“La Tumba”: proponen administración civil para las cárceles de Bolivia
Ramiro Llanos Moscoso, exdirector nacional de Régimen Penitenciario, propone una administración civil especializada y plantea reformas para combatir la reincidencia, el hacinamiento y la corrupción...
La propuesta de construir en Bolivia una cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo de El Salvador abre el debate sobre quién debe administrar los recintos penitenciarios, cómo financiar nuevas infraestructuras y qué reformas necesita el sistema carcelario. Ramiro Llanos Moscoso, exdirector nacional de Régimen Penitenciario de Bolivia y especialista en temas penitenciarios, sostiene que el país debe avanzar hacia una administración civil especializada y dejar atrás el actual esquema de control policial.
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Durante una entrevista sobre la denominada cárcel “La Tumba”, Llanos afirmó que replicar el modelo salvadoreño no consiste únicamente en construir una prisión de alta seguridad. A su juicio, primero se debe definir quién estará a cargo de la administración, de dónde saldrán los recursos y qué personal asumirá las tareas de custodia y control.
Llanos propone que civiles administren las cárceles
El exdirector cuestionó que la Policía continúe a cargo de los centros penitenciarios y afirmó que sus efectivos no reciben la formación específica necesaria para administrar cárceles. También denunció hechos de corrupción relacionados con el ingreso de drogas, alcohol y otros elementos prohibidos a los recintos.
“Tenemos que hacer una carrera penitenciaria para formar a los penitenciaristas y a los de seguridad penitenciaria”, sostuvo.
Como alternativa, planteó crear un sistema de formación especializado para personal civil, con cursos de capacitación y apoyo de organismos internacionales. Según explicó, la seguridad penitenciaria debe convertirse en una profesión con preparación propia, diferenciada de las funciones policiales tradicionales.
Llanos también señaló que el Ejército no tiene atribuciones para asumir directamente esa responsabilidad y defendió la necesidad de definir qué institución estará a cargo de las nuevas cárceles.
Santa Cruz puede ser un referente, según Llanos
El especialista propuso tomar como referencia la experiencia del centro de rehabilitación de adolescentes Cenvicruz, en Santa Cruz, para desarrollar otros espacios penitenciarios con administración especializada.
Según explicó, ese modelo podría servir como punto de partida para ampliar la infraestructura y atender también a personas adultas reincidentes, con espacios diferenciados según el perfil de los internos y la gravedad de los delitos.
Su propuesta contempla un régimen progresivo con niveles de máxima seguridad y modalidades cerradas, semiabiertas y abiertas. La clasificación permitiría mantener mayores restricciones para quienes representen un riesgo elevado y ofrecer oportunidades de rehabilitación a quienes demuestren avances.
Llanos sostuvo que Santa Cruz podría liderar esa transformación y mencionó la posibilidad de habilitar inmuebles incautados para desarrollar nuevos espacios penitenciarios, siempre que se garantice la seguridad y se cuente con personal capacitado.
¿Cómo financiar las nuevas cárceles?
El financiamiento es otro de los desafíos que identificó el exdirector de Régimen Penitenciario. La construcción de nuevos recintos requiere recursos, planificación, supervisión de obras y procedimientos administrativos que pueden prolongar los plazos, señaló.
Durante la entrevista, planteó utilizar recursos provenientes del narcotráfico para financiar infraestructura penitenciaria y centros de rehabilitación. También hizo referencia a disposiciones legales relacionadas con el destino de bienes y fondos vinculados a ese delito.
Llanos propuso organizar los complejos penitenciarios en módulos con capacidad limitada y separados por categorías delictivas. Como referencia, mencionó unidades de alrededor de 450 personas, con el objetivo de distribuir a los internos según sus características y necesidades de seguridad.
Sin embargo, advirtió que construir cárceles no resolverá por sí solo los problemas del sistema. Para que el modelo funcione, insistió, se necesita una administración especializada y una estructura institucional capaz de mantener el control dentro de los recintos.
Reincidencia y disciplina penitenciaria
Llanos defendió una política firme frente a la reincidencia y sostuvo que Bolivia debe diferenciar entre las personas que pueden avanzar hacia la rehabilitación y aquellas que continúan cometiendo delitos.
Durante la entrevista, mencionó cifras sobre reincidencia y población penitenciaria, aunque no detalló una fuente estadística verificable para esos datos.
Su propuesta se basa en aplicar un régimen progresivo: quienes demuestren avances podrían acceder gradualmente a condiciones menos restrictivas, mientras que quienes reincidan o mantengan conductas violentas permanecerían bajo mayores niveles de control.
“En el mundo penitenciario se dice disciplina con amor”, expresó, al defender un sistema que combine reglas estrictas con oportunidades de rehabilitación.
El exdirector también cuestionó decisiones judiciales que, según afirmó, pueden interferir en la administración interna de los recintos y debilitar las medidas de seguridad. En ese contexto, mencionó una propuesta legislativa que, según dijo, busca delimitar la intervención del Órgano Judicial en asuntos administrativos penitenciarios.
Detención preventiva y retardación de justicia
La entrevista también abordó el hacinamiento carcelario, el uso de la detención preventiva y la demora en los procesos judiciales. Llanos reconoció que existen problemas en esta materia y defendió alternativas para las personas que enfrentan su primer proceso penal, siempre que las condiciones legales lo permitan.
Entre sus propuestas mencionó el uso de manillas electrónicas, garantes y mecanismos de control domiciliario para determinados procesados. Según explicó, estas alternativas podrían reducir la cantidad de personas recluidas preventivamente y los costos que asume el Estado.
El planteamiento, sostuvo, debe considerar la presunción de inocencia y diferenciar entre quienes enfrentan una primera acusación y quienes tienen antecedentes de reincidencia.
La aplicación de estas medidas requeriría un sistema de supervisión eficaz y una administración civil capaz de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la justicia.
La reforma penitenciaria va más allá de “La Tumba”
Para Ramiro Llanos Moscoso, el principal desafío de Bolivia no es únicamente construir una prisión similar a la de El Salvador, sino reformar de manera integral la administración penitenciaria.
Su propuesta incluye crear una carrera especializada, fortalecer la rehabilitación, clasificar a la población penitenciaria, revisar el uso de la detención preventiva y buscar nuevas fuentes de financiamiento.
El debate sobre la llamada cárcel “La Tumba” plantea así una pregunta central: ¿puede Bolivia mejorar la seguridad penitenciaria con una nueva infraestructura o necesita transformar primero las instituciones encargadas de administrar las cárceles?
Según Llanos, avanzar hacia un modelo civil especializado, con reglas claras y personal formado, permitiría abordar los problemas de seguridad, disciplina y rehabilitación que enfrenta el sistema penitenciario boliviano.
