Constitucionalista explica las claves del fallo en el caso Maletas
Fabricio Góngora explica cómo los sentenciados en el caso Maletas evitaron cárcel con procedimiento abreviado y suspensión condicional.
El abogado constitucionalista Fabricio Góngora explicó las razones por las cuales los primeros sentenciados en el caso Maletas, entre ellos el ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, evitaron la cárcel al acogerse a un procedimiento abreviado y a la suspensión condicional de la pena.
Dos personas vinculadas al caso Maletas han sido sentenciadas tras acogerse a un procedimiento abreviado que evitó su ingreso a un centro penitenciario. Entre ellos, el ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quesada, recibió una sentencia de tres años de prisión, pero no cumplirá pena privativa de libertad, explicó el abogado constitucionalista Fabricio Góngora.
Fabricio Góngora detalla motivos y consecuencias de las sentencias
Góngora aclaró que este procedimiento implica que el imputado acepta su culpabilidad, colaborando con la justicia para evitar un juicio largo y complicado. En ese marco, el fiscal propone una sentencia atenuada y el juez puede otorgar la suspensión condicional de la pena, siempre que la condena no exceda los tres años.
El especialista detalló que, bajo este beneficio, los sentenciados no ingresan a prisión pero registran antecedentes penales y tienen prohibido ejercer cargos públicos durante la pena. En el caso de Quesada, esta restricción durará tres años, aunque sí podría desempeñarse en actividades privadas, incluyendo la abogacía.
Respecto a otras acusaciones de tráfico de sustancias controladas y confabulación, Góngora señaló que las imputaciones fiscales son provisionales y pueden modificarse a lo largo del proceso. Además, consideró que no responder públicamente sobre esas acusaciones podría deberse a negociaciones internas para resolver el caso.
El abogado enfatizó que la aceptación de culpa implica renunciar a la etapa de juicio oral y apelación, haciendo que la sentencia sea definitiva y difícil de impugnar. Asimismo, remarcó la ausencia de una víctima denunciando y que el caso fue abierto de oficio dadas sus implicaciones políticas.
Finalmente, Góngora manifestó que este desarrollo refleja problemas estructurales en la justicia boliviana que no son exclusivos de la presente administración. También criticó la eliminación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, órgano que podría haber promovido políticas para mejorar el sistema judicial.


