Bolivia enfrenta dos focos de conflictividad social que podrían agravarse en los próximos días. Mientras el Magisterio Urbano amenaza con pasar de un paro de 48 horas a una huelga indefinida, las cooperativas mineras exigen al Gobierno suspender la socialización del nuevo Código Minero y abrir el debate a todos los sectores de la actividad.
Table Of Content
- Magisterio amenaza con paro indefinido y bloqueos
- Santa Cruz reporta más huelguistas y prepara nuevas medidas
- Fencomin y cooperativistas de Potosí exigen frenar el Código Minero
- Cooperativistas temen que el nuevo Código afecte su funcionamiento
- El Gobierno defiende el proceso de elaboración del Código Minero
- Dos conflictos que pueden complicar la agenda del Gobierno
Los dos conflictos ponen bajo presión al Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Los maestros rechazan la transferencia de la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones, mientras los cooperativistas denuncian que fueron excluidos de la elaboración del anteproyecto minero.
Las demandas son diferentes, pero comparten un cuestionamiento: ambos sectores consideran que las decisiones gubernamentales no fueron suficientemente consensuadas y advierten con nuevas movilizaciones si no se atienden sus pedidos.
Magisterio amenaza con paro indefinido y bloqueos
El Magisterio Urbano cumple este martes 10 de noviembre su segundo día de paro nacional de 48 horas. La dirigencia advirtió que las medidas podrían endurecerse con una huelga de 72 horas, bloqueos de carreteras e incluso un paro indefinido si el Gobierno no responde a sus demandas.
La ejecutiva nacional del sector, Shirley Bonilla, señaló que una conferencia nacional dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia una paralización indefinida con cierre de carreteras.
El principal motivo de la protesta es el rechazo a la propuesta gubernamental de transferir a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos y tecnológicos. Los docentes consideran que los gobiernos departamentales no cuentan con recursos suficientes para asumir esa responsabilidad y temen que la medida termine debilitando la educación pública.
A esta demanda se suman otras reivindicaciones laborales y presupuestarias:
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Incremento salarial acorde con la canasta familiar.
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Jubilación con el 100% de los aportes.
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Mayor presupuesto para el sistema educativo.
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Creación de más ítems docentes.
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Garantías para mantener la educación pública y gratuita.
La dirigencia sostiene que la descentralización administrativa podría afectar el funcionamiento de los institutos y reclama que cualquier modificación sea discutida con los trabajadores del sector.
Santa Cruz reporta más huelguistas y prepara nuevas medidas
En Santa Cruz, el conflicto también se intensifica. El secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Lorenzo Chávez, anunció que se busca incorporar a un huelguista de hambre por colegio.
Según las declaraciones de la dirigencia, la huelga de hambre a escala nacional se aproxima a los 200 participantes. El sector también evalúa nuevas medidas, entre ellas un paro de 72 horas y bloqueos.
La finalización del paro nacional de 48 horas este martes será un momento clave para conocer la siguiente decisión de los maestros. La dirigencia deberá definir si mantiene las medidas actuales o convoca a una paralización de mayor duración.
Por su parte, el ministro de Educación, Ricardo Sanjinés, rechazó que la transferencia de los institutos técnicos implique una privatización. Aseguró que la educación continuará siendo pública y gratuita y manifestó su disposición a instalar una mesa de diálogo.
El Gobierno también mantiene la advertencia de aplicar descuentos salariales a los maestros que no trabajen durante las jornadas de paro.
Fencomin y cooperativistas de Potosí exigen frenar el Código Minero
El segundo frente de conflicto está protagonizado por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Potosí (Fedecomín).
Ambas organizaciones se declararon el lunes 9 de noviembre en estado de lucha y emergencia y exigieron al presidente Rodrigo Paz detener la socialización del anteproyecto del nuevo Código Minero.
El presidente de Fencomin, Josué Caricari, denunció que la propuesta fue elaborada “entre cuatro paredes” y cuestionó que su sector no haya participado de manera suficiente en las decisiones sobre una normativa que afectaría directamente a las cooperativas.
