Del surco a la mesa: la historia de un vínculo que resistió al conflicto

Mientras los bloqueos cerraban las carreteras, un grupo de adolescentes abrió nuevos caminos. Con costales de verduras sobre la espalda, caminaron durante horas entre senderos y cerros para llevar los alimentos desde Río Abajo hasta los puntos donde aún podían llegar los vehículos en La Paz. Sin proponérselo, recuperaron la lógica de los antiguos chasquis andinos y se convirtieron en el puente que impidió que el vínculo entre el campo y la ciudad se rompiera por completo.

Durante las semanas de conflicto, algunos discursos intentaron enfrentar a productores y consumidores. Unos repetían que “la ciudad come gracias al campo”; otros responsabilizaban a los campesinos del desabastecimiento y el encarecimiento de los alimentos. Sin embargo, los testimonios recogidos para este reportaje cuentan una historia distinta: detrás de cada plato de comida existe una cadena de esfuerzos compartidos que comienza en la tierra, continúa en el transporte y el comercio, y termina en la mesa de miles de familias. Cuando uno de esos eslabones se rompe, todos pierden.

En los momentos más álgidos de los 51 días de conflicto, el debate social también se extendió a las propias comunidades rurales, donde la participación en los bloqueos evidenció tensiones entre las decisiones orgánicas y la economía familiar.

El temor a las sanciones internas afectó a muchos comunarios. Simón Quispe, productor de 75 años, detalla las consecuencias económicas de la disidencia: “Ahorita tenemos 5.000 bolivianos de multa cada uno, cada persona”.

María Julia Jiménez, representante del Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB), describe este fenómeno como un reto para la autonomía del productor: “Estamos todavía viviendo problemas de caudillismo (liderazgos rígidos)… la gente a veces asiste a las movilizaciones sin información plena, y en muchos casos puede ser por temor a la multa”.

En criterio de Jiménez, la conclusión de esta crisis es simple: “Después de ese tiempo no ha ganado nadie, todos hemos perdido y hemos desarmado esa forma articulada del flujo de alimentos del campo a la ciudad”.

Sin embargo, no pierda las esperanzas en la restitución de todos los lazos. Prueba de ello revela que ante la urgencia alimentaria y la necesidad de comerciar las producción se generaron respuestas creativas, esta vez por parte de la generación más joven. En La Paz, mientras los adultos cumplían los turnos en las carreteras, sus hijos adolescentes se organizaron para que la comida llegara a la urbe.

La ancestral forma de transporte de los chasquis retornó durante el conflicto. Jiménez relata cómo emergió este puente generacional: “Los hijos jovencitos de las productoras de Río Bajo se han organizado para hacer un sistema de chasquis… los chicos de 15 a 18 años caminaban tramos de tres horas cargando bultos de verduras”.

Los derechos humanos y la seguridad alimentaria

Mientras los jóvenes buscaban rutas alternativas, la ausencia de un diálogo oportuno entre el Gobierno y los sectores movilizados agravó el impacto en los hogares de la ciudad y las comunidades, afectando el derecho básico a la alimentación, en especial para los más pobres.

La población urbana experimentó incertidumbre. Rita Saavedra, coordinadora y nutricionista del MAB, describe el impacto directo en las familias paceñas: “Hemos vivido un momento de inseguridad alimentaria entre moderada y aguda… La gente en algunos casos ha dejado de consumir algunos alimentos… ya no hacía las tres comidas… sino una sopita en la mañana y un tecito”.

Saavedra considera que la falta de concertación perjudicó la convivencia y benefició a sectores ajenos a la producción tradicional. “Garantizar el acceso al alimento es una responsabilidad estatal primordial que debe resolverse mediante la negociación oportuna”, reflexiona como lección de los días de perjuicio y tensión.

Hacia una cultura de complementariedad

La lección más profunda que dejaron los 51 días de aislamiento es la necesidad de restablecer el principio de complementariedad. Los discursos de división ignoran que ninguna de las partes puede prosperar de manera aislada.

Silvia Aliaga Choque recuerda un momento tenso cerca de su puesto cuando los precios subieron: “Había nerviosismo y una de nuestras hermanas le dijo a una de sus caseras que le regateaba: ‘Señora, agarre su plata, póngala a la olla y cocínesela'”.

El dirigente campesino Freddy Rivero equilibra la perspectiva con autocrítica: “Eso de que ‘en la ciudad comen gracias a nosotros’ es una verdad a medias, porque todo funciona de manera recíproca. Si nosotros no captamos el dinero de las ventas, no tenemos con qué volver a producir… Como autoridad, a veces me siento avergonzado, porque tal vez algunas consecuencias de las medidas no se miden…”.

Los entrevistados coinciden en que la distancia de las autoridades estatales dificultó las soluciones. Frederick Alcón, dueño de una pensión en la avenida Tiwanaku, Distrito 2 de El Alto, apunta a la gestión del Ejecutivo. “El Gobierno debería haber venido a El Alto y bajar a las bases para llamar a la gente y solucionar el problema”, dice.

Margarita Matilde Quispe, comunaria de Wilakota en Mecapaca, coincide: “Muy tarde ha pedido diálogo el Gobierno… Si hubiera dialogado antes, se habrían evitado estos distanciamientos con los campesinos”.

Como otros cocineros, Alcón sintió el fuerte impacto del desabastecimiento y el encarecimiento de los alimentos, pero se las ingenió para conseguir los ingredientes y sostener el servicio a sus clientes.

Aunque las carreteras están expeditas, el reto actual es reconstruir la confianza mutua en los mercados y comunidades. El sector campesino demanda una relación de mayor equidad y reconocimiento. Margarita Quispe destaca el cambio social: “El campesino está más consciente, ya no es como antes. Muchos hijos ya son profesionales”.

A las consecuencias de los 51 días de bloqueos, se sumaron factores climáticos adversos. En mayo, granizadas intensas afectaron los sembradíos en Taipichullo y Huajchilla, y las floricultoras de Mecapaca no pudieron vender sus productos para el Día de la Madre, ahondando la crisis de los productores de Río Abajo que no lograban comercializar sus alimentos.

No obstante, el valor definitivo del conflicto fue redescubrir que el bienestar urbano y el rural están intrínsecamente ligados. Las ciudades no se sostienen solas con el poder económico, ni los valles pueden subsistir sin sus mercados. Rivero insiste en que el conflicto confirmó que Río Abajo “es la despensa de La Paz”.

Las carreteras volvieron a abrirse y los mercados recuperaron su movimiento, pero una lección de aquellos 51 días quedó en los senderos que recorrieron “los nuevos chasquis”. Sus caminatas recordaron que entre el campo y la ciudad no existe una relación de dependencia, sino de complementariedad: el agricultor necesita mercados para sostener su producción y las familias urbanas necesitan de quienes cultivan los alimentos que llegan cada día a sus mesas.

Frente a los discursos que buscaron dividir, la vida cotidiana terminó imponiendo otra verdad. Cada tomate, cada lechuga y cada atado de acelga que llega a una mesa urbana es el resultado de una cadena de manos que une a productores, comerciantes y consumidores. Como resume Frederick Alcón: “Ambos nos ayudamos… La ciudad sin el campo no vive y el campo tampoco sin la ciudad”