Representantes de 37 instituciones de Bolivia advirtieron este jueves sobre los riesgos económicos y medioambientales de la ejecución de los contratos para la explotación de litio firmados con empresas extranjeras y pidieron al Legislativo abrir espacios de diálogo antes de su tratamiento y aprobación.
“Nos adherimos a las preocupaciones expuestas por instituciones especializadas e instamos a las autoridades y a los parlamentarios a abrir espacios de diálogo y concertación para tratar este tema de alto interés nacional, antes de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional, para evitar un daño irreversible para el país”, indica un comunicado suscrito por las instituciones.
“Los contratos (…) dejan el peso de los riesgos en el Estado boliviano, incluso con aplicación de penalidades”, añade el mensaje.
El representante de la Fundación Jubileo, José Carlos Solón, afirmó en una conferencia de prensa que el Estado boliviano “no se quedará con la mejor parte” de las utilidades que podrían generar los proyectos que están a cargo de empresas chinas y rusas.
Solón precisó que la ejecución de los proyectos para extraer carbonato de litio traerá para el país “fuertes impactos ambientales” por el uso de “grandes cantidades de agua”.
“Con esto se afectará a más de 15 comunidades, se van a afectar cuencas y microcuencas y los contratos no establecen cuáles son los niveles correctos de consumo de agua, no hay un análisis del impacto medioambiental”, explicó Solón.
Otra de las observaciones es que el Gobierno de Luis Arce no socializó los proyectos con los representantes de la región andina de Potosí, donde se encuentra el Salar de Uyuni, zona donde está la mayor reserva de litio del país.
“Se ha violado el derecho a la consulta libre e informada, nunca se ha desarrollado ningún proceso de consulta”, advirtió el representante de la Fundación Jubileo.
Autoridades del Gobierno se reunieron este jueves con la sociedad civil en la ciudad de Potosí para “explicar los alcances de los contratos del litio”, aunque desde varios sectores afirmaron que “ya es tarde para la socialización”.
Por su parte, un grupo de personas que están en contra de la explotación del litio marcharon por el centro de La Paz para exigir al Ejecutivo que se revoquen los contratos.
“Pedimos al Gobierno que anule esos contratos, de lo contrario van a ver en las calles al pueblo boliviano y vamos a bloquear las carreteras”, dijo a EFE una mujer aimara que marchaba con carteles en contra de las contrataciones.
El Gobierno boliviano firmó en 2023 acuerdos para la implementación de la tecnología EDL de extracción directa con las compañías chinas CATL BRUNP & MOC (CBC) y Citic Guoan y en 2024 con la empresa rusa Uranium One Group para el diseño y construcción de plantas de carbonato de litio, esta última invertiría cerca de 970 millones de dólares.
Para que se ejecuten los proyectos, la Asamblea Legislativa en pleno debe aprobarlos, aunque un contrato con la firma china CBC ya fue aprobado en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados.
Uyuni es el mayor salar boliviano, situado en la región de Potosí, con unos 10.000 kilómetros cuadrados y ubicado a más de 3.600 metros de altitud.
Según la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Bolivia posee la primera reserva mundial de litio al haber pasado de 21 a 23 millones de toneladas.