Los dirigentes plantearon tres exigencias concretas al Ejecutivo:
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Suspender la socialización del anteproyecto del nuevo Código Minero.
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Convocar a los tres sectores de la minería: cooperativistas, asalariados y privados.
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Destituir al ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca.
El reclamo no se limita al contenido de la futura normativa. Los cooperativistas también cuestionan el procedimiento utilizado para elaborarla y exigen participar en las discusiones antes de que avance su aprobación.
Cooperativistas temen que el nuevo Código afecte su funcionamiento
Uno de los cuestionamientos más delicados está relacionado con la posibilidad de que algunas disposiciones del anteproyecto puedan derivar en la disolución de cooperativas.
El dirigente de Fedecomín Potosí, Óscar Chavarría, expresó esa preocupación y advirtió sobre las posibles consecuencias de la propuesta para el sector.
Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado públicamente el artículo específico que produciría ese efecto. Por ello, la advertencia debe entenderse como una preocupación expresada por los dirigentes y no como una consecuencia jurídica demostrada.
Los cooperativistas anunciaron una marcha de protesta en Potosí para este martes 10 de noviembre, desde las 08:00. También decidieron no participar en el desfile cívico por la efeméride departamental.
Las organizaciones esperan que el Gobierno suspenda la socialización y convoque a una discusión con representación de todos los actores de la minería.
El Gobierno defiende el proceso de elaboración del Código Minero
La posición del Ministerio de Minería es diferente. La cartera sostiene que el proceso de elaboración del anteproyecto comenzó con encuentros sectoriales y una Cumbre Nacional Minera.
En septiembre, el Ministerio informó sobre la conformación de una mesa técnica con representantes de distintos actores para trabajar en la redacción de la propuesta.
Entre los objetivos oficiales del nuevo Código Minero figuran la seguridad jurídica, la digitalización de procedimientos, los contratos diferenciados, la protección ambiental y una nueva estructura institucional para el sector.
La diferencia entre ambas posiciones está en la valoración del proceso de participación. Mientras el Gobierno sostiene que hubo encuentros y espacios técnicos, Fencomin y Fedecomín consideran que su representación fue insuficiente y exigen que la discusión se detenga hasta garantizar una convocatoria más amplia.
El desacuerdo muestra que el conflicto no gira únicamente alrededor de los artículos del anteproyecto, sino también sobre quiénes participaron en su elaboración y qué sectores tendrán voz en las decisiones.
Dos conflictos que pueden complicar la agenda del Gobierno
Las protestas del Magisterio Urbano y de los cooperativistas mineros abren dos escenarios de presión para el Ejecutivo durante las próximas 48 horas.
En el sector educativo, la conclusión del paro de 48 horas marcará el momento para definir si se convoca a una medida de 72 horas, un paro indefinido o bloqueos de carreteras. La continuidad del conflicto dependerá de la respuesta del Ministerio de Educación y de la posibilidad de instalar una negociación.
En el sector minero, la marcha anunciada en Potosí puede convertirse en el inicio de nuevas movilizaciones si el Gobierno no suspende la socialización del Código Minero y no atiende el pedido de participación de los tres sectores.
El Ejecutivo tendrá que decidir si mantiene sus propuestas o abre espacios de negociación para evitar que las protestas se amplíen.
Aunque los reclamos tienen orígenes distintos, ambos conflictos reflejan una dificultad para construir acuerdos con sectores organizados que exigen participar en decisiones que afectan directamente sus actividades.
La amenaza de un paro indefinido de maestros y el estado de emergencia de los cooperativistas mineros colocan al Gobierno de Rodrigo Paz ante una nueva prueba de diálogo y capacidad de negociación. Si no se encuentran salidas en los próximos días, Bolivia podría enfrentar una escalada de medidas de presión en dos sectores estratégicos para la educación y la economía.
