Foro FEM Económico 2026: Primera jornada analiza el impacto del dólar flexible y los desafíos de la reconstrucción económica
La primera jornada del Foro FEM Económico 2026 reunió este jueves a autoridades nacionales, economistas, especialistas y representantes del sector empresarial para debatir sobre los desafíos de la...
La primera jornada del Foro FEM Económico 2026 reunió este jueves a autoridades nacionales, economistas, especialistas y representantes del sector empresarial para debatir sobre los desafíos de la modernización del Estado, la inclusión digital y la reconstrucción económica del país. Las exposiciones pusieron el foco en la reducción de la burocracia estatal, las brechas que aún persisten en el empoderamiento digital de las mujeres, la necesidad de fortalecer el blindaje legal de las empresas y los retos que plantea el actual contexto económico para Bolivia.
Modernización del Estado, desregulación y el programa “Tranca Cero”
Julio Linares Calderón, viceministro de Coordinación y Modernización del Estado, abrió su exposición con un diagnóstico sobre las fallas detectadas desde que asumió el cargo en noviembre pasado y sostuvo que la burocracia sigue siendo uno de los principales frenos para el desarrollo del sector productivo y de los emprendedores.
De acuerdo con los datos que presentó, el aparato estatal administró en 2025 un presupuesto de 9.389 millones de bolivianos, pero solo el 35% fue destinado a proyectos de inversión pública. También señaló que el Estado gasta 275 millones de bolivianos al año en papel y que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ineficiencia estatal provoca pérdidas equivalentes al 6,3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Como respuesta, expuso la estrategia de modernización estatal basada en tres pilares: Tranca Cero, Gobierno Digital y Racionalización. El primero apunta a eliminar trámites innecesarios, incorporar la herramienta “Reporta tu tranca”, que ya recibió 1.789 reportes ciudadanos, y crear el Catálogo Nacional de Trámites hasta enero de 2027. El segundo busca migrar hacia procedimientos íntegramente digitales, incluido el trabajo con 13 universidades públicas para digitalizar inscripciones y matrículas estudiantiles. El tercer componente incorpora herramientas de inteligencia artificial para detectar duplicidades de funciones dentro del Estado.
Entre las medidas inmediatas, destacó la prohibición de exigir fotocopias de cédulas de identidad y certificados de nacimiento en instituciones públicas, así como la vigencia del Decreto 5600, que prohíbe las contrataciones directas en el Estado. Además, anunció que el Ejecutivo ya tiene listas cinco propuestas normativas referidas a inversiones, hidrocarburos, minería, energías renovables y el Plan General de Desarrollo Económico, Social y Ambiental.
Bolivia exhibe una brecha digital que golpea más a las mujeres
Xiomara Zambrana Hoyos, directora ejecutiva del Instituto Mujer y Empresa (IME), presentó el primer Índice de Empoderamiento Digital de Bolivia, elaborado a partir de una muestra nacional de 850 personas. El estudio mide siete dimensiones vinculadas al uso de la tecnología: autoeficacia, curiosidad digital, resiliencia digital, responsabilidad digital, templanza, efectividad y valoración digital.
Uno de los principales hallazgos es la llamada “intención sin ejecución”. Aunque los puntajes más altos se concentran en responsabilidad y resiliencia digital, los más bajos aparecen en efectividad y autoeficacia, lo que muestra que existe motivación para usar herramientas tecnológicas, pero todavía dificultades para aplicarlas en actividades prácticas.
El estudio también identificó una brecha de género: los hombres obtuvieron mejores resultados en seis de las siete dimensiones analizadas, especialmente en efectividad digital. A ello se suma que la educación aparece como el principal predictor del empoderamiento digital, mientras que vivir en áreas rurales se convierte en un factor que limita su desarrollo.
Por departamentos, Cochabamba lidera los indicadores de digitalización, seguida por Santa Cruz y La Paz. En contraste, Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija registran los niveles más bajos. A nivel sectorial, las áreas tecnológica y educativa presentan los mayores puntajes, mientras que la agricultura, la psicología y los trabajadores independientes muestran mayores rezagos.
