El abogado penalista y exfiscal antinarcóticos Joadel Bravo cuestionó la forma en que se desarrolla la investigación por el caso de las maletas trasladadas desde Estados Unidos y advirtió que la falta de avances y de información sobre el contenido de los equipajes podría dificultar el esclarecimiento del caso.
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Bravo se refirió a la decisión judicial de otorgar detención domiciliaria a la exdiputada Laura Rojas y al exjuez Ceballos, ambos vinculados a la investigación. El abogado aclaró que las medidas sustitutivas están previstas por ley y constituyen un derecho dentro de un proceso penal, independientemente de la gravedad del delito investigado.
Sin embargo, consideró que en el caso del exjuez, tras el hallazgo de sustancias controladas en un inmueble de su propiedad, la Fiscalía debió avanzar con mayor rapidez en la acusación.
“Ya debió haber sido acusado inmediatamente. No hay mayores elementos que recabar, ya que se le encontró en flagrancia la droga en un lugar que le pertenece”, afirmó Bravo.
Cuestiona actuación de la Aduana
Respecto a la exdiputada, el exfiscal señaló que la investigación enfrenta dificultades debido a que no se conoce con certeza qué contenían las maletas que llegaron desde California.
Según Bravo, si no se establece que contenían dinero, drogas u otros bienes, no es posible determinar delitos como legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas o contrabando.
El abogado también cuestionó la actuación de la Aduana, al señalar que las autoridades fueron informadas sobre la llegada de las maletas dos meses después y solo luego de que la Policía encontrara sustancias controladas en el inmueble vinculado al exjuez.
En ese contexto, planteó interrogantes sobre la actuación de otras autoridades que, según señaló, también habrían tenido conocimiento de aspectos relacionados con el caso y cuestionó que no se hayan iniciado procesos contra ellas.
Bravo advierte una posible “retardación de justicia”
Consultado sobre la reserva del caso y la demora en la investigación, Bravo afirmó que pudo existir una retardación de justicia deliberada y atribuyó esa posibilidad a los vínculos que el exjuez habría tenido dentro del sistema judicial y del Ministerio Público.
“Con seguridad”, respondió Bravo al ser consultado sobre si pudo existir una demora deliberada en el proceso.
El abogado sostuvo que las deficiencias del sistema permiten el uso de vacíos legales y planteó la necesidad de actualizar la normativa penal y procesal para evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente.
¿Qué penas podrían enfrentar?
Bravo explicó que, si la investigación contra el exjuez se mantiene por el delito de tráfico de sustancias controladas, la pena podría oscilar entre 10 y 25 años de prisión, aunque aclaró que la calificación jurídica puede variar de acuerdo con los elementos de la investigación.
En el caso de la exdiputada, sostuvo que, mientras no se conozca el contenido de las maletas, el único delito que podría estar acreditado sería la falsedad ideológica, debido a que habría utilizado su condición de diputada cuando ya no ejercía ese cargo.
“El resto no van a poder, y esto por culpabilidad de la propia Aduana”, afirmó el exfiscal antinarcóticos.
Plantea negociar penas a cambio de información
Como una alternativa para combatir estructuras criminales, Bravo propuso modificar el sistema jurídico para permitir acuerdos con imputados que entreguen información y pruebas sobre organizaciones delictivas a cambio de una reducción o perdón judicial de la pena, bajo determinadas condiciones.
También planteó que se establezcan mecanismos más precisos para determinar las penas y que, ante pruebas contundentes, los acusados puedan optar por una sanción menor en lugar de someterse a un juicio con una pena más elevada.
Sobre el futuro del caso de las maletas, el abogado expresó dudas respecto a que la investigación llegue a esclarecerse completamente y advirtió que, en Bolivia, casos relacionados con dinero y bienes de alto valor suelen terminar sin una respuesta clara.
