El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, advirtió que Bolivia corre un riesgo real de ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), debido a la falta de una normativa con rango de ley que regule las técnicas especiales de investigación contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
Durante una conferencia de prensa, Montenegro responsabilizó a la oposición en la Asamblea Legislativa por no aprobar la ley 280, que buscaba restablecer el marco legal necesario tras la anulación de la ley 386 en 2021, a raíz de fuertes protestas sociales. El ministro explicó que, aunque Bolivia ha cumplido más del 90% de las 60 acciones recomendadas por el GAFI, la falta de esta normativa clave podría afectar negativamente el resultado de la evaluación que el organismo internacional hará pública en las próximas semanas.
“Este incumplimiento se debe a intereses políticos y falta de voluntad de una parte de la Asamblea. Se ha puesto en riesgo al país por no aprobar una ley esencial que blinde a Bolivia contra delitos financieros”, afirmó Montenegro.
Pamela Trucha, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), recalcó que ingresar a la lista gris implicaría mayor vigilancia internacional y presión para que se promulgue la normativa pendiente. También recordó que Bolivia ya estuvo en esa lista entre 2011 y 2013, y que salir de ella requirió esfuerzos significativos del entonces ministro de Economía, hoy presidente, Luis Arce.
Además, Montenegro denunció que los recientes bloqueos en Cochabamba han generado pérdidas millonarias al país, superando los 3.000 millones de dólares en gestiones anteriores, atribuyendo su motivación a sectores políticos que, según dijo, buscan desestabilizar al país para habilitar candidaturas inhabilitadas.
Finalmente, sostuvo que el Banco Central de Bolivia ya viene ejecutando operaciones para garantizar el flujo de pagos, en línea con la Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, desestimando rumores sobre renuncias o crisis en esa institución.
El gobierno espera que la próxima legislatura aborde con urgencia la aprobación de la ley requerida para evitar que Bolivia sea incluida en la lista gris, lo cual tendría consecuencias negativas para la economía y la reputación internacional del país.
