El representante multisectorial, Leonel Cóndor, manifestó que la movilización ciudadana cumplió con los objetivos de convocatoria previstos por las organizaciones sociales, a pesar de las restricciones y perjuicios ocasionados por la falta de transporte público en los traslados hacia el centro paceño. La autoridad gremial precisó que la entrega física de la correspondencia ante la oficina de la presidencia del Estado tiene como finalidad canalizar de manera institucional las demandas populares frente a la actual coyuntura del país.
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Solicitud de estado de excepción y encarecimiento de alimentos
Al evaluar la situación interna del departamento de La Paz, Cóndor la calificó como crítica debido al aislamiento vial que sufre la región. El representante justificó la necesidad de implementar un estado de excepción de forma inmediata bajo el argumento de que el desabastecimiento mantiene a la población en una situación de asfixia y vulnerabilidad alimentaria.
El dirigente explicó que este escenario se refleja de forma directa en los mercados locales. “La situación es crítica propiamente al departamento de La Paz, está asfixiada, está ahogada en este momento por el tema de que no existe alimentos para poder comer”, detalló textualmente el dirigente, añadiendo que la escasez ha provocado que el costo de los almuerzos básicos se eleve hasta los 35 y 40 bolivianos, en comparación con las tarifas habituales que oscilaban entre los 15 y 20 bolivianos.
Ley antibloqueos y el riesgo de fuga empresarial
Consultado sobre las repercusiones financieras de las movilizaciones carreteras, el titular de la organización multisectorial fundamentó la urgencia de redactar y aplicar una normativa antibloqueos debido al impacto negativo que estas medidas de presión ejercen sobre el sector productivo y laboral.
Cóndor advirtió sobre el peligro latente de que diversas compañías decidan retirar sus capitales e inversiones de las urbes de La Paz y El Alto ante la inestabilidad social. “Hay muchas empresas que quieren huir de La Paz, que quieren huir de El Alto por el tema de esto, de que siempre hay marchas, siempre hay bloqueos y no dejan trabajar como corresponde”, afirmó, puntualizando que el departamento corre el riesgo de perder una cantidad considerable de fuentes de empleo estables debido a la persistencia de las protestas.
Ejecución de aprehensiones e intervención institucional
Respecto a la situación jurídica del expresidente Evo Morales, el dirigente confirmó que el cabildo solicitó formalmente y por unanimidad el cumplimiento de las determinaciones emitidas por los órganos judiciales del Estado, demandando igualdad de condiciones ante la normativa vigente.
“Hay mandamientos de aprehensión que deben ejecutarse, también mencionar que la justicia tiene que cumplir su rol, entonces no hay aquí ciudadanos de primera ni de segunda”, argumentó el representante. De igual forma, Cóndor instó a la complementación de las labores entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para intervenir ante la presencia de grupos radicales en las zonas de conflicto.
Alerta ciudadana y convocatoria a comités cívicos
Finalmente, ante el anuncio del arribo de delegaciones campesinas y de juntas vecinales a la sede de gobierno, el presidente del comité instó a la población y a los dueños de locales comerciales a tomar prevenciones logísticas para evitar enfrentamientos físicos, solicitando al primer mandatario la aplicación de mano dura frente a las protestas.
Para concluir el reporte, Cóndor invitó a las dirigencias de otras capitales bolivianas a sumarse a las dinámicas de cabildos programadas para las próximas jornadas. “Este viernes va a haber en Cochabamba, va a haber en Oruro, esperemos que Santa Cruz también. Al Comité Cívico pro Santa Cruz de El Alto le hago un llamado de que de una vez hay que demostrar que Bolivia está molesta”, finalizó el dirigente, enfatizando que las concentraciones representan el mecanismo idóneo para manifestar el rechazo de la población a los cortes de rutas.
