La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) detuvo el pasado domingo 21 a Elba Terán González, de 41 años, en el municipio de Villa Tunari, tras hallar diez kilos de cocaína en un operativo realizado en la zona de Chipiriri, corazón del Chapare cochabambino. El procedimiento se efectuó alrededor de las 18:30, cuando los efectivos interceptaron una vagoneta Nissan dorada con placa 3028-TPS. El conductor huyó al percatarse de la presencia policial, mientras que la acompañante, identificada como Terán, quedó aprehendida después de que los agentes encontraran en la maletera dos bolsas de yute con diez paquetes de cocaína base tipo “galleta”. El cargamento y el vehículo fueron secuestrados como parte de las investigaciones.
El nombre de Elba Terán no es ajeno a los expedientes judiciales ni a las páginas policiales. Hermana de Margarita Terán, dirigente cocalera de las Seis Federaciones del Trópico y una de las personas de mayor confianza de Evo Morales, acumula un largo historial vinculado al narcotráfico y delitos conexos. En 2008 fue arrestada junto a su esposo y su hermana Juana, cuando en su vivienda se hallaron 147 kilos de cocaína. Aunque permaneció casi 100 días detenida, recuperó la libertad en medio de cuestionamientos sobre la solidez de la investigación.
Doce años después, en 2020, cayó nuevamente en Santa Cruz portando una cédula falsa a nombre de “Amanda Guzmán”, por lo que fue procesada por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. Ese mismo año fue condenada a 15 años de cárcel por tráfico de drogas, sentencia que nunca se cumplió a cabalidad y que hoy genera serias dudas sobre el sistema de justicia y la aparente red de protección política y sindical que la rodeaba. En 2021, además, se produjo el allanamiento y secuestro de ocho inmuebles pertenecientes a la familia Terán, investigados por legitimación de ganancias ilícitas.
La detención de esta semana ha vuelto a encender las alarmas en el Chapare, región clave para la producción de coca legal, pero también señalada como epicentro de la transformación y salida de cocaína hacia mercados internacionales. Tras el operativo, los vecinos del Sindicato Chipiriri reaccionaron con petardos y muestras de hostilidad contra los uniformados, obligando a la FELCN a evacuar rápidamente a la detenida para evitar incidentes mayores. Este ambiente de tensión refleja la compleja relación entre la economía local, el poder de los clanes familiares y la presencia policial en una zona donde la frontera entre lo legal y lo ilícito es difusa y donde la influencia política de las organizaciones cocaleras es determinante.
El caso Terán se suma a una cadena de episodios que en los últimos diez años han involucrado a altos mandos de la seguridad del Estado y autoridades vinculadas al gobierno en tramas de narcotráfico. En 2011, René Sanabria, excomandante de la FELCN y asesor ministerial, fue arrestado en Panamá y extraditado a Estados Unidos, donde fue condenado por enviar cocaína en contenedores marítimos. En 2022, Maximiliano Dávila, conocido como “El Macho”, también exjefe antidrogas durante la gestión de Evo Morales, fue detenido en La Paz y actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos por conspiración para traficar cocaína. En medio de este panorama, resurge también el recordado “caso Dorado”, que estalló en noviembre de 2010 tras un informe de inteligencia de la FELCN y un reportaje de la revista Veja. Allí se vinculó al entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y a la ex Miss Bolivia Jessica Jordan, quienes supuestamente habrían salido de la casa del narcotraficante brasileño Maximiliano Dorado Muñoz Filho cargando dos maletas con dinero. La investigación por legitimación de ganancias ilícitas incluyó además al colombiano Jhon Wilson Díaz Vélez y a la ciudadana Claudia Liliana Rodríguez Espitia. Todos estos episodios han debilitado la credibilidad institucional y han reforzado la percepción de que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia se encuentra atravesada por complicidades internas.
El arresto de Elba Terán pone nuevamente en debate la fortaleza del sistema judicial y la eficacia del Estado para enfrentar el narcotráfico en una de sus zonas más sensibles. Analistas advierten que los clanes familiares en el Chapare no solo han tejido redes económicas y políticas sólidas, sino que además operan bajo la sombra de una legitimidad sindical que les permite blindarse frente a la acción policial y judicial. El hecho de que Terán, pese a una condena de 15 años, estuviera libre para reincidir en el mismo delito, alimenta las críticas sobre la falta de independencia de la justicia, el peso del poder cocalero en la región y el debilitamiento de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico.
En un paralelo inquietante al caso Terán, figura Sebastián Enrique Marset Cabrera, narcotraficante uruguayo líder del llamado Primer Cártel Uruguayo (PCU), quien desde 2018 residiría en Bolivia y logró tramitar al menos tres identidades distintas: una cédula de extranjero con su nombre real, otra bajo el alias Gabriel de Souza Beumer con certificado de nacimiento boliviano falso, y una tercera identidad como Luis Amorim Santos. Marset escapó de un operativo policial en julio de 2023, denunciando que fue advertido por altos mandos de la FELCN y que le dieron tiempo para huir. De forma similar, en septiembre de 2025 se abrió una investigación preliminar contra Sérgio Luis de Freitas Filho, alias Mijão, presunto líder del grupo brasileño Primer Comando Capital (PCC), quien al parecer reside en Bolivia bajo identidad falsa. Estos casos llaman la atención no sólo por la magnitud de los delitos atribuidos, sino por la forma en que se han utilizado documentos legales e ilegales, procedimientos irregulares en registro de identidad y posibles advertencias internas que permitieron fugas antes de que la justicia actuara.
El Ministerio Público imputará a Terán por tráfico de sustancias controladas y se prevé que el caso derive en una revisión de sus antecedentes y de la ejecución de sentencias pasadas. Sin embargo, voces críticas ya anticipan que, sin una reforma profunda en el sistema judicial y sin un compromiso real del Estado para desmontar las redes de protección política y sindical, este nuevo capítulo terminará como los anteriores: en el archivo de casos emblemáticos que nunca llegaron a sentencia firme ni generaron cambios estructurales en la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.
