La crisis interna en el Consejo de la Magistratura escaló después de que dos de sus integrantes desconocieran públicamente un comunicado difundido por su presidente, Carlos Spencer, en el que se rechazaba la denuncia sobre el supuesto alquiler de un departamento a Roger Mariaca, exfiscal general del Estado.
Table Of Content
- Dos consejeros se desmarcan del pronunciamiento oficial
- La denuncia apunta a un departamento en el edificio Rolex
- Oviedo anuncia investigaciones sobre presuntas conexiones en la Justicia
- Quiénes son los protagonistas de la controversia
- Renuncia en Transparencia todavía no fue confirmada
- Por qué la disputa compromete la credibilidad de la Magistratura
El decano Manuel Baptista y la consejera Paula Araoz se desmarcaron del pronunciamiento institucional y aclararon que no fue consultado, deliberado ni aprobado por Sala Plena. Por ese motivo, sostuvieron que el documento no representa una posición del órgano colegiado.
La controversia, que se hizo pública el lunes 9 de noviembre, abrió un nuevo frente en las investigaciones sobre los presuntos vínculos de Mariaca y del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, con integrantes del sistema judicial.
El episodio también puso en cuestión la forma en que la Presidencia del Consejo de la Magistratura comunica posiciones institucionales sobre asuntos que pueden involucrar a sus propias autoridades.
Dos consejeros se desmarcan del pronunciamiento oficial
El primer comunicado del Consejo de la Magistratura rechazó categóricamente que un asesor de la Presidencia hubiera alquilado un departamento a Roger Mariaca.
Sin embargo, aproximadamente dos horas después, Baptista y Araoz difundieron una aclaración para dejar constancia de que no participaron en la elaboración ni aprobación de ese documento.
Ambos señalaron que el pronunciamiento no fue sometido a consideración de Sala Plena y, por tanto, no puede ser presentado como una decisión institucional del órgano colegiado.
Además, advirtieron que el comunicado no debe interpretarse como una exoneración anticipada de responsabilidades. En su criterio, corresponde que las autoridades competentes investiguen los hechos y establezcan si existieron irregularidades.
La posición de los dos consejeros introduce una diferencia importante dentro de la institución: mientras la Presidencia difundió un desmentido categórico, otros integrantes consideran que no corresponde cerrar el caso mediante un comunicado sin una investigación.
La aclaración también deja en evidencia una fractura interna sobre el manejo de un asunto que puede comprometer la credibilidad del organismo encargado de administrar y fiscalizar el sistema judicial.
La denuncia apunta a un departamento en el edificio Rolex
El origen de la controversia está en una denuncia sobre un departamento ubicado en el edificio Rolex, en la ciudad de Sucre, identificado como el inmueble 17-B.
Según información difundida por medios de comunicación, un asesor de la Presidencia del Consejo de la Magistratura habría alquilado ese departamento, que supuestamente habría sido utilizado por Roger Mariaca.
De acuerdo con un reporte de Correo del Sur, el derecho propietario del inmueble estaría respaldado por una matrícula de Derechos Reales. También se difundieron versiones sobre presuntas reuniones en ese lugar entre Mariaca, Rómer Saucedo y Carlos Spencer.
Sin embargo, es necesario distinguir tres aspectos que no son equivalentes: quién figura como propietario del departamento, si el inmueble fue efectivamente alquilado y quién lo utilizaba.
La documentación sobre la propiedad, por sí sola, no demuestra que haya existido un alquiler a Mariaca ni permite establecer quiénes ingresaban al lugar. Tampoco acredita que Spencer hubiera participado en actividades ilícitas.
Esos extremos requieren documentación, testimonios y una investigación que permita reconstruir las circunstancias del supuesto vínculo inmobiliario.
Por ahora, la denuncia mantiene abiertas varias interrogantes sobre el uso del departamento y la relación que habría existido entre sus ocupantes y autoridades del sistema judicial.
Oviedo anuncia investigaciones sobre presuntas conexiones en la Justicia
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el Ejecutivo investiga posibles conexiones de la presunta estructura atribuida a Roger Mariaca y Rómer Saucedo con integrantes del Consejo de la Magistratura.
“Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con la Magistratura. Estamos investigando eso”, declaró la autoridad.
Oviedo sostuvo que las pesquisas buscan establecer si esa presunta estructura tenía conexiones dentro de juzgados, fiscalías y organismos vinculados con la administración judicial.
