La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) alertó sobre una creciente presión laboral que, según su director ejecutivo, Andrés Humes, está afectando la situación financiera y administrativa de los gobiernos municipales del país. El representante explicó que varias alcaldías enfrentan demandas, órdenes de aprehensión y fallos judiciales de reincorporación de funcionarios que generan dificultades para las nuevas autoridades locales.
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Durante una entrevista con Asuntos Centrales, Humes aclaró que la AMB está conformada por las nueve capitales departamentales y El Alto, y señaló que la problemática laboral se ha convertido en un asunto que trasciende a municipios específicos y alcanza a las gobernaciones e instituciones públicas.
“Los temas laborales han llegado a un punto que está desequilibrando no solo las finanzas de los gobiernos municipales, sino la estabilidad, la institucionalidad y el desarrollo de las mismas”, afirmó Humes.
Demandas y reincorporaciones generan presión en municipios
El director ejecutivo de la AMB detalló algunos casos que actualmente enfrentan gobiernos municipales. En Trinidad, indicó que desde la llegada del nuevo alcalde se realizaron 45 desvinculaciones y existen 40 demandas laborales en contra de la autoridad.
En Sucre, explicó que una resolución judicial ordenó la reincorporación de un exsecretario de la gestión anterior, quien había ocupado un cargo de confianza. Según Humes, la determinación establece que vuelva al mismo nivel salarial y con los beneficios sociales correspondientes.
El representante municipal señaló que situaciones similares se registran en Cobija, Santa Cruz y Potosí, donde las autoridades locales también enfrentan procesos vinculados a trabajadores y exfuncionarios.
Ante este escenario, informó que la AMB solicitó reuniones con el Ministerio de Trabajo y el Órgano Judicial para analizar la situación, debido a que las decisiones sobre reincorporaciones y otras medidas laborales surgen de procesos administrativos y judiciales.
AMB plantea revisar la normativa laboral
Humes sostuvo que los gobiernos municipales requieren una modificación normativa que permita establecer reglas más claras sobre contratación y desvinculación de personal, sin afectar los derechos laborales.
“Si es que no hay un cambio normativo serio, si es que no hay una modificación a la normativa, los gobiernos municipales van a seguir en esta situación que es sumamente preocupante”, manifestó el director ejecutivo de la AMB.
Explicó que uno de los puntos centrales de debate es la aplicación de la Ley General del Trabajo en los gobiernos municipales, especialmente en casos relacionados con reincorporaciones laborales y funcionarios que ocupan cargos de libre nombramiento.
Según Humes, la problemática no se limita a autoridades de confianza de los alcaldes, sino que también alcanza a niveles intermedios como direcciones, jefaturas y personal con ítems.
Preocupación por el impacto financiero en alcaldías
El representante de la AMB puso como ejemplo la situación de Cobija, donde, según señaló, el nuevo alcalde asumió funciones con alrededor de 70 órdenes de aprehensión relacionadas con temas laborales y una deuda acumulada por salarios impagos.
“Cobija es un municipio que, lamentablemente, tiene un quiebre financiero, un quiebre administrativo por la falta de recursos”, explicó Humes, quien indicó que algunos trabajadores llevan entre seis y siete meses sin recibir sus salarios.
También mencionó el caso de Potosí, donde el alcalde William Cervantes habría expresado una situación similar respecto a las obligaciones laborales heredadas.
Debate sobre contratos y estabilidad laboral
Humes explicó que otro de los temas que la AMB busca discutir con el Gobierno nacional es la modalidad de contratación en los municipios. Actualmente, señaló, existen tres formas principales: ítems, contratos a plazo fijo y consultorías en línea.
En ese marco, planteó revisar las consecuencias legales de los contratos a plazo fijo, debido a que, según indicó, existen casos donde trabajadores pasan a ser considerados personal permanente después de varias renovaciones contractuales.
“Queremos comenzar a discutir con las autoridades cuál es la figura legal con la cual los gobiernos municipales puedan contratar personal y, sobre esa base, no asumir responsabilidades que pongan a las alcaldías en situaciones financieras complicadas”, explicó.
Humes anunció que la AMB continuará con las gestiones para abordar esta situación con autoridades nacionales y adelantó que el presidente Rodrigo Paz recibirá a representantes de la organización la próxima semana para analizar estos planteamientos.
