La Justicia ordenó seis meses de detención preventiva para Aldo Ismael Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y Julio César Porras, exfiscal antidroga, dentro de la investigación del denominado caso Roma. La determinación fue asumida por un juez cautelar el martes 17 de noviembre, después de una audiencia que se prolongó durante aproximadamente siete horas.
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Quezada deberá cumplir la medida en el centro de custodia penitenciaria de Patacamaya, mientras que Porras será recluido en el penal de San Pedro, ambos en el departamento de La Paz. La resolución establece un plazo de 180 días, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones.
Las defensas de los dos investigados anunciaron que apelarán la decisión judicial. La detención preventiva es una medida cautelar y no representa una sentencia condenatoria ni una declaración de culpabilidad por los hechos investigados.
¿Qué investiga el caso Roma?
El caso Roma está relacionado con el denominado Ecosistema ROMA, un sistema informático utilizado por el Ministerio Público para gestionar información y causas penales, implementado durante la gestión del exfiscal general Róger Mariaca.
La Fiscalía busca establecer si hubo irregularidades en el funcionamiento o manejo de esa plataforma y si determinadas actuaciones fiscales o judiciales favorecieron a personas presuntamente vinculadas con estructuras del narcotráfico.
Entre las líneas de investigación están las posibles manipulaciones del sistema, actuaciones irregulares en procesos penales y eventuales vínculos entre operadores de justicia y personas relacionadas con actividades ilícitas. También se indaga si algunas decisiones pudieron beneficiar al entorno de Sebastián Marset.
La investigación alcanza además al exfiscal general Róger Mariaca, quien, según la información proporcionada, permanece con detención preventiva en el penal de Cantumarca, en Potosí, dentro de otra investigación relacionada con presunta protección al narcotráfico.
Los delitos por los que son investigados Quezada y Porras
El Ministerio Público atribuye a Quezada y Porras los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
La imputación por tráfico de sustancias controladas apunta a establecer si existió alguna vinculación con actividades relacionadas con drogas. En cuanto a organización criminal, la Fiscalía busca determinar si los investigados habrían formado parte de una estructura organizada para cometer delitos.
Para solicitar la detención preventiva por seis meses, el Ministerio Público argumentó que existirían elementos sobre la probabilidad de autoría y riesgos procesales de fuga y obstaculización. También señaló que todavía quedan diligencias investigativas pendientes.
La imputación y la existencia de una medida cautelar no prueban por sí mismas la responsabilidad penal de los acusados. Esa determinación corresponde a las instancias judiciales competentes, conforme avance el proceso.
De la condena por el caso Maletas a una nueva investigación
La situación judicial de Quezada y Porras también está vinculada con otro proceso: el denominado caso Maletas. Sin embargo, se trata de dos investigaciones diferentes.
Entre el 11 y el 13 de noviembre, Quezada fue aprehendido por el caso relacionado con el ingreso de 32 valijas al aeropuerto internacional de Viru Viru. Porras también fue procesado dentro de esa causa.
Ambos se sometieron a un procedimiento abreviado, reconocieron su responsabilidad y recibieron una condena de tres años de prisión por el delito de organización criminal, de acuerdo con los antecedentes proporcionados.
Posteriormente, el 15 de noviembre, fueron nuevamente aprehendidos en Santa Cruz, esta vez por la investigación del caso Roma. El 16 de noviembre fueron trasladados bajo custodia policial a La Paz, donde se desarrolla este proceso.
Finalmente, el martes 17, después de la audiencia cautelar, el juez dispuso que permanezcan durante 180 días en los centros penitenciarios asignados.
¿Por qué pueden enfrentar otro proceso si ya fueron condenados?
La condena recibida en el caso Maletas no impide que Quezada y Porras sean investigados por otros hechos presuntamente delictivos. La diferencia está en el objeto de cada proceso.
El caso Maletas se refiere al ingreso irregular de 32 valijas al aeropuerto de Viru Viru en noviembre de 2025. En esa causa, ambos recibieron una sentencia mediante procedimiento abreviado.
El caso Roma, en cambio, indaga presuntas irregularidades en el sistema informático del Ministerio Público y posibles actuaciones de operadores de justicia que habrían favorecido a personas vinculadas con el narcotráfico.
Por tanto, la nueva detención preventiva responde a una investigación distinta y a hechos que deberán ser esclarecidos en ese proceso. No se trata de una ampliación automática de la condena del caso Maletas.
Las defensas anuncian apelaciones
Durante las actuaciones judiciales, la defensa de Porras cuestionó que su cliente sea relacionado con hechos delictivos por haber trabajado durante la gestión de Róger Mariaca.
Su abogado, Héctor Castellón, sostuvo que no existen pruebas de que el exfiscal haya traficado, transportado o suministrado sustancias controladas.
Las defensas rechazaron la determinación de detención preventiva y anunciaron que presentarán apelaciones. Esos recursos buscarán que una instancia judicial superior revise la decisión asumida después de la audiencia cautelar.
Mientras tanto, Quezada y Porras deberán cumplir los 180 días de detención preventiva en Patacamaya y San Pedro, respectivamente, mientras avanzan las diligencias del caso Roma.
El proceso deberá establecer si existieron irregularidades en el Ecosistema ROMA, cuál habría sido la participación de los investigados y si hubo actuaciones destinadas a favorecer a personas relacionadas con estructuras del narcotráfico. Hasta que exista una decisión judicial sobre el fondo del caso, ambos mantienen su condición de investigados y rige la presunción de inocencia.