La declaración amplía el alcance político e institucional del caso, porque plantea la posibilidad de que las investigaciones no se limiten a personas vinculadas con el Ministerio Público, sino que también alcancen a otras instancias del sistema judicial.
No obstante, el anuncio de una investigación no constituye una conclusión judicial. Tampoco demuestra que Carlos Spencer, Manuel Baptista o Paula Araoz hayan cometido alguna irregularidad.
La responsabilidad de cada persona deberá establecerse sobre la base de pruebas y mediante los procedimientos correspondientes.
Quiénes son los protagonistas de la controversia
Carlos Spencer preside el Consejo de la Magistratura y difundió el primer comunicado que rechazaba la denuncia sobre el supuesto alquiler del departamento. Su actuación quedó cuestionada después de que dos integrantes de la institución desconocieran el documento.
Manuel Baptista es el decano del Consejo. Junto con Araoz, desautorizó el pronunciamiento y sostuvo que los hechos deben ser investigados por la Fiscalía y la Policía.
Paula Araoz acompañó la aclaración pública. Sin embargo, algunas publicaciones la identifican como Gabriela Araoz, por lo que su nombre completo debe ser confirmado con la institución antes de darlo por establecido.
Roger Mariaca es el exfiscal general del Estado. Según la información proporcionada para este caso, permanece detenido preventivamente en el penal de Cantumarca y es investigado por presuntos vínculos con narcotráfico y organización criminal.
Rómer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, también aparece mencionado en las versiones sobre supuestas reuniones en el departamento del edificio Rolex. Enfrenta una investigación vinculada al denominado caso Maletas y anunció su salida de Bolivia.
La aparición de estos nombres en una denuncia o investigación no implica que todos tengan la misma situación procesal ni que exista una responsabilidad penal demostrada en relación con el departamento.
Renuncia en Transparencia todavía no fue confirmada
A la controversia se suma otro dato difundido por Correo del Sur: José Fernando Rioja, director de Transparencia del Consejo de la Magistratura, habría presentado su renuncia el lunes 9 de noviembre.
Sin embargo, hasta el cierre de la publicación citada, la institución no había oficializado esa información.
Por tanto, la supuesta dimisión debe mantenerse como una versión pendiente de confirmación. No corresponde presentarla como una renuncia efectiva mientras no exista un pronunciamiento institucional o documentación que la respalde.
Si se confirma, el alejamiento del responsable de Transparencia podría añadir otro elemento a la crisis interna que atraviesa el Consejo.
Por qué la disputa compromete la credibilidad de la Magistratura
El Consejo de la Magistratura tiene atribuciones relacionadas con la administración, el control, la fiscalización y el régimen disciplinario de jueces y personal de apoyo del Órgano Judicial.
Por esa razón, las denuncias sobre posibles conexiones entre autoridades judiciales y personas investigadas adquieren una dimensión institucional que va más allá de una controversia interna.
La primera cuestión que debe esclarecerse es si el departamento 17-B fue alquilado, quién realizó el contrato y quiénes utilizaron efectivamente el inmueble.
La segunda consiste en determinar si existieron reuniones entre Mariaca, Saucedo y Spencer, como señalan algunas versiones difundidas por medios de comunicación.
La tercera es establecer si algún cargo o influencia institucional fue utilizado para favorecer intereses particulares o interferir en investigaciones.
También será necesario aclarar por qué la Presidencia del Consejo difundió un comunicado que dos integrantes consideran que no fue aprobado por Sala Plena.
La diferencia entre los pronunciamientos de Spencer, Baptista y Araoz deja una pregunta central sobre la conducción de la institución: ¿quién puede fijar una posición oficial del Consejo cuando un asunto involucra denuncias que deben ser investigadas?
La respuesta no puede depender únicamente de comunicados o desmentidos. La documentación sobre el inmueble, las actuaciones de las autoridades investigadoras y las decisiones que adopte el órgano colegiado serán determinantes para establecer qué ocurrió.
Por ahora, la controversia deja expuesta una fractura dentro del Consejo de la Magistratura y mantiene bajo escrutinio sus mecanismos de transparencia y control. Las denuncias sobre el departamento y las presuntas conexiones con Mariaca y Saucedo siguen pendientes de esclarecimiento, sin que corresponda anticipar responsabilidades.