Zambrana advirtió que las mujeres rurales dedicadas a la agricultura y con bajos niveles educativos acumulan múltiples desventajas digitales, una situación que además representa una pérdida económica para el país. Para enfrentar este escenario, propuso cinco principios de intervención: fortalecer la autoeficacia mediante pequeños logros, diseñar procesos formativos acordes al nivel educativo, crear espacios seguros con referentes femeninos, territorializar la inclusión digital y humanizar el aprendizaje aceptando el error como parte del proceso.
Empresas deben blindarse ante la incertidumbre jurídica
Inés Ayala, abogada y especialista legal, subrayó que en un contexto de incertidumbre económica y jurídica el primer paso para las empresas debe ser un diagnóstico profundo o due diligence que permita medir el nivel de respaldo legal de la compañía, así como de sus directivos, ejecutivos y gerentes, con el fin de anticipar riesgos y prevenir contingencias.
Ayala remarcó que un gobierno corporativo sólido es indispensable para proteger a la empresa frente a eventuales litigios o responsabilidades derivadas de las decisiones que se toman hoy. En esa línea, recomendó que las decisiones empresariales estén siempre acompañadas por la opinión de asesores especializados en materias complejas como la tributaria, aduanera y de comercio exterior.
Asimismo, planteó que la desburocratización debe impulsarse también desde el ámbito empresarial, tomando en cuenta la pesada carga de trámites que enfrentan las compañías, como los procesos en cajas de salud o las largas horas de espera. Propuso revisar primero la regulación sectorial de “primera capa”, que afecta por igual a todas las empresas, y luego avanzar hacia las normas de “segunda y tercera capa” que rigen a sectores regulados, actualizando decretos antiguos para adecuarlos a la realidad actual.
El dólar refleja la crisis, pero no la explica por completo
Gonzalo Chávez, economista, planteó que el tipo de cambio no constituye el problema central de la economía boliviana, sino un termómetro que refleja dificultades estructurales vinculadas con la escasez de dólares y los problemas en las exportaciones.
Chávez señaló que durante años Bolivia sostuvo dos mecanismos de contención artificiales: la gasolina subsidiada y el tipo de cambio fijo, financiados por los ingresos provenientes de las exportaciones de gas. Ante el nuevo contexto económico, propuso recuperar la predictibilidad del dólar en el largo plazo mediante mecanismos similares al sistema de minidevaluaciones (crawling peg) aplicado entre 1985 y 2011.
Asimismo, recomendó que empresas y ciudadanos privilegien sus operaciones y créditos en bolivianos, eviten realizar transacciones en dólares debido a la incertidumbre sobre su comportamiento futuro y consideren instrumentos de indexación como la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) o contratos renegociables. Añadió que los precios de inmuebles y terrenos deberían reconstruirse paulatinamente en moneda nacional.
El economista sostuvo que la principal solución a la coyuntura actual es política y no exclusivamente económica. En ese sentido, planteó la necesidad de construir un gran pacto de salvación nacional integrado por acuerdos entre líderes políticos, regiones, sociedad y movimientos sociales.
Finalmente, afirmó que uno de los principales desafíos del país consiste en transitar de una economía extractivista basada en recursos naturales hacia un modelo sustentado en las ideas, el conocimiento y el capital humano.
El debate final dejó un llamado a coordinar reformas
En el cierre del encuentro, Julio Linares Calderón, Xiomara Zambrana Hoyos, Inés Ayala y Gonzalo Chávez coincidieron en que la modernización del Estado, la inclusión digital, el fortalecimiento del cumplimiento legal y la reconstrucción económica deben avanzar de manera articulada para enfrentar los desafíos actuales del país.
El debate permitió contrastar las propuestas presentadas desde distintas perspectivas. Mientras Julio Linares Calderón insistió en la urgencia de reducir la burocracia y digitalizar los trámites públicos, Xiomara Zambrana Hoyos puso el foco en la necesidad de cerrar brechas de acceso y uso de la tecnología, especialmente entre mujeres y poblaciones rurales. Por su parte, Inés Ayala remarcó que la simplificación normativa también debe alcanzar al sector privado mediante reglas claras y un mejor gobierno corporativo. Finalmente, Gonzalo Chávez subrayó que cualquier reforma será insuficiente sin acuerdos políticos amplios y sin una estrategia de largo plazo para estabilizar la economía.


