 a 2.470.622 vehículos en 2023. Además, fomentó el contrabando de hidrocarburos subvencionados a países vecinos.
El resultado fue un aumento exponencial en el costo de las subvenciones, pasando de 33 millones de dólares a 1.811 millones de dólares. Este incremento ha puesto una enorme presión sobre las finanzas del país, agravada por el continuo crecimiento del parque automotor. Tal vez una medida más razonable habría sido hacer un ajuste escalonado de 30 centavos por año desde 2006 y en estos momentos tener precios similares a los internacionales y no una gran subvención.
Los precios registrados en 2023 revelan una marcada disparidad en Bolivia. El litro de gasolina se cotiza a Bs. 3.74, notablemente inferior al precio internacional de Bs. 8.68. Del mismo modo, el precio del diesel en Bolivia es de Bs. 3.72, contrastando con los Bs. 8.88 del mercado internacional. Esta discrepancia subraya la transición crítica que enfrenta Bolivia, pasando de ser un exportador a potencialmente convertirse en importador de hidrocarburos. Este cambio aumenta la vulnerabilidad del país frente a las fluctuaciones de los precios globales y los problemas de suministro externo, exacerbando la crisis económica.
Recientemente, los transportistas pesados han estado bloqueando caminos, exigiendo que no haya desabastecimiento de combustible y que se solucione la escasez de diésel en ciertos periodos. Sin embargo, esta demanda es insostenible a mediano y largo plazo debido a la falta de reservas para financiar el déficit de hidrocarburos y abastecer el creciente parque automotor.
La motivación del gobierno para no ajustar los precios de los hidrocarburos es principalmente política. Un aumento de precios podría acabar con sus aspiraciones de reelección, y los opositores aprovechan esta situación para generar una percepción más negativa de la realidad. La incertidumbre resultante frena las inversiones y agrava la recesión económica.
En resumen, los precios de los hidrocarburos en Bolivia no reflejan la realidad de los costos de producción y comercialización. La subvención ya no es sostenible por la falta de recursos. La única salida viable es un aumento progresivo de precios, en el cual sectores económicos y la ciudadanía comprendan que no hay otra opción. Esta medida debe ser implementada de manera cuidadosa y después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2025, para evitar una crisis aún mayor.
La crisis de combustible en Bolivia no solo refleja un problema de suministro, sino también una necesidad urgente de revisar y ajustar las políticas energéticas y económicas para asegurar un futuro más estable y sostenible para todos los bolivianos.
