Bolivia enfrenta una combinación poco envidiable de problemas: caída del Producto Interno Bruto (PIB), inflación elevada, déficit fiscal creciente, reservas internacionales en mínimos, un tipo de cambio fijo insostenible, escasez de combustibles, instituciones colapsadas y una sociedad polarizada y cansada de la crisis. Más del 80% de la población activa se refugia en el sector informal, sin acceso a redes de protección estables. El diagnóstico es claro: para restaurar los equilibrios macroeconómicos básicos será necesario un ajuste clásico, inevitable y probablemente severo.
Las medidas que se vislumbran son conocidas: recortes significativos del gasto público, una posible reforma tributaria y la racionalización total o parcial de subsidios, especialmente a los hidrocarburos. Esto, de manera inevitable, elevará los precios. A ello se sumará una política monetaria más contractiva para contener la inflación y la transición hacia un tipo de cambio flexible, con una probable devaluación del boliviano que aumentará las presiones inflacionarias. En paralelo, se requerirán reformas estructurales para mejorar el clima de negocios, atraer inversión, liberalizar exportaciones, diversificar la matriz productiva y sanear el sistema financiero.
Estas medidas son técnicamente racionales, pero su aplicación sin una estrategia de amortiguación social efectiva podría generar tensiones capaces de paralizar la transición. La experiencia internacional demuestra que los ajustes exitosos no solo dependen de la solidez macroeconómica, sino también de la capacidad para construir puentes sociales que permitan cruzar el río del ajuste sin que la corriente lo arrastre todo. En un contexto de restricciones fiscales, la estrategia debe apoyarse en recursos internos, cooperación internacional y ser radicalmente descentralizada. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la propia ciudadanía deben convertirse en pilares. La acción del Estado debe ser mínima y puntual. La banca privada y las microfinancieras, con su experiencia en microcréditos, pueden renegociar deudas y ofrecer capital de trabajo de emergencia. ONG, gremios y empresas pueden brindar asistencia técnica inmediata en gestión de costos, fijación de precios y uso de herramientas digitales. Plataformas nacionales de comercio electrónico pueden conectar productores y consumidores sin intermediarios, reduciendo costos y mejorando ingresos.
El Estado debe concentrarse en garantizar derechos, seguridad jurídica y simplificación burocrática, actuando como coordinador transparente de recursos. Todo ahorro derivado de la lucha contra la corrupción y todo ingreso adicional de la cooperación internacional debe destinarse a financiar estos mecanismos. Existen experiencias internacionales que pueden adaptarse a Bolivia: microseguros de salud como el modelo keniano M-TIBA, que permite ahorrar y pagar servicios médicos en cuotas mínimas mediante el celular; clínicas móviles mixtas, como en India y en la red de Médecins du Monde, que brindan atención primaria, vacunación y control de enfermedades crónicas con cofinanciamiento empresarial y municipal; bancos de alimentos con logística privada, inspirados en Mesa Brasil SESC, que rescatan excedentes de supermercados e industrias para abastecer comedores populares; canastas de inflación protegida, como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía en México, que congela precios de productos básicos durante meses; transferencias digitales condicionadas, como el Kartu Prakerja en Indonesia, que entrega bonos temporales a desempleados que completen capacitación laboral; fondos rotatorios comunitarios como en Filipinas, que ofrecen micropréstamos de emergencia gestionados por cooperativas con apoyo empresarial; microfranquicias sociales como en Colombia, que entregan pequeños negocios listos para operar junto con capacitación y suministro inicial; mercados móviles a precio justo, usados en Brasil y Argentina para vender directamente del productor al consumidor; y la reactivación de un Fondo Social de Emergencia similar al boliviano de los años 80, destinado a obras de infraestructura escolares, de salud y comunitarias con financiamiento público-privado y cooperación internacional.
De manera concreta, en el corto plazo, podrían incrementarse en un 15% por 12 meses las transferencias como el Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy y la Renta Dignidad para compensar el aumento de gasolina y la inflación. Se podría crear un bono temporal para jóvenes durante dos años, para facilitar su inserción laboral y promover el emprendimiento. Otras acciones incluyen expandir bancos de alimentos, reforzar los desayunos escolares, promover billeteras digitales y microahorros con educación financiera práctica. En salud, además de los microseguros, clínicas móviles y alianzas con farmacias podrían ofrecer medicamentos genéricos a precios accesibles. En ingresos, kits productivos y microfranquicias para generar autoempleo rápido.
La escasez de divisas podría mitigarse parcialmente mediante el uso de stablecoins ancladas al dólar para proteger ahorros y facilitar transacciones. Si el Banco Central de Bolivia recupera credibilidad con disciplina fiscal, tipo de cambio flexible y reservas sólidas, podría evaluarse una moneda digital nacional respaldada en dólares. En definitiva, el éxito del ajuste dependerá de que la estabilización económica no destruya el tejido social. Resistir el impacto inicial, mantener la gobernabilidad y sentar las bases para que el sector privado genere empleo serán las mejores políticas sociales de mediano plazo. Porque en economía, como en navegación, no basta saber hacia dónde va el barco: hay que asegurarse de que todos tengan chaleco salvavidas para llegar a puerto.
En este artículo nos concentramos en las políticas públicas para atenuar el ajuste. Que quede absolutamente claro que se necesita medidas económicas integrales en términos fiscales, monetarios, de tipo de cambio. Este es un menú que debería invitarnos al debate y la creatividad, pero el mensaje es claro no hay éxito económico sino se piensa en el equilibrio político y en el impacto social.
