Cada comienzo de periodo académico, organizo con estudiantes de la carrera de Ciencia Política y Administración Publica, un sondeo de percepción ciudadana sobre la situación de la administración de justicia. Desde hace años, los resultados repetidos reflejan que nuestra justicia no es confiable, que existen corrupción, retardación, injerencia política, y problemas de acceso a la justicia, entre otros.
Cuando se consulta sobre medidas que deberían aplicarse para mejorar la administración de justicia, este año las respuestas más frecuentes han sido que se aplique mano dura contra la corrupción, crear más juzgados y cambiar la forma de elección a magistrados. Sin embargo, otras respuestas que nos sorprendieron estuvieron referidas a la demanda de digitalizar procesos, tecnología y segmentos de la población también refieren que se debe mejorar la formación de los abogados.
Para balancear la crítica e identificar soluciones acordes con la situación debemos partir de la realidad. Uno de esos aspectos está referido a la recarga procesal de los jueces. En promedio los jueces del eje central de nuestro país (Santa Cruz, Cochabamba y La Paz) atienden de 1500 a 1800 procesos al año (fuente Bolivia Verifica) casi el triple de cantidad de procesos comparados con otros países de la región. Pero también existen estadísticas que señalan la existencia de juzgados en otras regiones que tienen una carga muy disminuida en términos comparativos.
Un dato muy ilustrativo es el de la Provincia y Municipio de Warnes que tiene un solo juzgado civil, un juzgado mixto y un juzgado cautelar, es decir tres jueces para alrededor de 170 mil habitantes. España, tiene una media de 11 a 12 jueces por cada 100.000 habitantes. Países latinoamericanos como México tienen 5.5 jueces por cada 100.000 habitantes, y otros como Costa Rica, tienen abundancia, esto es 25 jueces por esa cantidad de habitantes. Warnes, debiera tener como mínimo el doble de juzgadores.
Entonces es posible concluir que el acceso a la justicia, la retardación de justicia e incluso la corrupción están muy vinculados con la falta de jueces, su mala distribución y por supuesto la insignificante asignación presupuestaria al órgano judicial que no llega al 0.5% del PGE. Como primera medida, es necesario efectuar un balance del conflicto, que consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, con el propósito de alcanzar estándares internacionales.
Por otro lado, es urgente promover acciones pedagógicas que permitan a nuestra población evitar desbordes de conflictos que pueden ser resueltos con una cultura ciudadana afirmada en la tolerancia, el dialogo y/o mediación (un alto % de las denuncias que ingresan a la FELCC, comisarias, u otras instancias están referidas a cuestiones menores que luego atosigan juzgados). Para ello el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje apuntalados desde las universidades y los municipios es una acción estratégica.
El referéndum impulsado por juristas independientes, planteó una pregunta central al respecto: ¿Usted está de acuerdo con la reforma parcial de la Constitución Política del Estado para incluir un artículo que instituya la Justicia y Juzgados de Paz en los barrios de las ciudades del país que resuelvan los conflictos menores que no tengan un carácter declarativo de derechos? En resumen, estos son los Juzgados de Paz. Convertir en política pública y ejecutar esta propuesta es cuestión de voluntad y coordinación entre niveles e instituciones, entre las que además del órgano judicial pueden intervenir municipios y universidades.
Concluyo esta primera mirada, expresando expectativas sobre las definiciones en la nueva cumbre judicial instalada en un ambiente remozado y que promete posibles nuevos días para la justicia. Sin embargo, para garantizar la independencia judicial, ampliar su espectro, dotarla de tecnología e incluso fortalecer mecanismos alternativos, es necesario garantizar que en la Constitución Política del Estado se encuentre garantizado un presupuesto en favor de la administración de justicia, que no sea inferior al 3% del PGE. Por otro lado, con mayor nivel de urgencia, por su trascendencia, urge recuperar el Tribunal Constitucional como guardián de la CPE y no como herramienta de aniquilamiento de la convivencia y seguridad jurídica de nosotros, los bolivianos.
