La autoridad jurisdiccional rechazó la excepción de extinción de la acción penal por prescripción presentada por la defensa del expresidente Luis Arce Catacora dentro del caso FONDIOC, decisión que mantiene vigente el proceso penal en su contra. El equipo legal anunció que interpuso un recurso de apelación incidental y no descarta acudir a instancias internacionales de protección de derechos humanos.
En un comunicado difundido este martes, la defensa sostuvo que el hecho atribuido al exmandatario se remonta al 23 de noviembre de 2009, cuando participó en una reunión del Directorio del entonces Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (FONDIOC), por lo que considera que el plazo máximo de ocho años establecido por ley para la prescripción de la acción penal se encuentra vencido.
Uno de los principales cuestionamientos del equipo jurídico apunta al monto considerado para sustentar la imprescriptibilidad del caso. Según explicó, la autoridad jurisdiccional tomó como referencia la cifra de Bs 327.910.243 consignada en la imputación formal de la Fiscalía, correspondiente a la sumatoria de las transferencias realizadas por el FONDIOC a ocho organizaciones sociales durante las gestiones 2010 y 2011.
La defensa sostiene que dicho monto no corresponde al único proyecto respaldado por la auditoría operativa que fundamenta la imputación, denominado “Proyecto Tomates”, cuyo desembolso habría alcanzado Bs 669.876,46. Asimismo, afirmó que el juez rechazó valorar la documentación presentada por la defensa al considerarla ilegible.
Cuestionan el monto del daño económico
El equipo legal señaló que la propia imputación formal reconoce que los Bs 327.910.243 son asumidos “de forma provisional” como el daño económico total atribuido al caso. Ese monto incluye recursos transferidos a la CSUTCB, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, el CONAMAQ, la CIDOB, la APG, la CPEM-B y la CPESC.
Según la defensa, incorporar la totalidad de esos desembolsos en un mismo proceso constituye una “inflación artificial” del daño económico con el propósito de evitar la prescripción de la acción penal.
Denuncian fragmentación procesal
Otro de los argumentos expuestos por los abogados del expresidente es la existencia de una presunta fragmentación procesal. El comunicado señala que proyectos como el denominado “Proyecto Miel”, además del “Proyecto Tomates”, ya se encuentran incluidos matemáticamente dentro del monto global atribuido en la imputación formal y, al mismo tiempo, son objeto de procesos independientes.
En ese sentido, la defensa considera que esta situación vulneraría el principio constitucional del non bis in idem, al sostener que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico en los procesos abiertos.
Asimismo, cuestionó que se atribuya a Luis Arce la responsabilidad sobre la totalidad de los recursos desembolsados por el FONDIOC durante las gestiones 2010 y 2011, al señalar que diversos proyectos financiados durante ese periodo sí fueron ejecutados y cumplieron sus objetivos.
