El analista político Franklin Pareja sostuvo que el levantamiento de los bloqueos en el país deja un balance marcado por la pérdida social, económica e institucional, y advirtió que no puede interpretarse como un escenario de victoria para ningún sector político o social.
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En entrevista, señaló que si bien existe alivio en las regiones afectadas como La Paz, El Alto y zonas aledañas tras la normalización del tránsito, el impacto del conflicto es profundo y de carácter irreversible.
“Todos los bolivianos yo creo que tenemos sentimientos encontrados. Es un alivio que te liberen de un secuestro de más de un mes”, afirmó, aunque remarcó que “no es de recibo pensar que aquí hay victorias, aquí lo que hay es una derrota monumental para el país”.
Más de 20 muertes y daño estructural
Pareja advirtió que las consecuencias del conflicto no pueden revertirse, al señalar que existen más de 20 personas fallecidas durante las semanas de bloqueos.
“Todo lo que se ha producido es irreversible. Hay más de 20 muertes. Eso no lo paga nadie”, sostuvo.
Añadió que el aparato productivo del país quedó debilitado como resultado de las medidas de presión prolongadas, lo que agrava el impacto económico y social del conflicto.
En ese marco, consideró que la situación obliga a una reflexión profunda sobre el modelo de país y la forma en que se gestionan las crisis políticas y sociales.
Crítica a la representación política
El analista cuestionó que una parte del país intente definir el rumbo nacional en contextos de conflictividad, al considerar que ello profundiza las tensiones institucionales.
Señaló que Bolivia no puede sostener una dinámica en la que sectores específicos pretendan imponer decisiones sobre el conjunto de la población.
En esa línea, afirmó que en el país se han instalado narrativas de confrontación que, según su análisis, han distorsionado la idea de representación política y convivencia democrática.
Debate sobre el Estado y el sistema político
Pareja sostuvo que el país enfrenta un problema estructural vinculado al funcionamiento del Estado y la institucionalidad democrática, al considerar que las reglas del sistema no garantizan claridad en la toma de decisiones durante los conflictos.
Cuestionó además la ambigüedad en la aplicación de la ley en contextos de tensión política, señalando que ello genera incertidumbre sobre la actuación de las autoridades.
En su criterio, parte de la crisis reciente estuvo marcada por un intento de ruptura del orden constitucional, aunque señaló que dicho escenario no logró consolidarse.
Asimismo, afirmó que el conflicto no puede compararse con escenarios políticos anteriores, al considerar que en este caso no existían, desde su análisis, demandas con carácter nacional unificado.
Riesgo de nuevas tensiones
El analista advirtió que, pese al levantamiento de los bloqueos, el país aún enfrenta un escenario de fragilidad política, en el que podrían reactivarse tensiones si no se consolidan acuerdos sostenibles.
Señaló que la situación actual sigue dependiendo de decisiones políticas y de la capacidad del sistema institucional para evitar nuevas escaladas de conflicto.
Finalmente, sostuvo que el país ha logrado salir de una fase crítica, pero enfatizó que el desafío pendiente es estructural y requiere una reflexión profunda sobre el modelo político y social vigente.
