La Fiscalía de Bolivia anunció este lunes que tomará “las precauciones correspondientes” para encontrar a la presunta víctima dentro de la investigación por trata de personas agravada en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019), ante las aseveraciones del exmandatario y su entorno de que la mujer no existe.
“Nosotros también vamos a tomar las precauciones correspondientes porque no puede ser que lo digan con tanta certeza y eso es lo que a nosotros como Ministerio Público nos preocupa, que digan con tanta certeza que la víctima no existe”, dijo a los medios la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien lleva el caso.
Gutiérrez reaccionó así ante las reiteradas declaraciones del exmandatario, sus abogados y parlamentarios afines, quienes aseguran que “no hay víctima” en este caso.
Morales reiteró el domingo durante un programa en la radio cocalera Kawsachun Coca que “si no hay víctima, no hay delito” y en este proceso “no hay víctima”, por lo que insistió en que el caso se abrió dentro de una “persecución” para evitar que sea candidato en las elecciones generales previstas para agosto.
La fiscal recordó que en un caso “mucho más grave aún” en 2023 se logró una sentencia por 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la pena máxima en la legislación boliviana, para un feminicida confeso, pese a no haber logrado encontrar el cuerpo de la víctima.
Gutiérrez mencionó un audio, cuya veracidad se desconoce, en el que “la víctima se declaró en la clandestinidad”.
También indicó que por eso se investiga el caso de presunta trata de personas en el que las víctimas son la joven con la que Morales presuntamente tuvo una relación cuando ella era menor de edad y la hija que tuvieron, cuyo paradero es desconocido desde el pasado 2 de octubre.
“Nos preocupa que salgan alegremente a decir, no solo Evo Morales, sino también sus abogados y asambleístas, que la víctima no existe. Eso les dejo para ustedes (los periodistas), ¿por qué aseguran con tanta certeza que la víctima no existe?”, insistió e indicó que la joven tiene “todas las garantías” para ser parte del caso.
Un tribunal declaró en rebeldía a Morales el 17 de enero, después de que el político no se presentó en dos ocasiones a una audiencia que debía resolver la acusación en su contra por trata agravada de personas, alegando enfermedad.
La Justicia también le prohibió salir del país, dispuso la anotación preventiva de sus bienes, la congelación de sus cuentas bancarias y que se emita un mandamiento de aprehensión contra el también exlíder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
En octubre la Fiscalía ya emitió una orden de captura, ante la cual los seguidores de Morales bloquearon carreteras durante 24 días para evitar su detención.
Además del caso en Tarija, en la región central de Cochabamba hay otras siete denuncias por presuntos abusos a menores contra el expresidente.
Morales no ha salido desde octubre del Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político, donde es resguardado por centenares de cocaleros y campesinos.
Los medios de las federaciones de cocaleros de la zona difundieron imágenes de algunas acciones que realizan los seguidores del exmandatario en su defensa, como la excavación de pozos para evitar el aterrizaje de aviones o helicópteros en la zona o el levantamiento de barricadas con palos de madera y sacos de arena.
El proceso judicial agrava la relación entre Morales y el presidente de Bolivia, Luis Arce, distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado y el control del MAS. EFE
