Comités cívicos exigen aprehensión de Evo, estado de excepción sectorizado y ley antibloqueos

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, emitió este jueves un pronunciamiento en representación del Movimiento Cívico Nacional, en el que los comités cívicos del país exigieron la aplicación de un estado de excepción sectorizado, la aprobación de una ley antibloqueos y la ejecución de la orden de aprehensión contra Evo Morales.

En el documento, los comités cívicos señalaron que Bolivia atraviesa “28 días de bloqueos” que, según afirmaron, están generando afectaciones económicas, problemas de abastecimiento y perjuicios a distintos sectores productivos.

Los representantes cívicos sostuvieron que el presidente Rodrigo Paz Pereira “no debe ceder ante el chantaje” y pidieron que el Gobierno utilice “todos los recursos legales vigentes” para restablecer el orden y garantizar la circulación en las regiones afectadas por las movilizaciones.

Como una de sus principales demandas, solicitaron la aplicación inmediata de un estado de excepción sectorizado en las zonas donde persisten conflictos y bloqueos.

Asimismo, demandaron a la Asamblea Legislativa la aprobación de una ley antibloqueos que tipifique estas acciones como delitos contra la seguridad nacional, además de una norma de resarcimiento económico para reparar los daños ocasionados al aparato productivo, la propiedad privada y la infraestructura.

“Quien atenta contra el sustento del boliviano deberá asumir la responsabilidad legal y financiera de sus actos”, señala parte del pronunciamiento.

Durante la reunión también se planteó la necesidad de implementar un “plan de salvación nacional” orientado a garantizar la producción y la seguridad alimentaria en el país.

Otro de los puntos centrales fue el pedido dirigido a la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno para ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales.

“Exigimos que la ley se aplique sin cálculos políticos”, manifestaron los representantes cívicos, quienes además afirmaron que la impunidad frente a hechos de violencia y desestabilización “es un ataque directo al Estado de derecho”.