El exministro de Defensa Reymi Ferreira debía declarar este miércoles 18 de noviembre ante la Fiscalía, en calidad de investigado por el denominado caso Radares. Sin embargo, el Ministerio Público reprogramó su comparecencia para el jueves 26 de noviembre, luego de que el exministro presentara un memorial para solicitar que las notificaciones sean realizadas en su domicilio real y no en el domicilio procesal registrado en el expediente.
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La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adquisición e implementación de 13 radares civiles y militares mediante el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA), un proyecto contratado con la empresa francesa Thales durante el gobierno de Evo Morales.
Ferreira fue ministro de Defensa durante esa administración y, según los antecedentes de la denuncia, suscribió el contrato original y las dos primeras adendas modificatorias. La Fiscalía busca establecer si las decisiones adoptadas durante su gestión tuvieron relación con las irregularidades que se investigan.
La citación en calidad de investigado no significa que Ferreira haya sido declarado culpable. Tampoco implica, por sí misma, que exista una orden de aprehensión en su contra.
Un contrato de 191 millones de euros bajo investigación
El contrato original para la adquisición e implementación del sistema de radares superó los 191 millones de euros. El proyecto contemplaba la instalación de 13 equipos civiles y militares, además de centros de control, sistemas de comunicación, software, obras civiles, capacitación y transferencia tecnológica.
La contratación se realizó bajo la modalidad llave en mano. El plazo inicial de ejecución era de 31 meses, pero las modificaciones contractuales extendieron el periodo hasta 98 meses, de acuerdo con los antecedentes de la denuncia y los reportes sobre el caso.
El presunto daño económico al Estado supera los Bs 1.478 millones, según los datos consignados en los antecedentes de la investigación. Esa cifra forma parte de los elementos que deberán ser examinados durante el proceso y no constituye, por sí sola, una determinación judicial de responsabilidad.
Los delitos investigados son contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes e incumplimiento de contratos.
Solo dos radares funcionaban sin observaciones
Uno de los puntos centrales del caso es el estado en el que se encontraban los equipos adquiridos. De acuerdo con una auditoría interna citada por el Ministerio de Defensa, de los 13 radares contratados, solamente dos funcionaban sin observaciones.
El informe identificó problemas en otros nueve equipos y estableció que dos estaban fuera de servicio.
Estado de los 13 radares
2 Funcionaban sin observaciones
9 Presentaban problemas
2 Fuera de servicio
Fuente: auditoría interna citada por el Ministerio de Defensa, según los antecedentes proporcionados.
Estas observaciones son parte de los elementos que deben ser analizados para determinar si los equipos fueron entregados conforme a las especificaciones técnicas y si los pagos realizados correspondieron a los resultados efectivamente obtenidos.
Cuatro exministros aparecen en la denuncia
La investigación alcanza a cuatro exministros de Defensa que participaron en distintas etapas del proyecto durante los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez y la administración de Luis Arce.
Reymi Ferreira, durante el gobierno de Evo Morales, firmó el contrato original y las dos primeras adendas. Su declaración fue reprogramada para el 26 de noviembre.
Javier Zavaleta, también durante el gobierno de Morales, suscribió la tercera y cuarta modificaciones contractuales. Se presentó ante la Fiscalía el 16 de noviembre, pero su declaración también fue reprogramada.
Luis Fernando López, ministro durante el gobierno de Jeanine Áñez, firmó la quinta adenda modificatoria del contrato.
Edmundo Novillo, durante el gobierno de Luis Arce, suscribió modificaciones posteriores. Fue aprehendido y posteriormente obtuvo detención domiciliaria.
La participación de cada exautoridad debe ser examinada de acuerdo con las decisiones y documentos correspondientes a su periodo de gestión. La firma de modificaciones contractuales o la inclusión en una denuncia no determina automáticamente responsabilidad penal.
Un general fue aprehendido tras declarar
El 16 de noviembre fue aprehendido el general de la Fuerza Aérea Boliviana Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, quien se desempeñó como coordinador general de la Unidad Ejecutora del proyecto SIDACTA.
La aprehensión se produjo después de que prestara declaración ante la Fiscalía. Una auditoría interna lo señaló como presunto responsable de irregularidades en la contratación y modificación del proyecto.
El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva para el militar. Su situación se enmarca en la investigación sobre las decisiones administrativas y técnicas vinculadas con la ejecución del sistema de radares.
Las cinco preguntas que deberá responder Ferreira
La declaración del exministro puede aportar información sobre las primeras etapas del proyecto, especialmente porque durante su gestión se suscribieron el contrato original y las dos primeras adendas.
Entre los aspectos que la Fiscalía deberá esclarecer están:
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¿Qué razones justificaron las dos primeras modificaciones del contrato y quiénes respaldaron esas decisiones?
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¿Cuál era el avance real del proyecto cuando Ferreira dejó el Ministerio de Defensa?
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¿Los radares y centros de control fueron recibidos de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas?
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¿Qué instancias verificaron el funcionamiento de los equipos antes de autorizar los pagos?
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¿Por qué un proyecto previsto inicialmente para ejecutarse en 31 meses terminó extendiéndose a 98 meses?
También será importante establecer si las modificaciones respondieron a necesidades técnicas justificadas o si derivaron en perjuicios económicos para el Estado.
Por ahora, la declaración de Ferreira quedó fijada para el 26 de noviembre. Su comparecencia será una nueva etapa de una investigación que busca establecer cómo se contrató, modificó y ejecutó un proyecto millonario que debía fortalecer el control del espacio aéreo boliviano.


