Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales
Cuando una deportista de 16 años afirma que el talento vale menos que los vínculos de poder, el problema trasciende el deporte. La denuncia de la canoísta tarijeña Milenka Jiménez, tetracampeona nacional, quien sostiene haber sido excluida de competencias internacionales y de una beca por decisiones que considera arbitrarias, obliga a mirar más allá del caso individual. Las responsabilidades deberán determinarse por las instancias competentes, pero el episodio reabre el debate sobre el deterioro de la gobernanza y la meritocracia en el deporte boliviano.
La verdadera preocupación no radica solamente en determinar si una deportista fue perjudicada o si otra resultó favorecida. El aspecto más inquietante es que miles de ciudadanos encontraron verosímil la denuncia desde el primer momento. Esa reacción revela una profunda crisis de confianza hacia las instituciones deportivas. Cuando una sociedad asume como posible que las oportunidades dependan más de las relaciones personales que del mérito, el problema deja de ser circunstancial y adquiere una dimensión estructural que compromete la credibilidad del sistema.
Desde la ciencia política existen conceptos que ayudan a comprender esta realidad. El patrimonialismo describe aquellas organizaciones donde quienes ejercen el poder administran instituciones colectivas como si fueran una extensión de su patrimonio personal. En lugar de prevalecer normas impersonales, procedimientos transparentes y criterios técnicos, las decisiones terminan condicionadas por intereses particulares. La consecuencia inmediata es el debilitamiento de la meritocracia, principio indispensable para cualquier actividad competitiva que aspire a premiar el esfuerzo, la disciplina y el rendimiento deportivo.
A este fenómeno se suma la captura institucional, entendida como el proceso mediante el cual pequeños grupos consolidan un control prolongado sobre las organizaciones hasta convertirlas en espacios cerrados para la renovación. Las federaciones y asociaciones dejan entonces de responder prioritariamente a los intereses de los deportistas y comienzan a proteger la estabilidad de quienes administran el poder. La alternancia desaparece, las decisiones se concentran y los mecanismos internos de control pierden eficacia frente a estructuras cada vez más impermeables.
En ese escenario el nepotismo encuentra condiciones propicias para desarrollarse. Favorecer a familiares, allegados o personas vinculadas con quienes toman decisiones no constituye únicamente un problema ético. También destruye el incentivo que sostiene cualquier sistema competitivo. Si los atletas perciben que el rendimiento puede ser desplazado por relaciones personales, el entrenamiento deja de representar el principal camino hacia el éxito. El esfuerzo pierde sentido cuando las oportunidades parecen depender de factores ajenos al desempeño deportivo.
Conviene distinguir las denuncias de los hechos probados. No corresponde convertir sospechas en sentencias ni atribuir responsabilidades sin investigaciones objetivas. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que, desde hace años, deportistas de distintas disciplinas cuestionan procesos de selección que consideran poco transparentes. La reiteración de estas denuncias evidencia la necesidad de fortalecer reglas claras, procedimientos verificables y mecanismos independientes que generen confianza en las decisiones institucionales.
Otro rasgo preocupante es la permanencia excesivamente prolongada de numerosos dirigentes deportivos. En distintos niveles existen liderazgos que sobreviven durante décadas mediante sucesivas reelecciones o acuerdos internos que limitan la competencia. La estabilidad puede ser una virtud cuando está acompañada por resultados y rendición de cuentas. Sin embargo, cuando la permanencia se convierte en un fin en sí mismo, aumenta el riesgo de formar élites cerradas que confunden continuidad con propiedad y administración con dominio personal.
La experiencia demuestra que la concentración prolongada del poder reduce la innovación, fortalece relaciones de dependencia y debilita la fiscalización. Ninguna organización se mantiene saludable cuando las mismas personas controlan indefinidamente las decisiones. El deporte requiere dirigentes comprometidos, pero, sobre todo, instituciones sólidas donde prevalezcan las reglas y la renovación, evitando que alguien se considere insustituible únicamente por permanecer durante décadas en el cargo.
La transparencia sigue siendo una deuda pendiente. En el ámbito deportivo han surgido denuncias sobre el manejo de recursos, asignación de becas, uso de infraestructura pública, financiamiento de viajes y posibles conflictos de interés. Toda denuncia debe investigarse con objetividad y respeto al debido proceso. Para fortalecer la confianza, las federaciones deberían implementar auditorías independientes, rendiciones públicas de cuentas y criterios objetivos que garanticen decisiones verificables y transparentes.
Las becas deportivas constituyen una herramienta esencial para impulsar nuevos talentos. Su asignación debe sustentarse en indicadores verificables, resultados deportivos y procedimientos transparentes. Cuando los criterios permanecen ocultos o sujetos a discrecionalidad, surgen dudas que afectan la legitimidad institucional. Publicar rankings, puntajes, fundamentos técnicos y mecanismos de apelación fortalecería la confianza de los deportistas y de las familias que realizan grandes sacrificios para sostener una carrera deportiva.
Bolivia necesita una reforma profunda de la gobernanza deportiva. Es indispensable limitar la reelección de dirigentes, exigir la declaración de conflictos de interés, impedir que autoridades decidan sobre familiares, incorporar representantes de los deportistas, fortalecer auditorías externas, crear canales seguros para denunciar irregularidades y garantizar selecciones basadas en criterios técnicos. Estas medidas no restringen la autonomía deportiva; por el contrario, la fortalecen con instituciones más legítimas, transparentes y confiables.
El caso de Milenka Jiménez será resuelto por las instancias competentes, que deberán establecer los hechos y las responsabilidades que correspondan. Sin embargo, más allá de su desenlace, su denuncia abrió un debate ineludible sobre si el deporte boliviano continúa administrándose para formar campeones o para preservar espacios de poder. La credibilidad del sistema dependerá de su capacidad para demostrar que el mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades prevalecen sobre cualquier interés particular.
