El caso del río San Lorenzo sigue sin resolverse mientras las comunidades denuncian retrasos en el Tribunal Agroambiental

La sentencia que ordenó restituir el cauce del río, retirar las presas y reparar los daños sigue pendiente en el Tribunal Agroambiental. Comunarios de Turubó Este se trasladaron desde Santa Cruz hasta Sucre para exigir cumplimiento de la justicia y denunciar falta de acceso al expediente.

Representantes de la Central de Comunidades Indígenas Turubó de San José de Chiquitos (CCICHT) y de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Turubó Este se trasladaron desde Santa Cruz hasta Sucre, capital del Estado, para exigir al Tribunal Agroambiental que resuelva el proceso judicial por el río San Lorenzo, cuyo recurso de casación permanece pendiente desde hace más de cuatro meses.

Las autoridades chiquitanas realizaron gestiones ante la Sala Especializada Primera del Tribunal Agroambiental para conocer el estado del expediente y solicitar que se emita una decisión sobre una causa que consideran clave para la protección ambiental y los derechos de las comunidades de la Chiquitanía.

El conflicto se originó por la construcción de presas sobre el río San Lorenzo. Estas obras, ejecutadas por privados, redujeron progresivamente el caudal hasta provocar la sequía total del afluente en noviembre de 2020. Tras varios años de litigio, en noviembre de 2025, el Juzgado Agroambiental de Roboré emitió la Sentencia N° 06/2025. Con este recurso ordenó restituir el cauce natural del río, retirar las infraestructuras construidas, reforestar las riberas y resarcir los daños ocasionados a las comunidades indígenas Buena Vista, San Juan, Entre Ríos, Ramada e Ipiás. Sin embargo, la ejecución de esa sentencia quedó en suspenso.

Durante su visita a Sucre, la delegación expresó su preocupación por las irregularidades en la tramitación del proceso. Rodrigo Herrera, abogado que acompaña la causa, explicó que no fueron notificados oportunamente sobre actuaciones procesales relevantes y, además, se les impidió revisar el expediente.

En ese contexto, indicó que conocieron la existencia de una resolución que suspendió el plazo para dictar el fallo de casación, una medida que —según afirma— carece de sustento normativo para esta etapa del proceso y afecta el derecho a obtener una resolución dentro de un plazo razonable.

Las aguas del río continúan retenidas

Juan Pablo Rojas Gil, representante de la Central de Comunidades Indígenas Turubó de San José de Chiquitos, explicó que las aguas del río continúan represadas y los comunarios no tienen acceso a ellas, tanto para el consumo diario como para sus cultivos. Advirtió que las condiciones de vida de las comunidades chiquitanas podrían agravarse si las medidas ordenadas por la justicia no se ejecutan oportunamente.

“No pedimos privilegios, pedimos que la justicia actúe con la celeridad y transparencia que merece un caso que afecta derechos fundamentales y el patrimonio ambiental de la Chiquitanía”, afirmó Rojas Gil.