Las empresas estatales acumulan una pérdida de Bs 12.743 millones, según los datos expuestos por el Gobierno, que abrió una revisión sobre la situación financiera y operativa de estas compañías para definir su futuro. Pablo Camacho, director ejecutivo de la oficina encargada del fomento a la empresa pública, explicó que antes de cualquier determinación se realizará una auditoría integral.
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Durante una entrevista con Asuntos Centrales, Camacho se refirió al informe presentado sobre 15 empresas públicas que reportaron pérdidas por Bs 5.100 millones, entre ellas Mi Teleférico, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Boliviana de Aviación (BoA), Karachipampa, Corocoro, San Buenaventura y la Empresa Boliviana de Alimentos.
El funcionario indicó que la cifra acumulada refleja el resultado financiero de varias gestiones y que el objetivo del Gobierno es transparentar la situación antes de definir medidas.
“La pérdida acumulada de todas estas empresas es de 12.743 millones de bolivianos. Eso es lo que nos quitaron a todos los bolivianos”, afirmó Camacho.
Auditoría definirá qué empresas continúan
Camacho explicó que, a diferencia de una empresa privada, el Estado no puede cerrar una compañía de manera inmediata, debido a que existen procedimientos legales que deben cumplirse para evitar responsabilidades posteriores para autoridades gubernamentales.
En ese sentido, señaló que cada empresa será evaluada de manera individual mediante una auditoría integral y, posteriormente, se tomarán decisiones en función de sus resultados.
“El sector público no es tan fácil como un privado que puede cerrar un emprendimiento y vender los muebles, la maquinaria, vehículos, tractores y dedicarse a otra cosa”, explicó el director ejecutivo.
Añadió que el proceso deberá ajustarse a la normativa vigente y al proyecto de Presupuesto General del Estado que será aprobado, donde se establecerán las acciones correspondientes.
Gobierno descarta privatizar empresas estratégicas
Ante la consulta sobre la posibilidad de privatización de las empresas estatales, Camacho señaló que la postura del Ejecutivo es mantener aquellas consideradas estratégicas, aunque otras podrían dejar de operar.
“El presidente dijo: ‘No se van a privatizar las estratégicas’. Ahí habló de estratégicas. Y el ministro complementó y dijo algo: otras se van a cerrar definitivamente”, indicó.
Como ejemplo, mencionó las plantas de biodiésel, cuya producción, según explicó, enfrenta dificultades por la falta de materia prima.
Camacho señaló que parte del análisis estará orientado a determinar la viabilidad de cada empresa y evitar que continúen generando presión sobre los recursos públicos.
Créditos millonarios y aportes estatales
El funcionario también informó que las empresas públicas recibieron créditos por Bs 18.227 millones, de los cuales solo se habrían cancelado Bs 1.954 millones. Además, señaló que existieron incumplimientos de pago por Bs 1.182 millones durante la gestión del expresidente Luis Arce.
A estos recursos se suman Bs 8.155 millones en aportes de capital y donaciones, explicó Camacho, quien detalló que la mayor parte corresponde a aportes provenientes del Tesoro General de la Nación.
Según el director ejecutivo, estos recursos representan fondos públicos que pudieron haber sido destinados a otros sectores.
“Estos recursos son nuestros. No eran de Arce, no eran de Evo”, sostuvo Camacho, al señalar que el análisis debe considerar el impacto que tuvieron estas inversiones en las finanzas del Estado.
Mi Teleférico y BoA, entre los casos observados
Consultado sobre las pérdidas reportadas por Mi Teleférico y BoA, Camacho explicó que ambos casos tienen características diferentes.
En el caso de Mi Teleférico, indicó que la pérdida corresponde principalmente a un registro contable asociado a la depreciación de la infraestructura y no necesariamente a un déficit operativo.
“La pérdida de Mi Teleférico es sobre todo contable, no es en la operación. Tiene un flujo”, explicó.
Respecto a BoA, señaló que la situación responde a problemas operativos, aunque aclaró que los estados financieros corresponden a la gestión 2025 y que la nueva administración deberá evaluar medidas para mejorar su funcionamiento.
Camacho concluyó que el objetivo del informe es que la población conozca la situación financiera de las empresas estatales antes de que se definan las medidas sobre su continuidad, reorganización o cierre.
