Una reciente denuncia ha salido a la luz, involucrando a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) y a un exdirigente de organizaciones interculturales en presuntos actos de corrupción. La acusación detalla que el dirigente se habría adjudicado de manera irregular dos contratos para el cultivo de maíz en el norte de La Paz y en San Borja, Beni, los cuales resultaron en la pérdida total de la cosecha debido a supuesta negligencia.
Según la denuncia, presentada por el diputado Héctor Arce, la empresa en cuestión, Tejeser SRL, está vinculada al exdirigente de las federaciones de comunidades interculturales, Elías Tejerina. Los contratos ascendían a más de Bs 8 millones y, de acuerdo con el diputado, la empresa habría cobrado un trabajo no realizado, alegando que la cosecha se perdió por “inundaciones y el pie de la producción”, a pesar de que “no llovió, había avasallamientos y los bloqueos”. Se han iniciado procesos penales contra el empresario.
Este nuevo caso se suma a una serie de denuncias por corrupción que pesan sobre la institución estatal. Recientemente, la Fiscalía ha abierto investigaciones contra el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, y otros exfuncionarios por delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. El Viceministerio de Transparencia presentó la denuncia, señalando contradicciones financieras y depósitos bancarios de altas sumas de dinero que no se condicen con sus ingresos.
Además, en otro caso distinto, al menos siete funcionarios de la sede central de EMAPA en La Paz han sido investigados y algunos aprehendidos por presunto enriquecimiento ilícito, con depósitos de dinero que superan el medio millón de bolivianos en una sola transacción. Estos hechos demuestran un patrón de irregularidades que las autoridades de justicia están investigando.
El Gobierno Nacional, a través de sus instancias de Transparencia, ha reafirmado su compromiso con la lucha contra la corrupción, impulsando las denuncias correspondientes y asegurando que se llevarán a cabo auditorías para esclarecer todos los hechos y determinar el daño económico al Estado.
