¿Cómo nos fue como país?
Bolivia cae en el índice de Estado de Derecho del World Justice Project del Banco Mundial; nuestro país cayó de 36.75 a 36.54 puntos, siendo la peor calificación en al menos una década.
El índice se compone de 8 factores y reúne a 44 indicadores.
A nivel comparativo, Bolivia tiene una calificación global comparable al Congo, Sudan y Etiopía, mientras que se encuentra por debajo de Paquistán, Irán y Uganda.
En cuanto a la calificación de la justicia civil boliviana, nuestro país se encuentra por debajo de Haití y Afganistán, y sólo por encima de Nicaragua, Camboya y Venezuela.
Por el lado de la ausencia de corrupción, Bolivia se encuentra por debajo de Venezuela y Kenia, sólo por encima de Camboya y la República Popular del Congo.
Los indicadores críticos, es decir, con peor calificación, y que deberán ser priorizados por el futuro gobierno son: justicia criminal libre de influencia gubernamental, justicia civil libre de corrupción, respeto al debido proceso en procesos administrativos, justicia a mano propia, debido proceso de la ley y los derechos de los acusados, difusión de las leyes y datos gubernamentales, el uso del poder judicial con fines personales, el uso del poder legislativo con fines personales, la impunidad de funcionarios gubernamentales y otros.
Comentario:
Bolivia sin ley: el precio institucional de dos décadas de gobierno socialista
Por Christian Aramayo Arce, economista experto en fortalecimiento institucional
Los datos son devastadores, pero no sorprendentes. El nuevo Rule of Law Index 2025 del World Justice Project —una medición respaldada por el Banco Mundial— confirma lo que los bolivianos sentimos a diario: el país se hunde en el colapso institucional más profundo de su historia. Bolivia cayó nuevamente en su calificación de Estado de Derecho, pasando de 36.75 a 36.54 puntos, su peor registro en al menos diez años. En términos prácticos, esto significa que la familia boliviana vive bajo un Estado donde la ley ya no protege, sino que castiga; donde el poder no administra justicia, sino que la utiliza como arma política.
El socialismo destruyó la economía, pero su crimen más grave fue destruir la confianza. Si el nuevo gobierno quiere realmente cambiar el rumbo, se debe restituir la justicia como cimiento de la República, no como instrumento del poder; las señales públicas del Presidente electo y del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia son esperanzadoras al convocar a un encuentro en los primeros días del gobierno de Paz, la labor será titánica para dejar atrás la pesadilla que significaron las dos décadas perdidas para el Estado de Derecho en Bolivia.
