La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el Caso 13.546 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el 26 de julio de 2024, por violaciones de derechos humanos durante un operativo policial realizado en el Hotel Las Américas en 2009, en la ciudad de Santa Cruz. Este operativo resultó en la muerte de Michael Dwyer y otras dos personas, además de la detención de Elöd Tóásó, Mario Tadic, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes denunciaron haber sido torturados y sometidos a tratos inhumanos.
El 14 de abril de 2009, el Ministerio de Gobierno de Bolivia denunció ante la Fiscalía de La Paz delitos contra la seguridad interna del Estado. Dos días después, la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC) ingresó al Hotel Las Américas, efectuando detonaciones y disparos que terminaron con la vida de Dwyer y otras dos personas. Tóásó y Tadic fueron arrestados durante el operativo, mientras que Guedes y Mendoza fueron detenidos posteriormente, el 28 de abril.
En su Informe de Fondo 394/21, la CIDH determinó que el Estado boliviano es responsable por la falta de investigación adecuada y el esclarecimiento de los hechos que condujeron a la muerte de Michael Dwyer. Asimismo, concluyó que Tadic, Tóásó, Guedes y Mendoza fueron víctimas de tortura y detenciones arbitrarias, ya que no se les informó debidamente las razones de su detención ni fueron presentados ante una autoridad judicial de manera oportuna. También se constató la violación de sus garantías judiciales al ser trasladados a La Paz sin justificación legal y permanecer detenidos preventivamente por períodos prolongados.
La CIDH responsabilizó al Estado de Bolivia por violar los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, protección a la honra y dignidad, y protección judicial, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
Entre las recomendaciones de la CIDH al Estado boliviano, se incluyen la reparación de las violaciones de derechos humanos mediante compensación económica, la implementación de medidas de rehabilitación física y mental para las víctimas, y la realización de una investigación penal que cumpla con los estándares de debida diligencia y el Protocolo de Estambul en casos de tortura. Asimismo, se solicitó la adopción de programas permanentes de formación en derechos humanos para las fuerzas policiales, el Ministerio Público y la Judicatura.
La CIDH, como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA), tiene el mandato de promover la defensa y observancia de los derechos humanos en la región. Está conformada por siete miembros independientes que no representan a sus países de origen o residencia.
Artículo extraído con datos publicados en ERBOL
